DELGADO SERGIO EUGENIO Y OTROS c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ DIFERENCIAS SALARIALES

¿Quién es el actor?

Sergio Eugenio Delgado y otros (parte actora original); interés procesal principal representado por el letrado Carlos Santiago Caramuti como ejecutante de honorarios.

¿A quién se demanda?

Gobierno de la Provincia de Tucumán (parte recurrida).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

ejecución de liquidación de honorarios y declaración de inaplicabilidad/inconstitucionalidad de la Ley Nº 8.851 (régimen de inembargabilidad de fondos públicos) respecto de la ejecución de honorarios reconocida al letrado Caramuti.

¿Qué se resolvió?

La Corte declaró inadmisible (y por ende mal concedido) el recurso de casación interpuesto por la demandada contra la sentencia de la Cámara que, entre otros puntos, declaró inaplicables las disposiciones de la Ley Nº 8.851 respecto del caso del letrado Caramuti. Se impusieron costas a la recurrente y se reservó pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"A la luz de los precedentes citados, se advierte que, en cuanto al cumplimiento del recaudo de definitividad establecido en el art. 748 CPCyC, el acto judicial impugnado no constituye una sentencia definitiva ni se equipara a tal, en la medida que la sentencia que declara inaplicable la Ley Nº 8851 (punto II resolutivo de la sentencia N° 371 del 23/5/2017, que, como se dijo, es lo único impugnado por el recurso de casación en examen) no pone fin al juicio de ejecución ni impide su continuación, por lo que el requisito de definitividad, como propio y autónomo del recurso de casación, no se encuentra cumplido en el sub lite, sin que la invocación de la doctrina de la arbitrariedad tenga entidad para soslayar dicha exigencia, según lo tiene dicho de manera reiterada este Superior Tribunal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Del mismo modo, tampoco se configura el excepcional supuesto de gravedad institucional -que suple tal ausencia de definitividad y legitima la intervención de esta Corte- en tanto la cuestión discutida, atendiendo a la peculiaridad o particularidad del caso, en la medida que en el sub iudice no se encuentra comprometido el buen orden y recta administración de justicia y, por ende, no se verifica incidencia del tópico sobre la comunidad y la buena marcha de las instituciones.

Ello así por cuanto, y más allá de que resulte ajustado a derecho, o no, encuadrar el supuesto de autos en la excepción contemplada en el artículo 9, in fine, de la Ley Nº 8.851 (como lo hace el fallo en crisis en una segunda línea argumental); lo cierto es que siempre queda incólume el primer fundamento, en tanto se apoya en la existencia de cosa juzgada sobre el tema en disputa. Es que si la cuestión acerca de si era posible, o no, en la especie, embargar los recursos del estado, fue decidida en sentido positivo por la Cámara, al quedar firme y pasado en autoridad de cosa juzgada, según se vio, el punto I resolutivo de la sentencia N° 371 del 23/5/2017; va de suyo que no se puede pretender válidamente volver a reeditar este asunto en el recurso de casación so pretexto de otra ley que nuevamente instaura la inembargabilidad de los fondos provinciales."

¿Cómo votaron los jueces?

Unanimidad de los tres vocales (Sbdar preopinante, Goane y Posse adhieren).