PAZ RUFINO EDMUNDO c/ CAJA POPULAR DE AHORROS s/ COBRO DE PESOS

¿Quién es el actor?

Paz, Rufino Edmundo (DNI 12.658.913).

¿A quién se demanda?

Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán (aseguradora).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cobro del seguro por invalidez total y permanente previsto en la póliza (acción de cobro de pesos).

¿Qué se resolvió?

No hacer lugar al recurso de apelación deducido por la demandada; se confirma la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda y condenó a la demandada a abonar la suma indemnizatoria prevista por la póliza, con costas de la instancia y regulación de honorarios oportunamente.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El principio que reina en la materia es la vigencia de la cobertura, quien pretende liberarse de su obligación es quien debe justificar las razones de la exclusión.

Se ha probado en autos la existencia del contrato de seguro, estando a cargo de la demandada – aseguradora - la prueba de la exclusión de cobertura que alegara en su responde. Los presupuestos de admisibilidad de la caducidad convencional por inobservancia de cargas como las que sostiene la aseguradora que existen en autos requieren para su consideración ser probadas.

Ahora bien, el onus probandi referente a la concurrencia de los presupuestos de admisibilidad está a cargo de la empresa aseguradora, pues se trata de excluir la cobertura que comprometió; porque se trata de la inobservancia de un hecho impeditivo o extintivo del derecho del asegurado. Es el asegurador quien debe demostrar la culpa o negligencia del asegurado en la inobservancia de la carga, y la relación causal entre el acto culposo o negligente y el acaecimiento del siniestro o la extensión de la agravación de la obligación del asegurador. Y esto es así porque, de lo contrario, se caería en una automaticidad inaceptable de la caducidad convencional, de suerte tal que, entonces, la carga probatoria se pone en cabeza de la empresa aseguradora que invoca la caducidad por las consecuencias que ella apareja, y porque de no ser así se podría consagrar un enriquecimiento injusto a expensas del asegurado (conf. CNCom. Sala A, 29/9/95, "Diseños Puntanos c. Comercio Español y Argentino Cía. de Seg.", ED, 167-500)."

"Si bien del informe médico sobre incapacidad emitido por el Dr. Enrique Antonio Mártinez (obrante a fs.50), surge que el precitado profesional identificó como fecha de comienzo de la enfermedad invalidante al día 13/02/13 (fecha del dictamen de la comisión médica –ver fs.51/52), prueba que también fue traída a juicio por la actora; de las constancias de autos se desprende de manera indubidable que en esa fecha no se produjo la enfermedad invalidante, por tratarse de una afección de evolución lenta, prolongada y crónica, como fuera calificada por el propio médico tratante de la demandada, y que por sus características (síndrome orgánico cerebral grado II, H.T.A. II, D.B.T., hipoacusia) nunca pudo manifestarse de un día para otro, menos aún a la fecha del dictamen de la comisión médica de la Superintendencia del Riesgo del Trabajo que determina el porcentaje de invalidez que sufre el actor.

Incluso del mencionado dictamen de fs.51 se desprende: a) Que la fecha de solicitud de dicha junta fue el 19/11/12 (por lo que a dicha fecha la incapacidad ya se había manifestado), ... c) Que la comisión concluyo que la solicitud de beneficio formulada y considerando la historia clínica, el examen físico, las constancias y los estudios obrantes en el expediente, la comisión médica actuante dictamina que el sr. Paz, Rufino Edmundo, DNI 12689913 presenta un porcentaje del 68/,61 de incapacidad laboral ... Hechos todos que vienen a corroborar que la incapacidad del actor se produjo con anterioridad a la fecha señalada por la asegurado.

La experiencia común (art.33 del CPCC) indica que este tipo de afecciones no surgen de un dia para el otro y que como bien los señala el médico tratante son de lento y prolongada evolución.

Lo que me lleva a concluir, coincidiendo con el a quo, que la enfermedad invalidante se originó durante el periodo de vigencia de la cobertura. Conclusión esta que no fue desvirtuada por el apelante, quién no acompaño ni ofreció prueba idónea para desvirtuar las constancias de autos, como hubiera sido una pericial medica que establezca a ciencia cierta la fecha de comienzo del padecimiento.

Por las razones desarrolladas, juzgo que la sentencia apelada se encuentra ajustada a derecho, motivo por el cual propicio el rechazo del recurso de apelación promovido por la parte demandada, con costas a su cargo por haber sido derrotada (artículo 107, CPCyC)."

¿Cómo votaron los jueces?

La sentencia fue acordada por mayoría (dos votos coincidentes: Dres. María Dolores Leone Cervera y Benjamín Moisá). No existen votos en disidencia relevantes consignados.