PROVINCIA DE TUCUMAN -D.G.R.- c/ LUNA MIGUEL ANGEL s/ EMBARGO PREVENTIVO

¿Quién es el actor?

Provincia de Tucumán - D.G.R.

¿A quién se demanda?

Luna Miguel Ángel

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Embargo preventivo dictado por la DGR en tutela de un certificado/acta de deuda Nº45/2010 referido a Ingresos Brutos (períodos desde 2001).

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de apelación de la Provincia y se confirmó la sentencia de fecha 20/09/2012 que no hizo lugar al embargo preventivo. Se impusieron las costas por el orden causado.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El certificado de deuda emitido, si bien es un instrumento público en cuanto está suscripto por un funcionario público autorizado, hace plena fe de que se trata de una deuda presunta (fs.2/3) y no comprueba la existencia de un crédito fiscal exigible, no es un título ejecutivo, como lo sería la Boleta de Deuda expedida por la Autoridad de Aplicación que menciona el art. 172 del CT. Y decimos que no lo es en razón de que en la determinación de oficio del ajuste tributario no intervino el contribuyente, como reza el art. 98 del CT. Y tampoco se encuentra firme toda vez que ha sido impugnada por el demandado, de manera que el proceso administrativo continúa.

En cuanto al peligro en la demora no se aprecia daño al fisco para lograr la recaudación puesto que cuenta con los institutos cautelares previstos en el C.P.C. de los que ha hecho uso hasta ahora en el cumplimiento de dicho fin con resultado satisfactorio, por lo que no se aprecia afectación al orden y al interés público.

El actor no indicó cual es el interés jurídico, la razón de la medida cautelar peticionada; el peligro por la eventual insolvencia en que pueda caer el deudor, o que trata de enajenar u ocultar sus bienes, debe procurar demostrar que ha disminuido apreciablemente su solvencia y no basta el simple temor, deben ser hechos apreciables objetivamente. La Autoridad de Aplicación ni siquiera alegó la existencia de circunstancias, ni indicios concretos que hagan presumir una conducta del contribuyente tendiente a eludir sus obligaciones tributarias, ni que la pretensión tributaria que se intenta hacer valer se vuelva ineficaz por el transcurso del tiempo, ni se observan actitudes evasivas, hostiles ni reticentes por parte del contribuyente.

Por otra parte observamos cierta incongruencia que se pueda alegar que hay peligro en la demora, toda vez que se reclaman períodos que arrancan desde el año 2001, se dejó transcurrir largamente varios años para detectar el supuesto déficit impositivo de la demandada y ejecutar recién en el año 2012. Esta demora de la Administración se pretende ahora enmendar por la vía de cautelares."

(Voto y dispositivo: "NO HACER LUGAR al recurso de apelación..."; "COSTAS por el orden causado".)