COLEGIO DE ABOGADOS DE TUCUMAN c/ PROVINCIA DE TUCUMAN s/ ACCION DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD
El Colegio de Abogados de Tucumán promovió acción declarativa de inconstitucionalidad contra la Provincia de Tucumán por las modificaciones introducidas por la Ley 8.966 al proceso del Jurado de Enjuiciamiento. El tribunal hizo lugar parcialmente y declaró inconstitucional el art. 2 de la Ley 8.966 en cuanto dispone la suspensión automática del magistrado “por el tiempo que dure el proceso”, sosteniendo que esa previsión restringe normas constitucionales que rigen la remoción.
¿Quién es el actor?
Colegio de Abogados de Tucumán (con referencia también a la Asociación de Magistrados de Tucumán en el dispositivo).
¿A quién se demanda?
Provincia de Tucumán (Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Se solicita declarar la inconstitucionalidad de los arts. 1 y 2 de la Ley Nº 8.966 (sustitutivos de los arts. 11 y 28 de la Ley Nº 8.734) que modifican el proceso del Jurado de Enjuiciamiento; en particular se cuestiona la posibilidad de recusación de los miembros del Jurado y la suspensión automática del magistrado durante el trámite de la acusación.
¿Qué se resolvió?
Se hace lugar parcialmente a la acción declarativa de inconstitucionalidad. Se declara la inconstitucionalidad del art. 2 de la Ley Nº 8.966 en cuanto dispone que “La acusación traerá aparejada la suspensión del funcionario o magistrado por el tiempo que dure el proceso”, y se desestima el resto del planteo (en especial respecto del art. 1 referido a recusabilidad).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Transcripciones textuales más relevantes de la sentencia (se consignan párrafos tal como figuran en el fallo):
"La parte actora interpone acción declarativa de inconstitucionalidad ... a fin de que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 1 y 2 de la Ley 8.966 (que reforman los arts. 11 y 28 de la ley 8.734)..."
"En cuanto a la cuestión de fondo, la misma ya ha sido resuelta por esta Corte en el precedente 'Asociación de Magistrados vs. Provincia de Tucumán s/Amparo colectivo', sentencia nº 1212 del 22/8/2017."
"El art. 2 de la ley 8966 dispone: 'Sustitúyase el art. 28 de la ley nº 8734 por el siguiente: ... La acusación traerá aparejada la suspensión del funcionario o magistrado por el tiempo que dure el proceso'. El art. 112 de la Constitución de Tucumán dispone que 'los jueces de Corte y demás Tribunales inferiores, los representantes del Ministerio Fiscal y Pupilar, permanecerán en sus cargos mientras dure su buena conducta'... el art. 131 de la Carta Magna provincial dispone: 'El procedimiento ante la Comisión Permanente de Juicio Político y el Jurado de Enjuiciamiento se sujetaría a las bases para el Juicio Político establecidas en esta Constitución, adaptándolas cuando sea necesario. Una ley especial, que debería dictarse dentro de los seis meses de sancionada la presente Constitución, las reglamentara sin alterarlas ni restringirlas'. Es decir, la ley que regula el proceso de Jurado de Enjuiciamiento no puede alterar ni restringir las bases previstas por la Constitución para el Juicio Político. Y en este sentido, el art. 2 de la ley 8966 ... restringe lo dispuesto en el art. 47 in fine de la CP y resulta contraria al texto constitucional; por lo que corresponde la declaración de inconstitucionalidad del art. 2 de la ley 8966 modificatoria del art. 28 de la ley 8734".
Citas textuales claves incluidas en la sentencia:
"La acusación traerá aparejada la suspensión del funcionario o magistrado por el tiempo que dure el proceso".
"El art. 112 de la Constitución de Tucumán dispone que 'los jueces de Corte y demás Tribunales inferiores, los representantes del Ministerio Fiscal y Pupilar, permanecerán en sus cargos mientras dure su buena conducta'."
"Una ley especial... las reglamentara sin alterarlas ni restringirlas".
¿Cómo votaron los jueces?
La sentencia se apoya expresamente en el precedente de esta Corte (sent. nº 1212/2017, "Asociación de Magistrados vs. Provincia de Tucumán s/Amparo colectivo") y en doctrina sobre la naturaleza política del Jurado de Enjuiciamiento. No se consignan votos disidentes en el bloque dispositivo; el acuerdo final es el citado en el dispositivo.
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