TREJO MARIA CONCEPCION c/ LUNA MARIA GABRIELA s/ DESALOJO

¿Quién es el actor?

Maria Concepcion Trejo (actora).

¿A quién se demanda?

Maria Gabriela Luna (demandada).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Proceso de desalojo; la demandada invocó el supuesto deterioro cognitivo de la actora y pidió la suspensión de plazos por incapacidad.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de apelación interpuesto por la demandada y se confirmó el punto III) de la providencia de fecha 23/05/2024 que había dispuesto que el planteo de incapacidad "ocurra por la vía y forma que corresponda". Se impusieron costas a la recurrida en esta instancia y se reservaron honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Uno de los pilares de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), aprobada por Ley 26.378 y que desde diciembre de 2014 cuenta con jerarquía constitucional en Argentina por Ley 27.044 es 'la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad', presuponiendo la capacidad juridica de esas personas de ser titulares de sus derechos, y fundamentalmente que puedan ejercerlos por sí mismas.

La cuestión de la capacidad jurídica de la persona humana es regulada en el capítulo 2 del Título 1ro. del Libro I del Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN) que luego de sostener la capacidad de derecho de toda persona humana, entendida como “la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos” (art. 22), establece en su art. 23 la capacidad de ejercicio disponiendo que 'Toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas en este Código y en una sentencia judicial'.

En este marco, el régimen jurídico de las personas que ven disminuidas sus facultades para dirigir su vida de relación y administrar su patrimonio por causa de una adicción o alteración mental está regulado en los arts. 31 a 50 CCCN, estableciendo que las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional y deben ser dispuestas por sentencia dictada por juez competente y respetando el debido proceso.

En el Código Procesal de Familia (ley 9581) se establece la competencia del fuero de familia para entender en el régimen de restricciones a la capacidad e incapacidad (art. 59 inc. 11) como así también se regula el proceso declarativo de restricción a la capacidad e incapacidad (arts. 202 y ss.), por lo que es por dicha vía por la que debe ocurrirse.

Cabe puntualizar que el art. 19 CPCC solo puede aplicarse si durante la tramitación de éste proceso se hubiera restringido la capacidad o se declarara la incapacidad de alguna de las partes, situación que aún no se ha producido ya que no se cuenta con una sentencia judicial que así lo disponga.

Por tanto, se rechazará la apelación interpuesta confirmando la providencia apelada e imponiéndole las costas generadas en esta Instancia a la recurrente vencida (Art. 62 CPCC)."

(No se consignan votos en disidencia en la resolución.)