PAZ CARLOS ALBERTO Y OTRO c/ PROVINCIA DE TUCUMAN s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE REGULACION DE HONORARIOS PROMOVIDO POR LOS LETRADOS MOLINUEVO Y SASSI COLOMBRES

¿Quién es el actor?

Paz Carlos Alberto y otro.

¿A quién se demanda?

Provincia de Tucumán.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Ejecución de honorarios profesionales (incidente de regulación de honorarios y ejecución frente a la Provincia), con discusión sobre la aplicabilidad de la Ley Nº 8.851 (régimen de inembargabilidad de recursos provinciales).

¿Qué se resolvió?

Se declaró inadmisible (mal concedido) el recurso de casación interpuesto por la demandada contra la sentencia Nº 945 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo del 01/08/2017; se impusieron las costas a la recurrente y se reservó pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripción de párrafos relevantes y citas textuales del fallo (texto original):

"III.- La sentencia impugnada consideró que la Ley Nº 8.851 es inaplicable a la ejecución de honorarios seguida por María Soledad Molinuevo y Francisco Sassi Colombres (h) contra la Provincia de Tucumán porque “La cuestión aquí disputada acerca de la técnica legal de la 'inembargabilidad' ha sido dirimida recientemente por la Excma. Corte Suprema de Justicia de Tucumán en Sentencia n° 742/2017, del 12/06/17, en base a una conclusión de inaplicabilidad actual por cosa juzgada preexistente que -sin abrir juicio sobre la validez intrínseca de la nueva Ley n° 8851- corresponde hacer nuestra en los presentes autos por mediar igualdad de circunstancias o antecedentes procesales equiparables”. Agrega que “en atención a que las tres sentencias de Cámara antes aludidas (la regulatoria de honorarios, la de trance y la declarativa de inconstitucionalidad de la Ley n° 8228) no fueron impugnadas sino consentidas por la Provincia de Tucumán, es indudable que sus contenidos obligatorios quedaron firmes y adquirieron la autoridad definitiva de la cosa juzgada”.

"IV.- El recurso de casación de la demandada ha sido interpuesto dentro del término previsto en el art. 751 del CPCyC, invoca infracción de normas de derecho y arbitrariedad de sentencia y se ha dado cumplimiento con el requisito del depósito (cfr. arts. 750/752 del CPCyC, de aplicación por remisión del art. 79 CPA).

En cuanto al cumplimiento del recaudo de definitividad establecido en el art. 748 del CPCCT, se advierte que el acto judicial impugnado no constituye una sentencia definitiva ni se equipara a tal, en la medida que la sentencia que declara la inaplicabilidad de la Ley 8851 al caso no pone fin al juicio de ejecución ni impide su continuación (en el mismo sentido CSJT, “Freidenberg, Alicia Beatriz vs. Provincia de Tucumán s/ Daños y perjuicios. Recurso de queja por casación denegada deducido por la parte demandada”, sentencia N° 1246 del 30/8/2017), por lo que el requisito de definitividad, como propio y autónomo del recurso de casación, no se encuentra cumplido en el sub lite, sin que la invocación de la doctrina de la arbitrariedad tenga entidad para soslayar dicha exigencia, según lo tiene dicho de manera reiterada este Superior Tribunal y la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Del mismo modo, tampoco se configura el excepcional supuesto de gravedad institucional -que suple tal ausencia de definitividad y legitima la intervención de esta Corte- en tanto la cuestión discutida, atendiendo a la peculiaridad o particularidad del caso, en la medida que en el sub iudice no se encuentra comprometido el buen orden y recta administración de justicia y, por ende, no se verifica incidencia del tópico sobre la comunidad y la buena marcha de las instituciones.

Ello así por cuanto, y más allá de que resulte ajustado a derecho, o no, encuadrar el supuesto de autos en la excepción contemplada en el artículo 9, in fine, de la Ley Nº 8.851 (como lo hace el fallo en crisis en una primera línea argumental); lo cierto es que siempre queda incólume el segundo fundamento, en tanto se apoya en la existencia de cosa juzgada sobre el tema en disputa. Es que si la cuestión acerca de si era posible, o no, en la especie, embargar los recursos del estado, ya había sido previamente decidida en sentido positivo por el Tribunal de Grado mediante sentencia Nº 568 del 01/6/2016 (cfr. fs. 104/106) -por los argumentos allí expuestos-, al haber pasado dichos pronunciamientos en autoridad de cosa juzgada, va de suyo que no se puede pretender válidamente volver a reeditar este asunto so pretexto de otra ley que nuevamente instaura la inembargabilidad de los fondos provinciales. Tal conclusión se justifica en que esto supondría que el estado podría indefinidamente dilatar la definición del tópico de marras y la percepción de la acreencia del acreedor, habida cuenta que nada le impediría, frente a una declaración judicial de inconstitucionalidad -en el caso- de la inembargabilidad de los recursos del fisco, proceder a dictar un nuevo régimen que volviera a consagrar dicha medida de emergencia (y así sucesivamente), con lo cual el particular se vería en la permanente e ilegítima situación de tener que hacer dejar sin efecto -por parte del órgano jurisdiccional-, una y otra vez, el mentado obstáculo normativo a la viabilidad de su ejecución; lo que a todas luces se presenta inadmisible, merced a que aquella sentencia firme posee el carácter jurídico de “propiedad” en relación a su beneficiario (cfr. CSJT: sentencia Nº 742, del 12/6/2017).

Consecuentemente, el recurso es inadmisible."

¿Cómo votaron los jueces?

Unanimidad de los tres vocales (doctores Claudia Beatriz Sbdar, René Mario Goane y Daniel Oscar Posse) adhiriendo a los fundamentos de la preopinante.

Partes procesales y textos relevantes conservados: la sentencia impugnada es la Nº 945 de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo del 01/08/2017; se alude a sentencia previa Nº 568 del 01/06/2016 y a la sentencia n° 742/2017.