EL CARMEN S.A. c/ PROVINCIA DE TUCUMAN -D.G.R.- s/ INCONSTITUCIONALIDAD

¿Quién es el actor?

No corresponde (es un recurso deducido por la Provincia de Tucumán vía su letrado Francisco Landívar contra una parte del fallo).

¿A quién se demanda?

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán (impugnación del punto III de la sentencia N° 1041/31/08/2023).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se pretende la revocatoria in extremis del punto III de la sentencia N° 1041/2023 que impuso costas por el orden causado; se alega error material y afectación al cobro de honorarios.

¿Qué se resolvió?

Se declaró inadmisible el recurso de revocatoria in extremis y se confirmó la imposición de costas como consideró el tribunal; se reservaron pronunciamientos sobre honorarios para su oportunidad.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

V. "Esta Corte tiene dicho que el recurso de revocatoria in extremis constituye una creación pretoriana que no se encuentra contemplada en la ley procesal local y reviste carácter excepcional y subsidiario (CSJT: sentencias Nº 884 del 28/9/2006; N° 380 del 04/5/2009; N° 419 del 11/5/2009; N° 1100 del 05/12/2012; N° 1436 del 21/11/2016). Esta figura atípica requiere la existencia de un marco de excepción que lo habilite; dado el necesario balance que debe existir entre los valores de justicia y la seguridad jurídica. No cualquier presentación puede ser receptada en este marco excepcional y requiere una serie de condiciones para su implementación. La inexistencia de otra vía, la gravedad del hecho, la oportunidad en la que se tuvo conocimiento del motivo que habilita el recurso, etc.; son circunstancias ineludibles para analizar la admisibilidad del recurso in extremis (CSJT: sentencias N° 444/2005 del 03/06/2005). En este orden se dijo que: 'sólo resulta atendible cuando las circunstancias del caso demuestran la consumación de una grave injusticia' (CSJT: sentencias Nº 587 del 10/6/2015; N° 1312 del 02/12/2015). La doctrina enseña que, la revocatoria in extremis, es pertinente para intentar subsanar errores materiales y de manera excepcional, yerros esenciales, groseros y evidentes, que generen un agravio trascendente para una o varias partes. También se enfatizó que 'los recursos in extremis -de excepcional admisibilidad-, pueden atenderse cuando las circunstancias del caso demuestren una ostensible consumación de grave injusticia' (CSJT: sentencia Nº 521 de fecha 27-6-2000; Nº 884 de fecha 28-9-2006; Nº 380 de fecha 04-5-2009 y Nº 419 de fecha 11-5-2009)."

VI. "Hechas las precisiones precedentes, se advierte que la presentación es manifiestamente inadmisible, atento a que no se ha demostrado la concurrencia de error material alguno que amerite la instancia excepcional intentada, ni mucho menos la consumación de una grave injusticia. Los argumentos del recurrente reposan en una triple confusión. En primer lugar, es importante destacar que, no hay necesariamente, causas idénticas sobre una misma cuestión. La imposición de costas surge del examen que el Tribunal debe hacer de la actividad procesal de las partes (escritos presentados), de la actividad intelectual de las mismas (existen planteos de diferentes letrados sobre temas idénticos con variados desarrollos argumentales), de la complejidad de la cuestión debatida (la que a su vez es tributaria de los argumentos propuestos y de la novedad -que puede surgir tanto de una reforma normativa, como de un planteo original, o de circunstancias fácticas diversas), de la conducta procesal desplegada en el juicio (la buena fe procesal, conductas dilatorias, etc.). Todas estas circunstancias surgen evidentes del propio expediente y su sola referencia basta para tener por motivada la decisión sobre costas. En segundo lugar, no existen motivaciones contradictorias entre los diferentes vocales que integran el Tribunal, dado que la complejidad y la novedad, o la remisión a todo lo considerado; son motivaciones complementarias que pueden inspirar soluciones idénticas y cuya propuesta no excluye ni enerva la solución a la que arriban. En tercer lugar, el art. 105 del CPCCT -que regula la imposición de costas-, prevé una consecuencia normativa genérica: la imposición de costas a la vencida y varias consecuencias normativas específicas, entre ellas, la del inc. 1º. Este inciso faculta al Juez para valorar las circunstancias y -según éstas-, disponer las costas de forma diferente. Más allá de los usos convencionales del lenguaje jurídico, la decisión adoptada no importa apartamiento alguno de la norma ni de ningún principio vigente. Desde el punto de vista lógico, el Tribunal sólo hizo la adecuación de su decisión a uno de los tres presupuestos normativos previstos en su estructura lógica, para disponer la imposición de las costas por su orden. Amén de lo expuesto, tampoco se advierte una grave injusticia ni error judicial alguno, ni mucho menos que el fallo devenga arbitrario porque se disponga la imposición de costas de conformidad a lo previsto en la norma procesal. Tampoco puede aducirse gravamen alguno ni 'afectación a la sociedad', o 'al servicio de justicia' o se haya producido 'una grave injusticia' porque un letrado no cobre honorarios a la parte vencida por aplicación de las normas vigentes, pues en estos casos podrá ocurrir para cobrar a su poderdante o podrá estar amparado bajo un régimen que prevea una forma diferente para ser remunerado por su tarea, como suele ocurrir con los profesionales que trabajan para la Administración Pública. Por último, se advierte un grave déficit argumental en el escrito recursivo atento a que se limita a referir consideraciones genéricas y no circunstanciadas en los hechos de la causa ni en derecho alguno que sustente la pretensión. El escrito recursivo expresa un mero disenso, vacío de referencias concretas que justifiquen y expliquen su pretensión. La cita de un precedente jurisprudencial, como la realizada por el letrado, sin que se demuestren coincidencias específicas entre los presupuestos fácticos, que habiliten la analogía pretendida no puede validarse como una motivación suficiente, deviniendo en improponible la presentación intentada."

VII. "En virtud de lo considerado, corresponde declarar inadmisible el recurso de revocatoria in extremis deducido por el letrado Francisco Landívar en contra del punto III de la sentencia N° 1041 de fecha 31 de agosto de 2023, dictada por este Máximo Tribunal y con imposición de costas a la vencida en virtud de los principios generales vigentes en la materia."

¿Cómo votaron los jueces?

El elemento decisorio es el bloque resolutorio final que declara la inadmisibilidad; no se consignan votos en disidencia en el dispositivo.