VELIZ JUAN CARLOS AUGUSTO c/ FUNDACION MARIA DE LOS ANGELES POR LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONA s/ COBRO DE PESOS

¿Quién es el actor?

Juan Carlos Augusto Véliz (por derecho propio).

¿A quién se demanda?

Fundación María de los Ángeles por la lucha contra la trata de personas (representada por Sara Susana del Valle Trimarco).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reclamo laboral por cobro de pesos $37.448 y demás rubros derivados de una supuesta relación de dependencia (registro, diferencias salariales, SAC, horas extras, etc.), y se alega despido el 21/12/09.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó la demanda en todas sus partes; se impusieron las costas al actor y se regularon honorarios a los letrados por los montos indicados (ver abajo).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"De toda la plataforma probatoria analizada, resulta que el actor no ha logrado acreditar la existencia de una relación de dependencia.

a.- No se advierten pruebas que acrediten la existencia de sujeción jurídica del actor a la demandada. No se logró demostrar que el actor tuviera que cumplir horarios, ni que estuviera sujeto a ser sancionado. Ni siquiera probó que recibiera órdenes o instrucciones sobre la manera en que debía realizar su trabajo -dependencia técnica-.

Por el contrario, en el contrato que él firmó se precisa que el actor podrá cumplir sus servicios dentro o fuera de la Fundación y que no estará sujeto a horarios preestablecidos.

Aún cuando el actor debiera mantener informada a la Fundación sobre los resultados de sus servicios, y ésta fuera quien decidiera los casos que debía investigar o seguir, ello no importa la existencia de dependencia.

La Jurisprudencia ha señalado que “el hecho que la prestación debiera llevarse a cabo conforme a determinadas directivas o que esté vinculada a la actividad del que recibe la labor, no son contingencias que, de suyo, determinen la relación de dependencia, si ello responde a un necesario contralor y/u ordenamiento del trabajo.” (Burone Carlos A. c. Radiodifusora del Plata SA, CNAT, sala I, 30.4.92 – DT 1992-B, 2275)

Todo esto me lleva a concluir que no hubo dependencia jurídica ni técnica."

"En cuanto a lo que se entiende como “dependencia económica” cabe destacar que la contraprestación recibida por el actor en razón de lo que constituyó el objeto del contrato, fue libremente pactada y consistió en el pago de honorarios cuya cuantía fue fijada sin sujeción a convenio, categoría o normativa legal alguna.

El actor no logró probar que durante el tiempo en que se vinculó con la demandada haya dependido económicamente de los honorarios convenidos con ésta. Los informes brindados por la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores y por Mesa de Entradas del Poder Judicial, acreditaron que el actor tenía otros juicios y clientes.

Se probó que su actividad de abogado era realizada antes y durante su vinculación con la demandada."

"Se concluye entonces que el actor no logró acreditar que estuviera vinculado con la demandada a través de un contrato de trabajo, con lo cual concluyo que la relación que los vinculó fue una locación de servicios regida por el derecho civil. Así lo declaro."

¿Cómo votaron los jueces?

Concurrieron dos votos (Adolfo J. Castellanos Murga —voto preopinante— y María A. Poliche de Sobre Casas) que adhieren al sentido de los fundamentos precedentes y al fallo.

Costas y honorarios: Se impusieron las costas al actor. Se regularon honorarios conforme planilla: Dr. Juan C. A. Véliz $3.541,61; Dra. María B. Lembo $677,01; Dr. C. M. Garmendia $677,01; Dr. H. Z. Garlati $2.098,73; Dr. G. R. Díaz $2.098,73.