GARAY HUGO GUILLERMO Y RODRIGUEZ OSCAR ALBERTO c/ SOCIEDAD COOPERADORA ESCUELA DE POLICIA GENERAL SAN MARTIN Y OTRO s/ COBRO DE PESOS
Los actores reclamaron indemnizaciones por despido y nulidad de renuncias que atribuyeron a coacción y fraude; además solicitaron extender responsabilidad al presidente de la cooperadora. La Corte rechazó el recurso de casación y confirmó la valoración de la Cámara: las renuncias cumplían las formalidades del art. 240 LCT, no se probó coacción ni fraude y no corresponde extender responsabilidad al presidente.
¿Quién es el actor?
Hugo Guillermo Garay y Oscar Alberto Rodríguez.
¿A quién se demanda?
Sociedad Cooperadora Escuela de Policía General José de San Martín; demanda también dirigida contra Luis Roberto Marañon (presidente) por extensión de responsabilidad.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Nulidad de renuncias por vicio de la voluntad (coacción, fraude) y pago de indemnizaciones laborales por extinción de la relación laboral; extensión de responsabilidad al presidente de la cooperadora.
¿Qué se resolvió?
La Corte rechazó el recurso de casación interpuesto por los actores contra la sentencia de fecha 27/7/2017 de la Cámara de Apelación del Trabajo Sala III, que había admitido parcialmente la demanda contra la cooperadora condenándola al pago de sumas por art. 80 LCT a los actores y, en lo sustancial, declaró que la relación se extinguió por renuncia válida del 01/04/2011; además la Cámara hizo lugar a la excepción de falta de acción frente a la demanda contra Luis Roberto Marañon, absolviéndolo.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Transcripción de los párrafos más relevantes del fallo (texto original):
"De las constancias de autos surge acreditado que los actores presentaron renuncia en los términos del art. 240 LCT, con las formalidades de ley. En su escrito de demanda denuncia coacción de la empleadora para que ello ocurra, mas ningún elemento probatorio se ha producido a los fines de justificar tal afirmación (…). Asimismo se advierte que las renuncias efectuadas en fechas 13.04.2011 y 18.04.2011 retroactivas al 01.04.2011 tienen su razón de ser que a esa fecha ya estaban trabajando los actores para la legislatura conforme informe mencionado ut supra. Ello descarta automáticamente que pudiera haber habida algún tipo de retractación tácita, dado que el vínculo se extinguió y los actores continuaron su relación con otro empleador y ningún vínculo unió a los actores con la demandada con posterioridad a la renuncia. Concluida la relación laboral con la Legislatura el 31.03.2012, en fechas 29.10 2012 y 07.11.2012 los actores solicitan el pago de indemnización como consecuencia de la extinción laboral producida el 01.04.2011, la cual luce extemporánea e infundada, ya que a más de haber transcurrido aproximadamente un año y medio de la renuncia, y que cualquier planteo de nulidad resultaría fuera de término, ni siquiera fue invocado vicio alguno por los actores en sus telegramas, quienes se limitaron a solicitar una indemnización que carece de sustento legal, sino recién en fecha 30.11.2012 (fs. 6), igualmente en forma extemporánea, y habiéndose consentido la situación ya que no se advierte circunstancia alguna que pudiere haber diferido la obligación de los accionados al momento de efectuada la renuncia, no estando ella supeditada a condición alguna."
"En las concretas circunstancias de la causa, la Cámara fundadamente concluyó en la ausencia total de pruebas respecto de la alegada 'simulación fraudulenta', de una 'maniobra coactiva' y de 'amenazas' de parte de los directivos de la entidad demandada, lo que resulta dirimente para sellar la suerte negativa del recurso."
"Atento lo hasta aquí considerado, esto es, la improcedencia del planteo referido a la existencia de intimidación, amenaza o engaño susceptibles de viciar la voluntad expresada en la comunicación de sus respectivas renuncias, el agravio dirigido a cuestionar la procedencia de la defensa de falta de acción deducida por Luis Roberto Marañon deviene de inoficioso tratamiento."
¿Cómo votaron los jueces?
El voto del Dr. René M. Goane adhirió al fallo pero aclaró que la ponderación de la valoración fáctica por este Tribunal constituye cuestión de derecho propia de la casación; no hubo voto salvado que altere el dispositivo.
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Leyes que cita
- Ley 20.744Ley de contrato de trabajo
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