CARABAJAL MARIO ALBERTO s/ SUCESION

¿Quién es el actor?

Los herederos declarados en la sucesión de Mario Alberto Carabajal, representados por el Dr. Marcelo Ruiz.

¿A quién se demanda?

ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se impugna la negativa del Juzgado de grado de declarar la inaplicabilidad del art. 19 de la Ley 24.624 y se solicita el embargo ejecutorio de sumas adeudadas por astreintes impuestas a ANSES para el cobro ejecutivo de una planilla de astreintes reconocida en sentencia de trance y remate.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de apelación y se confirmó la sentencia de fecha 30/04/2024 que desestimó el pedido de embargo ejecutorio contra ANSES y rechazó la inaplicabilidad del art. 19 de la Ley 24.624; se impusieron las costas a la parte apelante y se diferió el pronunciamiento sobre honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El artículo 19 de la ley nacional N° 24.624 establece la inembargabilidad del erario público ('Los fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del Sector Publico... son inembargables y no se admitirá toma de razón alguna que afecte en cualquier sentido su libre disponibilidad por parte del o de los titulares de los fondos y valores respectivos. [...] En aquellas causas judiciales donde el Tribunal, al momento de la entrada en vigencia del presente, hubiere ordenado la traba de medidas comprendidas en las disposiciones precedentes, y los recursos afectados hubiesen sido transferidos a cuentas judiciales, los representantes del Estado Nacional que actúen en la causa respectiva, solicitarán la restitución de dichas transferencias a las cuentas y registros de origen, salvo que se trate de ejecuciones validas firmes y consentidas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.')."

"Del texto de las normas enunciadas se desprende, en resumidas cuentas, lo siguiente: a) una vez que la sentencia queda firme, el particular debe solicitar el pago de su acreencia por ante la propia Administración, b) con dicha presentación, se forma un expediente administrativo, y luego del procedimiento correspondiente y la intervención de los organismos pertinentes, se dispone el pago de la deuda, siguiendo un estricto orden de antigüedad conforme la fecha de notificación judicial, y siempre y cuando exista crédito presupuestario, c) para el caso de no existir tal crédito, deberán efectuarse las previsiones necesarias a fin de su inclusión en el ejercicio siguiente. Aprobado el mismo, con el inicio del año fiscal deberá procederse al pago, siguiendo nuevamente el orden de prelación, de los más antiguos a los más nuevos y d) en su defecto, el acreedor estará legitimado para solicitar la ejecución judicial de su crédito a partir de la clausura del período de sesiones ordinario del Congreso de la Nación en el que debería haberse tratado la ley de presupuesto que contuviese el crédito presupuestario respectivo -y no se hizo-."

"En ese contexto, no obstante los arduos esfuerzos de los apelantes, luce evidente que la acreencia que estos reclaman y cuyo embargo aquí pretenden, no puede ser equiparada al crédito previsional del que pudo haber sido titular el causante Mario Alberto Carabajal frente a la Administración Nacional de la Seguridad Social. Mientras el causante revestía el carácter de un acreedor alimentario por ser sumas de dinero adeudadas en razón de la actividad laboral que desarrollaba (reajuste de haberes), la deuda en concepto de astreintes es el resultado de una sanción conminatoria tendiente a hacer cesar al órgano administrativo en su obstinamiento (lo que en los hechos surtió efecto, según se constata del informe remitido por el Juzgado Federal de Tucumán N° 2, el día 07/02/2024). En efecto, la naturaleza de los créditos es disimil."

"Por todo lo expuesto, concluimos que el caso elevado en apelacion no presenta particularidades que ameriten declarar la inconstitucionalidad del artículo 19 de la Ley 24.624, ni hacer lugar al pedido de embargo ejecutorio en contra del erario público. En consecuencia corresponde confirmar la sentencia de fecha 30/04/2024 del Juzgado Civil en Familia y Sucesiones de la VIII Nominación e imponer las costas de esta instancia a la parte apelante, en mérito al resultado arribado (artículos 61 y 62 del CPCCT)."

¿Cómo votaron los jueces?

"I) NO HACER LUGAR al recurso de apelación... En consecuencia, la misma se confirma según lo considerado. II) IMPONER LAS COSTAS conforme se considera. III) DIFERIR EL PRONUNCIAMIENTO DE HONORARIOS para su oportunidad."