CERRO ERNESTO RAMON c/ PROVINCIA DE TUCUMAN Y OTROS s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - INCIDENTE DE EJECUCION DE HONORARIOS

¿Quién es el actor?

Cerro Ernesto Ramón.

¿A quién se demanda?

Provincia de Tucumán y Otros.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Incidente de Ejecución de Honorarios y la posibilidad de afectar fondos públicos pese al régimen de inembargabilidad consagrado por la Ley Nº 8851; se discutió la inaplicabilidad de dicha ley en virtud de situaciones precedentes (sentencia de trance y remate) y la ejecución de sentencia.

¿Qué se resolvió?

Se declaró inadmisible y por ende mal concedido el recurso de casación interpuesto por la Provincia contra la sentencia Nº 327/2017 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala II; se impusieron las costas de la instancia a la recurrente y se reservó regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Siendo inherente a la competencia funcional de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de esta Corte, la de revisar si el recurso ha sido correctamente concedido, la primera cuestión a examinar es la relativa a su admisibilidad.

Sobre el particular, si bien ha sido interpuesto en término (cfr. fs. 153 y 163 vta.), se invoca infracción a normas de derecho, y se dio cumplimiento con el depósito (cfr. fs. 155); no obstante ello, se advierte que el acto judicial impugnado no constituye una sentencia definitiva ni se equipara a tal, en la medida que el pronunciamiento que declara inaplicable la Ley Nº 8551, no pone fin al juicio de ejecución ni impide su continuación, por lo que el requisito de definitividad, como propio y autónomo del recurso de casación, no se encuentra cumplido en el sub lite, sin que la invocación de la doctrina de la arbitrariedad tenga entidad para soslayar dicha exigencia, según lo tiene dicho de manera reiterada este Superior Tribunal y la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Del mismo modo, tampoco se configura el excepcional supuesto de gravedad institucional -que suple tal ausencia de definitividad y legitima la intervención de esta Corte, en la medida que en el sub iudice, atendiendo a la peculiaridad o particularidad del caso, no se encuentra comprometido el buen orden y recta administración de justicia y, por ende, no se verifica incidencia del tópico sobre la comunidad y la buena marcha de las instituciones.

Ello así por cuanto, y más allá de que resulte ajustado a derecho, o no, encuadrar el supuesto de autos en la excepción contemplada en el artículo 9, in fine, de la Ley Nº 8851; lo cierto es que existen razones jurídicas de otro orden que avalan la decisión de grado, que se sustentan en la existencia de cosa juzgada sobre el tema en disputa; que vale destacarlo, fueron tenidas presente por la sentencia en crisis.

Es que si la cuestión acerca de si era posible o no, en la especie, embargar los recursos del estado, ya había sido previamente decidida en sentido positivo por el Tribunal de Grado mediante sentencia Nº 188, del 17/3/2016 (cfr. fs. 114/116 vta.) -por los argumentos allí expuestos-, al haber pasado dicho pronunciamiento en autoridad de cosa juzgada, va de suyo que no se puede pretender válidamente volver a reeditar este asunto so pretexto de otra ley que instaura una vez más la inembargabilidad de los recursos del Fisco. Tal conclusión se justifica en que esto supondría que el estado podría indefinidamente dilatar la definición del tópico de marras y la percepción de la acreencia del acreedor, habida cuenta que nada le impediría dictar sucesivamente regímenes jurídicos que consagraran la inembargabilidad de los recursos del Fisco, con lo cual el particular se vería en la permanente e ilegítima situación de tener que hacer dejar sin efecto -por parte del órgano jurisdiccional-, una y otra vez, el mentado obstáculo normativo a la viabilidad de su ejecución; lo que a todas luces se presenta inadmisible, merced a que aquella sentencia firme posee el carácter jurídico de “propiedad” en relación a su beneficiario (cfr. CSJT: sentencia Nº 742, del 12/6/2017)."

¿Cómo votaron los jueces?

voto preopinante del Dr. René Mario Goane y adhesión coincidente de las Dras. Claudia B. Sbdar y Dr. Daniel O. Posse (unanimidad en la declaración de inadmisibilidad).