BOURNONVILLE MIGUEL ALFREDO c/ PROVINCIA DE TUCUMAN s/ INCONSTITUCIONALIDAD S/INCIDENTE REGULACION DE HONORARIOS

¿Quién es el actor?

Letrado Gustavo D. Navarro Muruaga (por derecho propio).

¿A quién se demanda?

Provincia de Tucumán (representada por Fiscalía de Estado).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se impugna la aplicación de la Ley Provincial Nº 8851 y su Decreto Reglamentario Nº 1583/1, solicitando que se declare su inconstitucionalidad respecto del caso para permitir la ejecución y pago de honorarios profesionales reconocidos por sentencia firme (honorarios regulados por Sent. Nº 365 del 27/05/2015 por $187.000 y ejecución seguida por Sent. de trance y remate Nº 555 del 01/08/2016).

¿Qué se resolvió?

La Sala hizo lugar al planteo y declaró la inconstitucionalidad de la Ley Nº 8851 y del Decreto Nº 1583/1 en lo que respecta al caso, dispuso costas "como se consideran" y reservó pronunciamiento sobre honorarios para ulterior oportunidad.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El crédito del letrado obtenido por sentencia judicial firme y con autoridad de cosa juzgada, es -conforme a las precisiones establecidas por el art. 541 del Código Civil y Comercial- ciertamente de carácter alimentario pues es fruto civil de la profesión y constituye el medio con el cual los profesionales satisfacen las necesidades vitales propias y de su familia. Los honorarios revisten carácter alimentario, en la medida que el abogado hace de su profesión el modo de vivir y se convierte en un ingreso vital que asegura su subsistencia y la de su familia, a la vez que posibilita su desenvolvimiento humano, económico, intelectual y profesional."

"Así, no es posible concebir válidamente al régimen de inembargabilidad como un privilegio eterno y absoluto desprovisto de límites razonables en cuanto a su vigencia o duración proporcionado en el tiempo y en cuanto a su contenido intrínseco de alcance omnicomprensivo, hermético e indiferente desconectado de las variadas circunstancias reales de cada acreedor."

"En suma, ... la imposición maquinal e indiferenciada de la regla del mecanismo presupuestario y la rigidez del sistema instituido por la ley 8851 ha dejado de significar aquí una espera razonable para trocarse en una lesiva alteración del derecho reconocido como una propiedad alimentaria suya por una sentencia firme en este proceso (art. 17 Const. Nac.)."

Adicionalmente, el Tribunal fundó su decisión en la tutela de la efectividad de las sentencias y en estándares constitucionales y convencionales (C.N., C. Prov., tratados con jerarquía constitucional y jurisprudencia constitucional y de la Corte IDH) que exigen que la ejecución de condenas contra el Estado sea "completa", "integral", "rápida" y "sin demoras", y en precedentes locales que habían adoptado criterio similar (Sent. n°1680/2017 de la CSJT citada).

(No se consignan votos en disidencia en el texto proporcionado; el pronunciamiento final del acuerdo es el transcripto en la parte resolutiva.)