PROVINCIA DE TUCUMAN -D.G.R.- c/ TULA RIZO ADRIAN ALEJANDRO s/ EJECUCION FISCAL

¿Quién es el actor?

Provincia de Tucumán — Dirección General de Rentas (DGR).

¿A quién se demanda?

Tula Rizo Adrián Alejandro.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Ejecución fiscal por impuesto inmobiliario correspondiente al padrón catastral nº 570237; suma reclamada en la cámara $46.748,89 (capital $33.506,57 según boleta).

¿Qué se resolvió?

No hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el demandado contra la sentencia de la Cámara que revocó la inhabilidad de título y ordenó continuar la ejecución fiscal contra el demandado; costas a cargo de la demandada; diferimiento sobre honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El Código Civil, aplicable al caso concreto, con el propósito de afianzar la seguridad en las negociaciones inmobiliarias ha instituido un régimen de publicidad registral. El art. 2505 establece en forma categórica la obligación de inscribir en los Registros Inmobiliarios, los títulos que tengan por objeto la transmisión de derechos reales sobre inmuebles (…). Es decir que la prueba hábil del dominio de inmuebles es la inscripción en el Registro Inmobiliario de la jurisdicción que corresponda…"

"En materia de inmuebles y en relación a la oponibilidad de los derechos respecto de terceros, la ley sustancial ha establecido un sistema de publicidad derivado de la registración de los títulos respectivos, que desplaza en importancia, a la publicidad posesoria. Categóricas resultan las normas que sientan las bases de un sistema registral que ha priorizado la protección de la seguridad en el tráfico inmobiliario en su faz estática y dinámica (cfr. Bono, Gustavo Alejandro...). El criterio de prevalencia de la publicidad registral se construye sobre la base de lo dispuesto por los arts. 2505, 2609 y 1185 del Cód. Civil y los arts. 2, 3 y 19 de la ley 17.801 ..."

"Lo que la publicidad registral afecta es las posibilidades de que ese derecho real, existente en forma plena, se oponga a terceros interesados; si falta la inscripción, los terceros interesados (en este caso la DGR) podrán actuar como si la titularidad todavía no se hubiese transferido."

¿Cómo votaron los jueces?

voto del Dr. Antonio Daniel Estofán (preopinante) con adhesión de los Dres. Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse; decisión por mayoría unánime.