TENSOLITE S.A. c/ PROVINCIA DE TUCUMAN s/ INCONSTITUCIONALIDAD Y REPETICION DE PAGO
Tensolite S.A. impugnó la validez de normas provinciales y reclamó repetición de pago contra la Provincia de Tucumán. La Corte Suprema provincial rechazó el recurso de casación presentado por la Provincia y confirmó la vigencia del pronunciamiento anterior, con remisión al dictamen fiscal del 21/03/2024.
¿Quién es el actor?
Tensolite S.A.
¿A quién se demanda?
Provincia de Tucumán
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Inconstitucionalidad de normas provinciales (leyes 8.460 y 8.467) y repetición de pago; impugnación del Decreto N° 1.961/3 en el marco de la controversia fiscal.
¿Qué se resolvió?
La Corte rechazó el recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la Sentencia Nº 1.168 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de fecha 24/11/2023; ordenó que se protocolice el dictamen fiscal del 21/03/2024 y puso las costas a cargo de la recurrente en esta instancia.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Transcripción de los párrafos más relevantes de la sentencia (texto original):
"Que, como bien se señala en el fallo objeto de recurso, la cuestión relativa a la validez de las leyes 8.460 y 8.467 ha quedado zanjada en un sentido favorable a la razón social actora mediante Sentencia N° 649 del 29/5/2017, dictada en la causa “Tensolite S.A. vs. Provincia de Tucumán s/ Inconstitucionalidad” (Expte. N° 284/09), la que se encuentra ejecutoriada y firme (en su resolución de fecha 11/9/2018, la CSJN desestimó por inadmisible el recurso extraordinario federal).
Que en dicho acto jurisdiccional se reputaron improcedentes los mismos agravios que aquí también formula la quejosa, al sostener que la mentada normativa provincial que invoca la demandada en nada afecta a la conclusión de que el Decreto N° 1.961/3 resulta inconstitucional “por apartarse de la política legislativa prevista por el legislador al delegar, que no es otra que la consecución de los propósitos y objetivos del Pacto Fiscal vinculados a la exención progresiva del impuesto”. En este sentido, luego de señalar que “aun cuando la ley local no se torna inconstitucional por el hecho de establecer disposiciones contrarias a una ley convenio referida a la distribución de recursos entre el Estado nacional y los estados provinciales, la jerarquía superior a las leyes locales, derivada del carácter contractual y de arreglo de múltiples voluntades interjurisdiccionales, que tiene el Pacto Fiscal conduce a que no pueda válidamente adoptarse disposiciones de modo unilateral en contra de los compromisos allí asumidos”, se juzgó que “resultan inválidas las disposiciones contenidas en los artículos 6, 7 y 58 de la ley 8.467, como así también la del artículo 1 de la ley 8.460, en la medida que implican introducir regulaciones contrarias al Pacto Fiscal”."
"“En orden de ideas se ha explicado: ‘La cosa juzgada en sentido sustancial contiene en sí misma la preclusión de cualquier cuestión futura, pues tiende a desarrollar sus efectos también fuera del mismo proceso, porque el bien reconocido por la sentencia debe valer precisamente como tal fuera del proceso. Su obligatoriedad se proyecta a futuros procesos, en los cuales no le es admitido al juez desconocer o disminuir de cualquier modo el bien reconocido en una sentencia precedente […]. La protección del derecho antes declarada impide el doble juzgamiento sobre cuestiones que ya fueron materia de decisión. […]. Resulta de primordial interés que una cuestión ya fallada no sea objeto de nueva decisión, y su observancia ha sido calificada como de jerarquía constitucional. Por ende, al ser advertida por el juez corresponde su declaración, pues no pueden acogerse demandas dirigidas en cualquier modo a quitar o disminuir a otros derechos amparados por una sentencia firme. Ésta, en tanto norma jurídica individual, ha definido ya la situación de las partes sobre la materia sometida a decisión, y ello hace no sólo a las formas sino al asiento certero de los derechos subjetivos’ (CSJT: 12/6/1996, ‘Nofal Dardo Oscar vs. Concepción Amaya Vda. de Díaz y otros s/ Escrituración’, Sentencia Nº 420; y 09/5/2006, ‘Brovia, Carlos Alfredo vs. Sergio Tata y Víctor Daniel González s/ Daños y perjuicios’, Sentencia Nº 382)” (CSJT, 18/11/2022, “Atanor S.A. vs. Provincia de Tucumán s/ Repetición de pago [Ordinario]”, Sentencia N° 1.440)."
¿Cómo votaron los jueces?
La Dra. Eleonora Rodríguez Campos pronunció el voto principal que fundamenta el rechazo por cosa juzgada y la Dra. Claudia B. Sbdar adhirió al voto salvo el cuarto párrafo del punto II (mención puntual sobre el estado de cosa juzgada); el Dr. Daniel Leiva votó en idéntico sentido al de la Dra. Sbdar. No existe una mayoría que rompa con el bloque dispositivo final: la decisión colectiva rechazó el recurso.
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