RODRIGUEZ CLAUDIA BEATRIZ c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS

¿Quién es el actor?

Claudia Beatriz Rodríguez (representada por el Dr. Oscar Eduardo Rodrigo).

¿A quién se demanda?

Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán (representado por el Dr. Carlos Parajón Ferullo).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Indemnización por daños y perjuicios (daño emergente y lucro cesante) por el saqueo de su negocio ocurrido el 19/12/2001; monto reclamado $514.825 más intereses, actualización, costas y gastos.

¿Qué se resolvió?

No hacer lugar a la demanda; absolver a la Provincia de la pretensión indemnizatoria; costas a la actora; reservar regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En la especie no se probó satisfactoriamente la existencia de una “omisión antijurídica” de los agentes policiales de la Provincia de Tucumán en los disturbios de diciembre de 2001, idónea para configurar la “responsabilidad por omisión” de la demandada; circunstancia que determina el rechazo de la acción de daños y perjuicios interpuesta por Claudia Beatriz Rodríguez."

"Para formarnos una idea, es útil partir de un dato clave: en fecha 19/12/01 el Presidente declaró el estado de sitio en todo el territorio de la Nación Argentina por el plazo de 30 días. El considerando del decreto 1678/01 (BO: 20/12/01) refiere que 'han acontecido en el país actos de violencia colectiva que han provocado daños y puesto en peligro personas y bienes, con una magnitud que implica un estado de conmoción interior'."

"En definitiva, es evidente que la Policía de Tucumán se vio desbordada por los desmanes producidos en diciembre de 2001, pero no encontramos elementos suficientes para concluir que dicho desborde obedeció a una falta de servicio por parte de aquélla, idónea para responsabilizar a la Provincia por los daños experimentados por la actora. En la especie no se probó fehacientemente que la policía local actuara por debajo del estándar legal exigible."

(Se incluye además la fundamentación doctrinal y normativa que la Sala consideró decisiva: referencias a la Ley Orgánica de la Policía (ley 3656), al estándar de la Corte Suprema sobre responsabilidad por omisión, y a la necesidad de acreditar "omisión negligente" o incumplimiento de mandatos jurídicos determinados para configurar la falta de servicio.)

¿Cómo votaron los jueces?

El Dr. Rodolfo Novillo manifestó conformidad con las razones expresadas por el vocal preopinante y votó en el mismo sentido.