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Tribunal Superior

GONZALEZ NELIÑO EDGARDO c/ CAJA POPULAR DE AHORROS DE TUCUMAN s/ ART (POULART) S/AMPARO

El actor promovió amparo laboral contra la Caja Popular de Ahorros (PopulART) solicitando cobertura por accidente de trabajo y actualización conforme Ley 26.773. La Corte admitió el recurso de casación de la demandada, casó las sentencias de Cámara y remitió los autos para nuevo pronunciamiento por aplicación de la doctrina Espósito/Bejar sobre la vigencia temporal de la Ley 26.773.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala Laboral y Contencioso Administrativo (TUCUMAN)
Fuero
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala Laboral y Contencioso Administrativo
Jurisdicción
Local · Tucuman
Expediente
52862
Casacion Amparo laboral Ley 26.773 Primera manifestacion invalidante Ripte Actualizacion indemnizaciones Accidente de trabajo Remision a camara Doctrina esposito/bejar Costas.

¿Quién es el actor?

Gonzalez Neliño Edgardo (actor).

¿A quién se demanda?

Caja Popular de Ahorros de Tucumán ART (POPULART).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Amparo laboral para obtener la cobertura por accidente de trabajo e indemnización (liquidación y actualización conforme Ley 26.773).

¿Qué se resolvió?

La Corte hizo lugar al recurso de casación interpuesto por la demandada, casó las sentencias de la Cámara del Trabajo de fecha 31/07/2017 (fs. 143/148 y 149/152 vta.) —que habían aplicado la Ley 26.773 por entender que la primera manifestación invalidante fue el dictamen de Comisión Médica del 27/08/2013— y ordenó reenviar los autos a la Cámara para nuevo pronunciamiento aplicando la doctrina sobre la vigencia temporal de la Ley 26.773. Se impusieron las costas por el orden causado y se reservó regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripción de párrafos relevantes (texto original del tribunal):

"Confrontados los agravios de la recurrente con los fundamentos de la sentencia impugnada y constancias de la causa, anticipo que el recurso debe prosperar.

La recurrente impugna sustancialmente la decisión de la Cámara de aplicar al caso las disposiciones de la Ley Nº 26.773 y normas concordantes.

La sentencia impugnada, a pesar de que el accidente de trabajo del actor ocurrió con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Nº 26.773, consideró que dado que el dictamen de la Comisión Médica que determinó su incapacidad tuvo lugar cuando esa ley ya se encontraba en vigencia, correspondía su aplicación a la situación de autos."

"Sostuvo la Corte nacional que 'del juego armónico de los arts. 8° y 17.6 de la ley 26.773 claramente se desprende que la intención del legislador no fue otra que la de: (1) aplicar sobre los importes fijados a fines de 2009 por el decreto 1694 un reajuste, según la evolución que tuvo el índice RIPTE entre enero de 2010 y la fecha de entrada en vigencia de la ley, que los dejara 'actualizados' a esta última fecha; y (2) ordenar, a partir de allí, un reajuste cada seis meses de esos importes de acuerdo con la variación del mismo índice. Y que del art. 17.5 también se desprende claramente que estos nuevos importes 'actualizados' solo rigen para la reparación de contingencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del capítulo de la ley referente a las prestaciones dinerarias del régimen de reparación'."

"Por lo considerado, corresponde Hacer Lugar al recurso de casación interpuesto y consecuentemente Casar el pronunciamiento impugnado, en base a la doctrina legal expresada. En consecuencia, atento a la identidad sustancial con lo considerado y resuelto en el pronunciamiento que aquí se deja sin efecto y lo dispuesto en el art. 170 del CPCyC supletorio en cuanto a que la declaración de nulidad de un acto procesal afecta a los actos posteriores que de él dependan o sean su consecuencia, se debe Casar también la sentencia dictada por la Cámara en esa misma fecha en relación al recurso de casación interpuesto por el actor (fs. 149/152 vta.), a fin de evitar el escándalo jurídico resultante de sentencias contradictorias, en virtud del principio de unidad de la jurisdicción que impone una imprescindible coherencia para afianzar la seguridad jurídica. Consecuentemente, corresponde Reenviar los autos a la Cámara del Trabajo a fin de que, por intermedio de la Sala que por turno corresponda, dicte nuevo pronunciamiento sobre los recursos de apelación interpuestos por las partes actora y demandada."

No hubo votos en disidencia; los tres vocales adhirieron al parecer de la preopinante.

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