BRAVO CESAR RAMON s/ INCIDENTE DE REVISION

¿Quién es el actor?

Sindicatura (en cuanto promovió el planteo de inconstitucionalidad en el expediente de ejecución) y, en el expediente, actúa también el ejecutante Bravo César Ramón.

¿A quién se demanda?

Dirección General de Rentas de la Provincia de Tucumán (DGR) — como recurrente en la apelación.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Incidente de inconstitucionalidad relativo a la ley provincial n.º 8.851 y su decreto reglamentario n.º 1.583/2016, en el marco de ejecución de honorarios profesionales (revisión de la ejecución contra el Estado provincial y régimen de cobro de créditos alimentarios).

¿Qué se resolvió?

Se rechazaron ambos recursos de apelación (de la DGR y de la Sindicatura) y se confirmó la sentencia de fecha 12/3/2018 que hizo lugar al planteo de inconstitucionalidad de la ley 8.851 y su decreto; costas por su orden según lo dispuesto en cada caso; reserva de pronunciamiento sobre honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripción de los párrafos más relevantes de la sentencia (textos originales del tribunal):

"En el caso el apelante no ha logrado demostrar mínimamente el desacierto en el que se habría incurrido, ni ha aportado argumentos eficaces para justificar la adopción de la solución que propone. En realidad ha eludido las razones dadas por el a quo para declarar la inconstitucional de la ley 8.851 y se ha limitado a formular afirmaciones dogmáticas, sin refutar los fundamentos concretos que llevaron al a quo a adoptar esa solución.

Tiene dicho este Tribunal, en sus diferentes integraciones, que para que un recurso pueda ser calificado y valorado como tal, debe resultar autosuficiente y contener una crítica razonada y concreta de los criterios o fundamentos de la sentencia, caso contrario, el recurso debe ser tenido por insuficiente. Y así, el recurso debe hacer un examen meritado de la sentencia, demostrando que es errónea, injusta o contraria a derecho, señalando una por una sus falencias. Ello así porque si la sentencia es desacertada y los agravios no demuestran el desacierto, no se avizora como podría lograrse la revisión de aquélla, sino supliendo la actividad crítica del impugnante y hallando agravios idóneos allí donde no se los ha manifestado, lo que legalmente le está vedado al tribunal de alzada, so riesgo de dejar de lado el principio dispositivo que rige la cuestión, a más de la imparcialidad con que debe conducirse siempre el órgano judicial respecto de los litigantes (Cf., CCCCTuc., por todas: Sala I, sentencia Nº 228 del 21/09/1992 y sus citas; Sala II, sentencia Nº 160 del 23/05/1994; Sala III, sentencia Nº 37 del 04/03/2009).

En el caso, la sentencia en crisis valoró que el crédito que se pretende ejecutar contra el Estado provincial tiene indudable naturaleza alimentaria, valorando incluso su cuantía y el tiempo en que se desarrolló la labor profesional y se practicó la regulación de honorarios; y tales condiciones sirvieron de fundamento para que se considere aplicable la doctrina de nuestra Corte Suprema de Justicia que habilita la declaración de inconstitucionalidad del régimen consagrado por la ley 8851 y su decreto Reglamentario, por no prever un régimen de excepción que contemple la naturaleza alimentaria del crédito. Ninguna alegación que desvirtúe la corrección de tales afirmaciones fue efectuada por la recurrente, lo que conduce a rechazar el recurso de apelación deducido por DGR contra la sentencia del 12/3/2018, que se confirma en lo que fue materia del recurso, con costas a cargo de la recurrente atento su condición de vencida (art. 107 CPCC)."

"En consecuencia, cabe rechazar el recurso de apelación interpuesto por la sindicatura en contra del punto IIº de la sentencia del 12/3/2018 (fs. 407/408). Las costas de esta instancia se imponen por iguales razones, por el orden causado (art. 107 CPCCT)."

Bloque dispositivo final (texto tal como resuelto):

"I. RECHAZAR el recurso de apelación deducido por la Dirección General de Rentas de la Provincia contra la sentencia de fecha 12/3/2018, con costas a su cargo, conforme se considera.

II. RECHAZAR el recurso de apelación deducido por la Sindicatura contra el apartado II de la sentencia de fecha 12/3/2018, con costas por su orden, conforme se considera.

III. RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios para su oportunidad."

¿Cómo votaron los jueces?

La sentencia fue dictada por coincidencia de votos entre el primer y segundo votante (dos miembros del Tribunal).