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Tribunal Superior

HEREDEROS DE PAEZ VILLALBA LUIS OSVALDO c/ MUTUALIDAD PROVINCIAL DE TUCUMAN s/ COBROS

Los herederos de Luis Osvaldo Páez Villalba demandaron a la Mutualidad Provincial de Tucumán por haberes adeudados, SAC e indemnización del art. 212 LCT por accidente laboral; la Cámara de Trabajo los condenó a pagar $94.036,56. La Corte casó parcialmente la sentencia por defectos de fundamentación en el tratamiento de la prescripción y de la validez de la carta documento respecto de la indemnización del art. 212 LCT, pero confirmó el resto, y confirmó la aplicación de la tasa activa para intereses.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala Laboral y Contencioso Administrativo (TUCUMAN)
Fuero
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala Laboral y Contencioso Administrativo
Jurisdicción
Local · Tucuman
Expediente
52221
Casacion Prescripcion Carta documento Art. 212 lct Relacion laboral Prueba testimonial Tasa de interes (tasa activa) Arbitrariedad / falta de fundamentacion Monto condenado $94.036 56 Remision a camara Observaciones breves: montos y fechas relevantes integrados en el resumen: condena por $94.036 Demanda presentada 24/08/1994 Accidente ocurrido el 04/02/1992 Carta documento de fecha 26/05/1994 Sentencia de camara 27/03/2013 Sentencia de casacion 18/05/2018.

¿Quién es el actor?

Luis Osvaldo Páez Villalba (hoy sus herederos: Esther Gladys Zigarán; Liliana Esther Páez Zigarán de Rojas Paz; María Angélica Páez Zigarán de Caro; José Luis Páez Zigarán).

¿A quién se demanda?

Mutualidad Provincial Tucumán.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Pago de haberes de mayo-diciembre 1992, enero-febrero 1993, SAC año 1992, e indemnización del art. 212 (4º párr.) LCT por incapacidad derivada de accidente cerebrovascular; total condenado en primera instancia: $94.036,56.

¿Qué se resolvió?

La Corte hizo lugar parcialmente al recurso de casación deducido por la demandada, casó parcialmente la sentencia de la Cámara (sent. Nº 62 del 27/03/2013) dejando sin efecto las condenas relativas a la indemnización prevista en el art. 212 4º párrafo LCT (y lo relativo a la excepción de prescripción, costas y honorarios en cuanto a ese rubro), y remitió los autos a la Cámara para nuevo pronunciamiento en lo pertinente. Confirmó la parte que declaró la existencia de la relación laboral y la condena de haberes por los periodos reclamados; rechazó el agravio en cuanto a la valoración testimonial y la aplicación de la tasa activa.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

(a) Sobre la carta documento y la prescripción (texto tomado de la sentencia):

"En el caso, la circunstancia de que la parte actora hubiera acompañado con la demanda el original de la CD del 26/9/1994 (sin su acuse de recibo, cfr. fs. 12 vta), no la relevaba de la carga procesal de acreditar, mediante el correspondiente informe del correo oficial, si la referida CD fue efectivamente entregada a la demandada, o en su defecto, los motivos por los cuales fue devuelta al remitente, con indicación de las fechas de los alegados avisos de visita y de devolución al remitente. Ello, atento a la negativa de su autenticidad y recepción expresada por la parte demandada a fs 36. y a las consideraciones arriba expresadas; toda vez que, si bien la circunstancia de obrar el instrumento mencionado en poder de la parte actora indicaría que se habría seguido el procedimiento previsto por la norma arriba citada y demás reglamentación de la empresa de correos, ello no fue acreditado de modo fehaciente en estos autos."

(b) Sobre el cómputo de la prescripción y su suspensión por interpelación:

"De las opiniones reseñadas anteriormente, se desprende que es infundado y por ende descalificable, el razonamiento sentencial que concluye que el curso de la prescripción de los rubros reclamados por el actor se suspendió por un año por interpelación al deudor (art. 3986 CCiv.) ya que la actora no acreditó que la CD del 26/5/1994 haya sido recibida por la demandada (quien negó haberla recibido). Lo considerado tiene decisiva importancia para el reclamo de la indemnización prevista en el art. 212 4° párrafo LCT, pues de no mediar dicha suspensión, ese crédito se encontraría alcanzado por la prescripción."

(c) Sobre la fundamentación y arbitrariedad:

"Por lo analizado anteriormente, se aprecia que la sentencia de Cámara incumplió con el deber de fundamentación que le impone el art. 30 de la Constitución de la Provincia de Tucumán y arts. 40, 264 y 265, inc. 4 del CPCCT. Tal déficit determina su descalificación como acto jurisdiccional a la luz de la doctrina de esta Corte en materia de arbitrariedad de sentencia, por lo que corresponde invalidar la decisión en recurso. En mérito a lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la parte demandada y casar la sentencia recurrida, dejándola parcialmente sin efecto con al alcance indicado..."

(d) Sobre la relación laboral y valoración testimonial (resumen y cita):

La Corte mantuvo que la Cámara valoró razonablemente el testimonio del Dr. Medina García y la documentación correlacionada para establecer la relación de dependencia: "Como se advierte, la parte recurrente no logra demostrar que la apreciación de la prueba testimonial producida en la causa sea arbitraria. Contrariamente la misma ha tramitado y ha sido valorada sin transgredir las formas ni las facultades que tiene el tribunal de grado."

(e) Sobre tasa de interés:

La Sala sostuvo y confirmó la validez de aplicar la tasa activa del Banco Nación para el cálculo de intereses en la sentencia impugnada y, además, dejó sin efecto la doctrina previa que imponía tasa pasiva como regla única, justificando la determinación en la función resarcitoria y en la función nomofiláctica de la casación provincial. (Citas en el cuerpo del voto sobre la conveniencia de aplicar la tasa activa y la facultad de la Corte provincial de uniformar la jurisprudencia.)

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