CASTILLO S.A. c/ SOTELO JUAN FRANCISCO Y HERRERA DE ROJAS MARTINA Y/O SUS HEREDEROS s/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA

¿Quién es el actor?

Castillo S.A. (firma actora).

¿A quién se demanda?

Juan Francisco Sotelo y Herrera de Rojas Martina y/o sus herederos (ausentes representados por la Defensoría Oficial Civil, Comercial y del Trabajo de la IIª Nominación).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Acción por prescripción adquisitiva para adquirir el dominio de dos inmuebles (Padrón N° 87.558 y Padrón N° 87.255) ubicados en El Mollar/Pozo Hondo, Dpto. Leales; demanda promovida el 01/09/2015.

¿Qué se resolvió?

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por la actora contra la sentencia de la Cámara (31/07/2023) que confirmó la sentencia de primera instancia (04/06/2021) que rechazó la acción por prescripción adquisitiva; costas a la actora por su recurso casatorio. Reserva sobre regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripción de párrafos relevantes del fallo (citas textuales del tribunal):

"En efecto, las pruebas producidas acreditan, en el mejor de los casos y solamente respecto de una porción del inmueble a usucapir -identificado con el Padrón N° 87.558-, la posesión actual del usucapiente -o a lo sumo por un lapso menor al requerido-, pero no así la de los cesionarios particulares que le precedieron".

"El informe pericial llevado a cabo por el Ing. Enrique Elías Di Luca, cuya ponderación enfatiza la recurrente, da cuenta únicamente de que la propiedad en cuestión se encuentra parcialmente desmontada, indicando que se encuentran sembradas con trigo en 2 fracciones, una de mayor extensión que fue desmontada entre los años 2.005 y 2.010 (cf. imágenes satelitales que adjunta) y otra porción más pequeña que tiene forma triangular hacia el este desmontada luego del 2.010. Sin embargo, no existen elementos en la causa que indiquen de manera suficiente que la explotación agrícola es llevada a cabo por la usucapiente o lo fuera por alguno de sus antecesores, ni tampoco surge que el alambrado perimetral cuente con la antigüedad suficiente como para tener por cumplido el plazo de ley, puesto que el perito estima que su instalación dataría entre 10 y 15 años, aclarando luego -a petición de la actora- que ello es a la fecha de la demanda (año 2015)".

"Surge de modo incontrovertible que la actora no ha probado suficientemente el plazo legal para prescribir."

Sobre admisibilidad de casación y alcance del control:

"De una lectura del recurso casatorio en análisis se advierte fácilmente que se trata en definitiva de una cuestión fáctica -y por ende, ajena-; y que en la especie no se demuestra error de derecho o arbitrariedad en el fallo en embate... La casación no es una tercera instancia y no está en la esfera de sus poderes valorar la prueba, ni juzgar los motivos que formaron la convicción de la Cámara porque este recurso se concede solamente contra la sentencia cuya injusticia provenga de un error de derecho, excluyendo el error de la determinación de las circunstancias de hecho del caso sometido a juicio."

¿Cómo votaron los jueces?

No hubo votos en disidencia; los tres Vocales votaron en idéntico sentido.