BRANDAM LUCIANA VERONICA c/ GALENO A.R.T. SA s/ AMPARO. INSTANCIA UNICA CON BLOQUEO DE SALA

¿Quién es el actor?

Brandam Luciana Verónica (parte actora).

¿A quién se demanda?

Galeno A.R.T. S.A.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Amparo laboral por prestaciones derivadas de accidente de trabajo (liquidación de prestaciones dinerarias, índice aplicable — RIPTE o Decreto 472/14— y tasa de interés).

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de apelación interpuesto por la actora y se confirmó íntegramente la sentencia Nº 179 de fecha 01/04/2015 dictada por el Juzgado de Conciliación y Trámite de la Iª Nom.; costas a la actora; honorarios reservados.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripción de los párrafos más relevantes (texto original del fallo):

"II. La CSJT revocó la sentencia de Cámara conforme la siguiente doctrina legal: “Debe dejarse sin efecto la sentencia que, excediendo los límites impuestos por el principìo “tantum apellatum quantum devolutum”, ha incurrido en la prohibición de “reformateo in peius” y violado el principio de congruencia, al agravar con su decisión, la situación del apelante sin que medio agravio sobre dicho punto”, ordenando dictar un nuevo pronunciamiento."

"IV. Confrontados los agravios del recurrente, considero que no resultan atendibles por los siguientes motivos.

Respecto al primer, segundo y cuarto agravio estos no resultan atendibles porque la Corte Suprema de Justicia de Tucumán sentó como doctrina legal, en los autos “Bejar Daniel Alberto vs. Caja Popular de Ahorros de Tucumán (PopulArt) s/ amparo” (sentencia N° 1137 del 22/09/2016), que las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de la Ley 26.773 entraron en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, es decir, el 26/10/2012 y se aplican a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se hubiese producido a partir de esa fecha.

En tanto que el accidente sufrido por la actora acaeció el 28/08/2012, la aplicación al caso de la Ley N° 26.773 resulta claramente improcedente. Ello así por cuanto de conformidad al Art. 17.5 de la Ley N° 26.773, las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de esa ley entraron en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial (26/10/2012) y se aplican a las contingencias previstas en la Ley N° 24.557 y sus modificatorias cuya primera manifestación invalidante se hubiese producido a partir de esa fecha” (sentencia N° 1001 del 26/07/2017).

Cabe recordar que los criterios establecidos por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, conociendo por vía de casación, constituyen doctrina judicial obligatoria y vinculante para los tribunales inferiores, cuando la identidad del caso a resolver encuadra en el precedente (CSJT, “Albornoz, Estela vs. Grafa SA s/ cobros”, sentencia Nº 158 del 15/3/96)."

"Respecto al tercer agravio –tasa de interés- tampoco resulta atendible porque a partir de la ejecutoriedad y firmeza de los fallos “Olivares” y “Banuera” la fijación de la tasa de interés de uso judicial queda sujeta a la razonable discreción de los jueces de la causa que interpretan dichos ordenamientos sin lesionar garantías constitucionales. En el caso, no existen pruebas que demuestren que la aplicación de la tasa pasiva conlleve una pérdida del poder adquisitivo de tal magnitud que impliquen una desproporción evidente que afecte notablemente los derechos de la actora y autorice a apartarse del criterio y los fundamentos expuestos en la impugnada sentencia."

¿Cómo votaron los jueces?

El voto del señor vocal preopinante Raúl M. Díaz Ricci expone la fundamentación y el vocal Carlos San Juan adhiere "en idéntico sentido". No existen votos en disidencia.