VISION EXPRESS ARGENTINA S.A. c/ PROVINCIA DE TUCUMAN -DGR- s/ NULIDAD/REVOCACION

¿Quién es el actor?

Visión Express Argentina S.A.

¿A quién se demanda?

Provincia de Tucumán – Dirección General de Rentas (DGR) y Ministro de Economía a cargo del Tribunal Fiscal (por la confirmatoria).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Nulidad/Revocación de la Resolución Nº C-35/08 (24/01/2008) y su confirmatoria Nº 276 ME (19/8/2008), que impusieron clausura de ocho días y multa de $10.000 por falta de inscripción en el Impuesto a la Salud Pública.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de casación de la Provincia y se confirmó la sentencia de la Cámara que hizo lugar a la demanda, declaró la nulidad de las resoluciones administrativas sancionatorias y condenó a la recurrente a pagar las costas de la instancia de casación. Votos concurrentes de los doctores Goane, Estofán y la doctora Sbdar.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripción de párrafos relevantes del fallo (texto del tribunal):

1) “En el fallo atacado la Cámara hace lugar a la demanda promovida, por Visión Express Argentina S.A,. en contra de la Provincia de Tucumán y, consecuentemente, declara la nulidad de la Resolución Nº C-35/08 del 24/01/2008 dictada por el Director General de Rentas de la Provincia de Tucumán y de su confirmatoria Nº 276 ME del 19/8/2008 emanada del Ministro de Economía a cargo del Tribunal Fiscal en virtud de las cuales el Fisco provincial aplicara, a la razón social actora, una clausura de ocho días y una multa de $10.000 por la falta de inscripción en el Impuesto a la Salud Pública.

Luego de reparar en las implicancias económicas nocivas que supone para un negocio, ya de por sí afectado al albur del comercio, el Tribunal de grado considera que la doble sanción, consistente en una multa de importe significativo más una clausura que roza el máximo de tiempo legalmente permitido (diez días), resulta de una magnitud claramente desproporcionada en un contexto en el cual la contribuyente no registra otros incumplimientos tributarios, la infracción por la cual está siendo penalizada se extendió sólo por el lapso de siete meses, y la firma regularizó su situación en forma casi coetánea a la constatación de dicha falta y con anterioridad a la realización de la audiencia de descargo.”

2) “Deviene evidente, entonces, la ilegitimidad de las resoluciones declaradas nulas por el Tribunal de grado frente al hecho de que, la multa aplicada a la actora, supera en más de tres veces al máximo de la escala legal vigente al tiempo de cometerse la infracción formal sin que en razón de las garantías elementales que surgen de los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional, del artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que, el propio digesto tributario reconoce en su artículo 68, el Fisco pueda justificar válidamente aquella sanción pecuniaria a partir de lo dispuesto en una ley ex post facto. Se trata de un típico supuesto de violación de la ley aplicable que torna nulo, de nulidad absoluta, el acto administrativo que queda incurso en tal vicio (cfr. art. 48 inc. 2° de la Ley Nº 4.537).”

3) “La inaplicabilidad al caso de autos de la Ley Nº 7.890, en tanto norma punitiva posterior más severa, consolida a su vez el argumento dado por el A quo para descalificar, por excesiva e irrazonable la clausura que, conjuntamente con la multa de marras, conforman la pena en cuestión. Es que, en el contexto de una escala de mayor amplitud hacia abajo, la clausura dispuesta aparece como más gravosa todavía comparada con la hipótesis de que la misma sanción hubiera sido impuesta en el marco de la mentada ley de reforma pues, mientras que en el caso de autos, la pena ocupa el nivel ocho de la escala (de uno a diez días), en el régimen actual, se ubicaría en el grado seis (de tres a diez días).”

¿Cómo votaron los jueces?

No hubo disidencia; los tres votos (Goane, Estofán y Sbdar) adhirieron al rechazo del recurso.