DIRECCION DE COMERCIO INTERIOR c/ DESPEGAR S.A. s/ SU DENUNCIA (DENUNCIANTE: GARCIA CONTRERAS GABRIELA)

¿Quién es el actor?

El Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán, por su apoderado (recurrente).

¿A quién se demanda?

La sentencia atacada fue dictada en autos GARCÍA CONTRERAS GABRIELA S/ SU DENUNCIA; la sancionada en el expediente administrativo es Despegar S.A.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se cuestiona la declaración judicial de oficio de prescripción de la sanción administrativa dispuesta por la Dirección de Comercio Interior en aplicación de la Ley Nº 24.240 (Defensa del Consumidor).

¿Qué se resolvió?

La Corte hizo lugar al recurso de casación, casó la sentencia de fecha 1/11/2017 y remitió los autos al juzgado de origen para que, con distinta integración, dicte un nuevo pronunciamiento debiendo previamente efectuar el cómputo del plazo prescriptivo y recabar información sobre posibles causales de interrupción.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Por un lado, al aplicar el primer párrafo del art. 50 LDC en lo referente al término prescriptivo trienal, no efectuó el cómputo del plazo de prescripción. De una simple lectura de autos se evidencia que entre la fecha 30/12/2014 de la Resolución N° 3.898-311-DCI-14 mediante la cual el Director de Comercio Interior aplica sanción administrativa a Despegar S.A. (fs. 64/66) y la sentencia judicial que declara prescripta la sanción administrativa (01/11/2017) -fs. 89-, no habían transcurrido los tres años de plazo señalado por el art. 50 LDC (cosa que si acontece actualmente -en tanto no existan causales de interrupción del curso de la prescripción-)."

"En segundo lugar, se evidencia que el Juez a quo obvió también cotejar que no se hayan producido ninguna de las causales de interrupción del plazo de la prescripción trienal establecidas en la norma.

La Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor establece, en su art. 50, un régimen especial en materia de prescripción respecto de las sanciones administrativas, en cuanto dispone que éstas prescriben a los tres años, y que una de las causales interruptivas resulta ser la comisión de una nueva infracción (sanciones firmes) o el inicio de actuaciones administrativas (el inicio de actuaciones judiciales ya no se encuentra vigente como causal interruptiva)."

"Resulta indiscutible que la extinción de la acción en materia punitiva es de orden público y se produce de pleno derecho por el transcurso del plazo pertinente, de modo tal que debe ser declarada de oficio en cualquier estado de la causa y en forma previa a cualquier decisión sobre la cuestión de fondo (CSJN, Fallos 311:2205), no obstante lo cual el sentenciante, previo a declararla debe cotejar la existencia de actos suspensivos y/o interruptivos previstos en la normativa general o especial de que se trate."

"Por las razones expresadas, corresponde hacer lugar al recurso de casación ... y en consecuencia, casar la sentencia impugnada en mérito a la siguiente doctrina legal: 'Es descalificable como acto jurisdiccional válido la sentencia que declara la prescripción de una sanción impuesta en un procedimiento administrativo infraccional sin realizar el cómputo del plazo prescriptivo ni cotejar efectivamente la existencia de causales de interrupción de la prescripción', debiéndose remitir los presentes autos al juzgado de origen para que, con la integración que corresponda -distinta integración-, se dicte nuevo pronunciamiento debiendo el juez interviniente y, previo al cómputo del plazo de prescripción, recabar la información necesaria respecto de la comisión de nuevas infracciones ... conforme lo prevé el art. 50 de la Ley Nº 24.240 (redacción conforme Ley N° 26.994)."

¿Cómo votaron los jueces?

Sentencia acordada por los vocales Antonio Daniel Estofán (voto preopinante), Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse; todos votaron en igual sentido. No consta disidencia.