RUIZ CARMEN ESTHER c/ ALICO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. s/ COBRO DE PESOS

¿Quién es el actor?

Sra. Carmen Esther Ruiz, DNI N° 6.275.776.

¿A quién se demanda?

ALICO Compañía de Seguros S.A. (hoy MetLife S.A.).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cobro de capital asegurado por incapacidad/invalidez en virtud de póliza colectiva contratada por la empleadora Alpargatas Calzados S.A.; además reclamó $20.000 por daños y perjuicios por retardo.

¿Qué se resolvió?

Se revocó la sentencia de primera instancia que había rechazado la demanda y, en sustitución, se hizo lugar parcialmente: se condenó a la demandada a pagar $42.061 más intereses desde el 27/04/10 y las costas de la alzada; se rechazó la pretensión por $20.000 por daño moral/daños y perjuicios por retardo.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La aquí actora es consumidora de seguros, en tanto beneficiaria de la póliza contratada (arg. art 42 de la CN, arts. 1, 2 y cc., ley Nº 24.240), que involucra una relación nacida del vínculo asegurativo. La doctrina ha sostenido que esta regla es la correcta, “porque la fuente constitucional confiere al derecho de los consumidores carácter iusfundamental, lo que significa que el sistema de solución de conflictos normativos no está guiado por las reglas de las antinomias legales tradicionales. Por ello, no es lícito fundar la prevalencia de una ley en la circunstancia de que sea anterior, o especial, como se ha notado en numerosos casos” (Lorenzetti, R.L., “Consumidores”, pág. 49, Ed. 2009, citado en la causa “Sánchez, José Antonio vs. Caja de Seguro de Vida S.A. s/ cumplimiento de contrato”; cfr. CCCC, Sala I, Dra. David en sentencia Nº 354 del 26/08/2015). No se trata de una colisión de normas, sino una más amplia tutela de los derechos del asegurado-consumidor, por lo que en casos como el de autos debe prevalecer el microsistema inspirado en la protección de sus derechos, acorde con las particularidades de esta clase de seguros. En suma, la actora tiene derecho a la tutela específica que la ley 24.240 brinda a los consumidores, que debe serle reconocida con fundamento en el principio iura novit curia (arg. art. 65, ley 24.240 y art. 34, CPCC), traducido en la atribución del juzgador de aplicar el derecho que estima justo, atendiendo a la descripción de los hechos que constituyen la materia litigiosa sometida a su conocimiento, conforme ha quedado trabada la litis, prescindiendo del nomen iuris utilizado en la pretensión procesal planteada, y sin estar atado por los errores de planteo o invocación de los litigantes (cc. CSJTuc., sentencia Nº 366 del 26/5/2010, autos “Usandivaras, Ana María vs Noacam S.A. s/ Daños y perjuicios”)."

"Al respecto, el principal instrumento consiste en el Dictamen de la Comisión Médica (fs. 6/7) que no ha sido debidamente ponderado en autos, cuya copia fiel ha sido remitida por la Superintendencia de Riesgos del trabajo, requerida por el tribunal como medida para mejor proveer (fs. 260/264). En el mismo consta que la fecha de solicitud del acogimiento al retiro por invalidez es del 24/08/09. Los estudios en los que se fundamentó el dictamen datan del 25/03/09 (examen oftalmológico), 13/07/09 (informe psicodiagnostico), 04/08/09 (ecocardiograma), 05/05/09 (espirometría), concluyendo que no es encuentra apta para recapacitación laboral. Se consideró realizar estudios complementarios los que se llevaron a cabo en fecha 14/10/09 (ECG, Ecocardiograma, RX de Torax, Examen Oftalmológico y Psiquiatrico). La Comisión Medica N° 1 mediante dictamen de fecha 27/10/2009 determinó la incapacidad: Síndrome Orgánico Cerebral Grado III y IV con una invalidez del 70%; y considera que le corresponde acogerse a la jubilación de retiro por invalidez."

"Conforme se desprende del texto de la demanda (fs. 10/14), la accionante reclamó la suma de $80.000 constituida de la siguiente manera: $60.000 como indemnización correspondiente al seguro colectivo de vida por incapacidad y la suma de $20.000 en concepto de daños y perjuicios por el retardo en el pago de dicho seguro. Respecto al primer rubro, a los fines del cálculo del capital asegurado, se extrae de la solicitud invididual de seguro de vida colectivo, cuyo original se tiene a la vista, que la actora optó por la opción equivalente a la indemnización de “múltipo 24 sueldos”. Para ello se tiene en cuenta que del Convenio de Desvinculación Laboral suscripto entre la actora y la demandada (fs. 3/4) se dejó constancia a mero título informativo en la cláusula 9 que la mejor remuneración normal y habitual de la trabajadora percibida en el último año ascendía a la suma de $1.752,55 (pesos mil setecientos cincuenta y dos con 55/100 ctvos.) Realizada la operatoria indicada en el opción elegida por la Sra. Carmen E. Ruiz, se arriba a la suma de $42.061 (pesos cuarenta y dos mil sesenta y uno) A dicho importe se le adicionarán los intereses conforme la Tasa Activa del BNA para descuento de documentos a 30 días desde la fecha 27/04/10 (comunicación de declinación de cobertura al reclamo de incapacidad) y hasta su efectivo pago."

¿Cómo votaron los jueces?

La sentencia fue acordada por mayoría (Dra. Marcela F. Ruiz preopinante y Dra. Laura A. David adhiriendo). No hubo disidencia expresada.