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PROVINCIA DE TUCUMAN c/ PONCE MIGUEL ROQUE Y OTRO s/ COBRO EJECUTIVO
La Provincia de Tucumán promovió cobro ejecutivo basado en un pagaré por $4.616,74 más intereses. La Cámara confirmó la sentencia que rechazó la ejecución por existir una falsedad material evidente en la fecha del pagaré (se advirtió la sobreescritura del número 8 convertido en 9) y por no acreditarse que la alteración fuera anterior o consentida por el suscriptor.
¿Quién es el actor?
Provincia de Tucumán.
¿A quién se demanda?
Ponce Miguel Roque y otro (Salazar Francisco).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Cobro ejecutivo fundado en un pagaré no a la orden librado a favor del Banco de la Provincia de Tucumán por la suma de $4.616,74 más intereses convenidos.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de apelación de la actora y se confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la excepción de falsedad material del título y rechazó la ejecución. Se condenó en costas a la actora vencida en ambas instancias.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"La sentencia apelada hace lugar a la excepción de falsedad material de título opuesta por el ejecutado Miguel Roque Ponce. En consecuencia rechaza la ejecución promovida por la Provincia de Tucumán en su contra."
"Si bien la regla general en los casos de la presente excepción consiste en que la producción de la prueba es una carga que pesa sobre el accionado, quien al negar la firma, debe realizar los trámites pertinentes a efectos de probar (pericial caligráfica), que la firma no le pertenece, en el presente juicio el pagaré fue visiblemente adulterado en cuanto al año de vencimiento sobreescribiendo el número 8, colocando sobre este el 9."
"Se ha dicho: La carga de la prueba respecto de la adulteración del pagaré a los fines de la procedencia de la excepción de falsedad de título le corresponde al acreedor, quién deberá probar que el obligado puso su firma cuando en la letra constaba tal alteración, o que habiéndola puesto antes, prestó aquiescencia a la modificación.(C. Civ. y Com. Concepción del Uruguay,3/12/1997- Echazarreta, Carlos R. (H) v. Acosta Antonio R.). Cabe concluir que es al portador a quien le toca acreditar que la alteración del instrumento se cumplió antes de la firma de éste, que fue obra del demandado o se hizo con su conformidad, lo que no fue probado en autos."
"Por ello, RESOLVEMOS: I) NO HACER LUGAR con costas, al recurso de apelación interpuesto por la parte actora PROVINCIA DE TUCUMAN, en contra de la sentencia de fecha 25 de junio de 2012, fs.228/231, que se confirma. II) COSTAS conforme se considera."
(No consta voto en disidencia en el texto aportado.)
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