DIRECCION DE COMERCIO INTERIOR c/ BANCO DE LA NACION ARGENTINA s/ (DENUNCIANTE ALBERTO MARIA ROSA)

¿Quién es el actor?

Apoderada del Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán.

¿A quién se demanda?

Sentencia del Juzgado de Instrucción de la IIª Nominación que declaró de oficio prescrita la infracción imputada a Garbarino S.A.C.I.E.I.; la sanción administrativa fue impuesta por la Dirección de Comercio Interior (Resol. N° 3732-311-DCI-14, 30/12/2014).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se recurre en casación contra la sentencia que declaró prescrita la sanción administrativa prevista en la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240), por falta de motivación y errónea aplicación/interpretación del art. 50 de la LDC.

¿Qué se resolvió?

Se hace lugar al recurso de casación; se casa la sentencia impugnada y se remiten las actuaciones al juzgado de origen para que, con distinta integración, dicte nuevo pronunciamiento, previa verificación del cómputo del plazo prescriptivo y de la existencia de causales interruptivas conforme al art. 50 LDC.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El yerro sentencial es doble:

Por un lado, al aplicar el primer párrafo del art. 50 LDC en lo referente al término prescriptivo trienal, no efectuó el cómputo del plazo de prescripción. De una simple lectura de autos se evidencia que entre la fecha 30/12/2014 de la Resolución N° 3732-311-DCI-14 mediante la cual el Director de Comercio Interior aplica sanción administrativa a Garbarino S.A.C.I.E.I. (fs. 49/51) y la sentencia judicial que declara prescripta la sanción administrativa (01/11/2017) -fs. 84-, no habían transcurrido los tres años de plazo señalado por el art. 50 LDC (cosa que si acontece actualmente -en tanto no existan causales de interrupción del curso de la prescripción-).

En segundo lugar, se evidencia que el Juez a quo obvió también cotejar que no se hayan producido ninguna de las causales de interrupción del plazo de la prescripción trienal establecidas en la norma.

[...] Razón por la cual el razonamiento sentencial deviene descalificable en este punto. En efecto, las deficiencias señaladas vician la motivación de la sentencia y provoca la nulidad de la misma al transgredir lo dispuesto en el art. 30 de la Constitución de la Provincia.

Por las razones expresadas, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la apoderada del Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán, y en consecuencia, casar la sentencia impugnada en mérito a la siguiente doctrina legal: 'Es descalificable como acto jurisdiccional válido la sentencia que declara la prescripción de una sanción impuesta en un procedimiento administrativo infraccional sin realizar el cómputo del plazo prescriptivo ni cotejar efectivamente la existencia de causales de interrupción de la prescripción', debiéndose remitir los presentes autos al juzgado de origen para que, con la integración que corresponda -distinta integración-, se dicte nuevo pronunciamiento debiendo el juez interviniente y, previo al cómputo del plazo de prescripción, recabar la información necesaria respecto de la comisión de nuevas infracciones por parte de la firma sancionada en los registros de infractores tanto provinciales (Dirección de Comercio Interior) como nacionales (Dirección Nacional de Defensa del Consumidor) conforme lo prevé el art. 50 de la Ley Nº 24.240 (redacción conforme Ley N° 26.994).'"

(Votos: los doctores Antonio Daniel Estofán, Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse; los Dres. Gandur y Posse adhieren al voto preopinante del Dr. Estofán).