MARTINEZ DE CENA ELENA s/ SUCESION

¿Quién es el actor?

Dr. Leandro Quintans, por derecho propio, en calidad de recurrente contra la regulación de sus honorarios.

¿A quién se demanda?

Sentencia de fecha 21/11/2011 dictada por el Juzgado de Familia y Sucesiones de la 9ª Nominación (acto recurrido).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se impugnan los honorarios regulados al letrado; la apelación cuestiona la cuantía (se entiende que por bajos) de la regulación realizada conforme ley 5480 y la ley arancelaria.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de apelación y se confirmó la resolución de fecha 21/11/2011 que reguló los honorarios, manteniéndose la elevación al mínimo legal y el incremento del 55% por intervenir por derecho propio, con el monto final de $2.015.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Que entrando a analizar la sentencia de fecha 21/11/2011 se constata que se regularon los honorarios del letrado apelante aplicando todas las pautas contenidas en la Ley 5480 y si bien en los términos en que se formuló el escrito de apelación no se precisó el objeto de la misma porque no se aludió ni a la base ni a que los honorarios fueran altos o bajos y tampoco se cuestionó su procedencia o la normativa aplicada para la regulación, se ha entendido que tratándose de aquel modo impreciso de apelar y habiendo sido interpuesta dicha apelación por el letrado, por derecho propio, debe entenderse que se está recurriendo los honorarios por bajos. Este criterio amplio es el que tradicionalmente ha seguido la jurisprudencia tucumana y es el que propician Larroza- Taranto y al que adherimos, toda vez que se compadece con el texto y finalidad del art. 31 de la ley 5480 ("Honorarios de Abogados y Procuradores - Alberto José Brito - Cristina J. Cardozo de Jantzon, pág. 143"). Por lo tanto, si simplemente se apela, el recurso no se sustancia, sino se concede (obviamente si están dados los requisitos de admisibilidad) y la Cámara los revisará si son altos o bajos (según el interés del recurrente)."

"En este caso concreto la base se determinó aplicando los arts. 68 inc. 2, 38 y 44 de la ley arancelaria y al expresar la Sra jueza que el monto calculado no alcanza el mínimo legal , lo eleva al valor de una consulta escrita."

"En este sentido y teniendo en cuenta que, al tiempo del dictado de la resolución, el monto de una consulta escrita determinada por el Colegio de Abogados de la Provincia era de $1300, la regulación practicada resulta ajustada a derecho y atento a que el letrado intervino por derecho propio, la suma se elevó a un 55 % de acuerdo a lo normado en el art. 14 de la ley 5480 ascendiendo los emolumentos a $2015 (dos mil quince pesos)."

¿Cómo votaron los jueces?

El acuerdo resolutivo aparece firmado por las Dres. Marta Paz de Centurión y Ester J. Valderrabano de Casas; no constan disidencias en el dispositivo, por lo que la decisión de confirmar la resolución es la del tribunal.