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Tribunal Superior

PROVINCIA DE TUCUMAN D.G.R. c/ MIJASI S.R.L. s/ EJECUCION FISCAL

La Provincia de Tucumán (D.G.R.) promovió ejecución fiscal contra Mijasi S.R.L. por retenciones omitidas del impuesto sobre los Ingresos Brutos. La Sala rechazó el recurso de casación y confirmó la validez del tratamiento en sede ejecutiva de la excepción de inconstitucionalidad del Decreto 1961/3, sosteniendo que el agente de retención está legitimado para plantearla y que el decreto es constitucional.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala Civil y Penal (TUCUMAN)
Fuero
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala Civil y Penal
Jurisdicción
Local · Tucuman
Expediente
35508
Legitimacion Inconstitucionalidad Ejecucion fiscal Agente de retencion Ingresos brutos Delegacion legislativa Inhabilidad de titulo Alicuota 0% Decreto 1961/3 Habilitacion en juicio ejecutivo Nota: la decision final de la sala rechazo el recurso de casacion Hubo votos en disidencia que propusieron casar la sentencia de camara por omision de agravios o por otros fundamentos.

¿Quién es el actor?

Provincia de Tucumán - Dirección General de Rentas (D.G.R.).

¿A quién se demanda?

Mijasi S.R.L. (ejecutada, agente de retención).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Ejecución fiscal por importes de Ingresos Brutos por omisión de retenciones (agente de retención), y solicitud de rechazo de la excepción de inconstitucionalidad del Decreto Nº 1961/3.

¿Qué se resolvió?

La Corte rechazó el recurso de casación de la actora, confirmando en consecuencia la procedencia, en sede ejecutiva, del tratamiento de la excepción de inconstitucionalidad planteada por la ejecutada y la legitimación del agente de retención para oponerla; en definitiva, se dejó sin efecto la pretensión de casación y se impusieron costas de la instancia.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripción de párrafos relevantes (texto original del tribunal):

1) Sobre admisibilidad y alcance del juicio ejecutivo para examinar inconstitucionalidad:

“Es que no puede exagerarse el formalismo hasta el extremo de admitir una condena por deuda inexistente, cuando esto resulta manifiesto de autos, circunstancia que importaría un grave menoscabo de garantías constitucionales... En virtud de tal razonamiento, no puede sino concluirse que si la norma en la que se basa el título que se pretende ejecutar resulta manifiestamente inconstitucional, la deuda deviene inexigible y tal fundamento resulta viable de articularse como excepción en un proceso ejecutivo.”

2) Sobre legitimación del agente de retención:

“Desde el momento que los vínculos obligacionales, del contribuyente directo y del agente de retención, integran una sola relación jurídica tributaria, la consecuencia de la mentada solidaridad es que ‘extinguida la obligación para uno de los deudores, queda también extinguida para los restantes’... de lo que se desprende el indubitable interés del agente de retención en obtener la declaración de nulidad de la relación sustancial fiscal; ergo, lo legitima para formular una pretensión como la que nos ocupa.”

3) Conclusión sobre el fondo (síntesis que determinó el rechazo del recurso de casación):

“Por las consideraciones ut supra desarrolladas, el cuestionamiento que efectúa el recurrente a la aplicación –por parte del a quo– del precedente jurisprudencial ‘Los Balcanes’... no es receptable. En dicho contexto, la sentencia impugnada se ajustó adecuadamente a las pautas y a la doctrina judicial establecida por esta Corte y, por ende, no presenta ningún vicio que justifique su descalificación. En tal marco, el juzgamiento del sentenciante luce acertado; no logrando -el impugnante- conmover la lógica desplegada en el decisorio.”

¿Cómo votaron los jueces?

El voto preopinante del señor vocal Dr. Daniel O. Posse proponía hacer lugar al recurso de casación (voto por casar la sentencia de Cámara) con fundamentación a favor de la constitucionalidad de la delegación y del Decreto, y concluyendo a favor de la actora.

La Dra. Claudia B. Sbdar votó en disidencia apoyando la nulidad por incongruencia de la sentencia de Cámara por omisión de considerar agravios concretos (petición de casar y remitir a la Cámara).

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