ICARO S.R.L. c/ PROVINCIA DE TUCUMAN -D.G.C. s/ NULIDAD/REVOCACION

¿Quién es el actor?

ICARO SRL.

¿A quién se demanda?

Provincia de Tucumán (Dirección General de Catastro; Ministerio de Economía).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Nulidad y/o revocación de la resolución 458/ME (12/05/2015) que confirmó la resolución 1746/2014 de la DGC, por la que se impuso a la actora una multa equivalente a 3 veces el impuesto inmobiliario omitido por no declarar mejoras en el inmueble (padrón 11.341, Las Heras 21).

¿Qué se resolvió?

Se rechazó la demanda de nulidad y/o revocación; costas a la actora; se reservó regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripción de los 2-3 párrafos más relevantes de la sentencia (textos respetando el lenguaje del tribunal):

"Es un principio procesal elemental el que establece que no puede haber nulidad por la nulidad misma. En este sentido, el artículo 167 del CPCC dispone: 'Para obtener la declaración de nulidad de un acto procesal es menester tener interés legítimo. No se declarará por ello nulo un acto irregular cuando su irregularidad no trascienda en perjuicio de la defensa de la parte que la pide'.

De modo concordante con este principio, el artículo 166 exige: 'En la petición de nulidad [la] parte expresará concretamente su causa y el perjuicio sufrido, del que derivase el interés en obtener la declaración, y mencionará, en su caso, las defensas que no pudo oponer. Se desestimará sin más trámite el pedido de nulidad si no se hubiesen cumplido los requisitos establecidos en la segunda parte del párrafo anterior o cuando fuese manifiestamente improcedente'.

Aquí, por un lado, la actora no individualizó qué argumento defensivo se vio privado de oponer ni precisó que prueba en particular no pudo producir. Por el contrario, la demanda solo alegó genéricamente que no pudo tomar conocimiento de la instrucción del sumario, formular el descargo y ofrecer y producir prueba."

"Pues bien, la resolución 458/ME consideró 'Que la valuación correspondiente al período que va desde el año 2008 al 2013, figura en el rubro categoría, como "edificio urbano/comercio oficina", siendo la última valuación fiscal la de $ 679.646,16. En la valuación propuesta para el año 2014 (...) en virtud de la obra nueva, pasa a ser considerado como "urbano edificación hotel/motel", con una valuación de mejoras de $ 6.706.472,51, por lo que la valuación total asciende a la suma de $ 7.190.040,44, surgiendo de esta forma una diferencia de base a los fines del cálculo para el impuesto respectivo de $ 6.510.394,28'.

De este párrafo de la resolución que confirmó la multa aplicada a la actora, surgen varios elementos de juicio —que no han sido controvertidos por la actora— que conviene explicitar claramente: ... En este caso singular, resulta inexcusable que la actora no haya cumplido con la obligación formal de comunicar las sustanciales mejoras del inmueble."

"Este artículo —que ha sido invocado explícitamente por ambas resoluciones y cuya inconstitucionalidad no ha sido planteada en autos— faculta a la Dirección de Catastro, en su calidad de autoridad de aplicación, a aplicar multas a los titulares de los inmuebles por el incumplimiento de deberes formales. Además, prevé explícitamente que el importe de esa multa es 'graduable de una (1) a diez (10) veces el importe del Impuesto Inmobiliario dejado de ingresar' al fisco. Por último, la norma indica ciertos parámetros que la DGC debe ponderar para graduar la multa, como ser la fecha de la infracción, características individuales del inmueble y capacidad contributiva del infractor.

Así las cosas, teniendo en cuenta estas pautas explícitas del artículo 84 del CT (invocadas en los considerandos de las resoluciones impugnadas); que la DGC ha cuantificado la multa optando por uno de los niveles de graduación más bajos que habilita la norma específica (3 sobre 10); que las obras de mejoras del inmueble, en sí mismas, fueron valuadas en $ 6.706.472,51, y que antes de esas mejoras, el inmueble estaba valuado en $ 679.646,16; la multa aplicada a la actora por la resolución 1746/2014 de la Dirección General de Catastro, confirmada por la resolución 458/ME del Ministerio de Economía, no aparece como arbitraria ni irrazonable."

¿Cómo votaron los jueces?

El Dr. Rodolfo Novillo expuso fundamentos detallados y concluyó por el rechazo; el Dr. Carlos Giovanniello adhirió en el mismo sentido (voto concordante). El bloque dispositivo final acordó por mayoría el rechazo de la demanda.