JALIL SALOMON FERNANDO Y OTROS c/ PROVINCIA DE TUCUMAN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS

¿Quién es el actor?

Martín Manuel Molina.

¿A quién se demanda?

Provincia de Tucumán.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Indemnización por daños y perjuicios por $100.000 (daño moral y psíquico) atribuidos a la designación en tareas sin capacitación, suspensión preventiva de 45 días sin goce de haberes y divulgación de la denuncia penal en medios.

¿Qué se resolvió?

No hacer lugar a la demanda; absolver a la Provincia de la pretensión resarcitoria; costas al actor; se reserva pronunciamiento sobre honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Así, Bustamante Alsina enseña que son elementos comunes a los regímenes de responsabilidad contractual y extracontractual: antijuridicidad; daño; relación de causalidad entre el daño y el hecho; y factores de imputabilidad o atribución legal de responsabilidad (Jorge Bustamante Alsina, “Teoría General de la Responsabilidad Civil”, p. 108).

En este mismo sentido, Alterini dice que la responsabilidad generadora del deber de indemnizar exige la concurrencia de cuatro presupuestos: a) El incumplimiento objetivo o material, que consiste en la infracción a un deber jurídico, sea mediante el incumplimiento de la palabra empeñada en un contrato, sea a través de la violación del deber general de no dañar. b) Un factor de atribución de responsabilidad, esto es, una razón suficiente para asignar el deber de reparar al sujeto sindicado como deudor. Tal factor de atribución puede ser subjetivo u objetivo. c) El daño, que consiste en la lesión a un derecho subjetivo o a un interés propio de la víctima del incumplimiento jurídicamente atribuible. d) Una relación de causalidad adecuada suficiente entre el hecho y el daño, es decir que pueda predicarse del hecho que es causa (fuente) de tal daño (Alterini A. A., “Derecho de Obligaciones”, p.158)."

"En definitiva, la suspensión preventiva que ordenara la Provincia -y sus efectos- fue ajustada a los parámetros normativos que rigen el ejercicio del poder disciplinario de la Administración, y oportunamente se hicieron las reparaciones debidas (restitución en el cargo y pago de los haberes retenidos durante la suspensión).

Tampoco en este punto advertimos una actuación antijurídica por parte de la Provincia de Tucumán, en detrimento del actor en autos."

"Por último, la circunstancia de que la denuncia penal haya tenido una “profusa difusión en los medios” no es suficiente como para atribuir a la Provincia una conducta ilegítima.

Corresponde sopesar, en primer lugar, que se trataba de materia de relevancia pública, por lo que su difusión en los medios de comunicación se vincula íntimamente con la protección del derecho al acceso a la información pública consagrado en la Constitución Nacional y en los tratados de derechos humanos que en Argentina cuentan con jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22 CN).

En segundo lugar, el actor no alegó de manera clara la existencia de alguna falsedad o inexactitud en las noticias publicadas que permita imputar responsabilidad por su difusión; como tampoco que haya existido negligencia o intención injuriante o calumniosa por parte de la demandada."

Prueba decisiva: No se produjo la prueba pericial psicológica ofrecida, por lo que "no se encuentra acabadamente probado el alegado daño moral y psíquico del actor y de su entorno familiar" ni su relación causal con la actuación estatal.

¿Cómo votaron los jueces?

El voto proponente (Dr. Rodolfo Novillo) expone fundamento extenso; el Dr. Carlos Giovanniello adhiere "en igual sentido". El dispositivo adoptado por la Sala Segunda corresponde a la mayoría.