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Tribunal Superior

SABRA CONSTRUCCIONES S.R.L. s/ -INCIDENTE DE REVISION PROMOVIDO POR DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA

La sindicatura del concurso impugnó la denegatoria de su revocatoria en incidente de revisión por la fijación de la base regulatoria y el cálculo de honorarios. La Corte hizo lugar a la casación por arbitrariedad al omitir la Cámara analizar el precedente invocado (Sent. N°405/2013) y ordenó anular y devolver las actuaciones para un nuevo pronunciamiento.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala Civil y Penal (TUCUMAN)
Fuero
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala Civil y Penal
Jurisdicción
Local · Tucuman
Expediente
53157
Concursal Incidente de revision Honorarios Base regulatoria Intereses Ley 5480 Art. 39 Arbitrariedad Casacion Restitucion para nuevo pronunciamiento

¿Quién es el actor?

Sindicatura del Concurso (J. Velárdez, Pulka y Asociados).

¿A quién se demanda?

Autos relacionados con Sabra Construcciones S.R.L. — Incidente de Revisión promovido por la Dirección General de Rentas de la Provincia; impugnación contra la sentencia de la Sala II de la Cámara Civil y Comercial Común (sent. N°168 de 28/04/2015).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se impugna la resolución que negó la revocatoria del art. 31 Ley 5480 sobre la regulación de honorarios de sindicatura en incidente de revisión; se cuestiona la exclusión de determinados intereses de la base regulatoria, errores en la metodología de cálculo (aplicación del art. 43 y división en etapas) y contradicción con normas arancelarias (Ley 7897/07, Ley 5480 arts. 39, 59) y jurisprudencia local.

¿Qué se resolvió?

Se hace lugar al recurso de casación; se casa y deja sin efecto en todas sus partes la sentencia recurrida; se ordena el reenvío para dictar nuevo pronunciamiento sobre los agravios; se consideraron inoficiosos los restantes agravios; costas de la instancia a quién corresponda; reserva sobre honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

«El agravio referido a los intereses a tasa pasiva que se aplicó a la suma que constituía la base regulatoria -computada para regular honorarios a los abogados de la concursada y al síndico- no puede prosperar […] Si bien es cierto que el art. 19 de la ley concursal dispone que la presentación en concurso produce la suspensión del curso de los intereses que devengue todo crédito de causa o título anterior a ella, este dispositivo no autoriza a fundar el cuestionamiento del recurrente […] Se ha dicho, en efecto, que la suspensión de los intereses dispuesta por la norma citada constituye un remedio previsto por el legislador ante la existencia de un patrimonio impotente para hacer frente a las obligaciones que lo gravan y con la finalidad de encontrar una más fácil salida para el deudor aquejado por dicha situación (Heredia, Pablo D., Tratado Exegético de Derecho Concursal. Ley 24.552 Comentada, Anotada y Concordada, T. 1, pág. 497; en términos similares lo explica Martorell, Ernesto E. (Dir.), Ley de Concursos y Quebras T. I, pág. 737). Se destaca que la medida consagrada por el art. 19 de la ley concursal procura de la cristalización del pasivo a la fecha de presentación en concurso y que fuera de las excepciones allí contempladas, comprende “todo crédito…siempre que el concursado sea deudor”, advirtiéndose que “la suspensión sólo tiene efectos respecto del concursado” (Junyent Bas-Molina Sandoval, Ley de Concursos y Quiebras Comentada, T. I, pág. 176) […] En esa línea de interpretación se ha expresado que “los honorarios del síndico, de los profesionales que lo asistieron, de quienes patrocinaron al fallido y al acreedor y de los peritos devengados en los incidentes de verificación tardía y de revisión –así como tantos otros- que son naturalmente posconcursales pero que por la condena en costas al acreedor pueden perseguir a una parte in bonis, en estos casos es indudable que no rige el régimen concursal, regulándose las situaciones conforme a la ley local donde … los intereses es procedente” (Pesaresi-Pessaron, Honorarios en Concursos y Quiebras, pág. 513) […] En mérito a las consideraciones vertidas al momento de analizar la normativa aplicable y las pautas para la determinación de la base regulatoria, permanece indemostrado el déficit que se imputa al tribunal en la resolución del tópico […] De la doctrina del pronunciamiento recurrido emerge que el tribunal respaldó el criterio conforme al cual a efectos de determinar los honorarios de la representación letrada de la concursada y del síndico -a cargo del acreedor revisionista condenado en costas- la base regulatoria no debía omitir el computo de los intereses correspondientes; criterio que guarda relación con la idea que es el marco económico del debate el que debe quedar representado en ese pie arancelario (arg. art. 39 inc. 1 de la Ley Nº 5480) […] Si se entiende que el monto del proceso en el presente incidente de revisión debe ser conceptualizado como el capital reclamado en la demanda con más sus intereses, la inclusión de los mismos no luce apartada de la directiva legal aplicable al caso (cfr. Arg. CSJT, sent. 665 del 12/9/2011, “Azucarera Independencia S.A. s/Quiebra”)»

«V.- Por todo lo expuesto, y en mérito a las razones apuntadas, corresponde hacer lugar al recurso intentado, debiéndose casar la sentencia recurrida, y dejarla sin efecto en todas sus partes, conforme la siguiente doctrina legal: “Resulta descalificable como acto jurisdiccional válido, la sentencia de Cámara que omite pronunciarse sobre la aplicación a la materia debatida de precedentes de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Provincia, expresamente invocados por la recurrente al provocar su jurisdicción”. Los autos deberán ser reenviados a fin de que por intermedio del Tribunal que corresponda se proceda a dictar nuevo pronunciamiento sobre los concretos agravios que habían provocado la actuación jurisdiccional ante la alzada.»

¿Cómo votaron los jueces?

Unanimidad de los tres vocales (Estofán preopinante; Gandur y Posse adhieren). Se impuso el bloque dispositivo final.

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