PROVINCIA DE TUCUMAN -D.G.R.- c/ C.E.G. CONSTRUCCIONES S.A. s/ EJECUCION FISCAL

¿Quién es el actor?

PROVINCIA DE TUCUMÁN - D.G.R. (parte actora en esta alzada).

¿A quién se demanda?

C.E.G. CONSTRUCCIONES S.A. / letrado ejecutante Leandro Stok (ejecución de honorarios).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Ejecución de honorarios ordenados en $6.300 (más IVA, más 10% ley 6059 y acrecidos). Cuestión principal: inconstitucionalidad de las leyes 8753, 8228, 8826, 8851 y del Decreto Reglamentario nº 1583/16 en lo que consagra la inembargabilidad de fondos presupuestarios y el sistema de inscripción y prioridad de pago (Registro de Sentencias Condenatorias y orden estricto de antigüedad).

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Provincia y se confirmó la sentencia de fecha 09/04/2018 que declaró la inconstitucionalidad parcial de la Ley 8.851 y su Decreto reglamentario en los términos que afectan el cobro de créditos alimentarios (honorarios). Se impusieron costas por el orden causado, se reservaron honorarios y se recomendó a la a-quo cumplir estrictamente el trámite de ejecución de sentencia.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripción de los párrafos más relevantes (literalmente, manteniendo el lenguaje del tribunal):

"Resulta propicio transcribir otros artículos pertinentes de la indicada ley nº 8851(BO: 29/3/2016):

Art.2: 'Los fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del Sector Público, ya sea que se trate de dinero en efectivo, depósito en cuentas bancarias, títulos, valores emitidos, obligaciones de terceros en cartera y en general cualquier otro crédito y/o medio de pago que sea utilizado para atender las erogaciones previstas en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para la Administración Pública Provincial, son inembargables'.

El art..4 del mismo ordenamiento legal establece: 'Fiscalía de Estado deberá tomar conocimiento fehaciente de la condena judicial firme antes del 31 de Julio de cada año, debiendo remitir a la Secretaría de Hacienda hasta el 31 de Agosto el detalle de los juicios con sentencia condenatoria que cuenten con planillas firmes a incluir en el proyecto de presupuesto. Los recursos asignados anualmente por el Poder Legislativo de la Provincia se afectarán al cumplimiento de las condenas siguiendo un estricto orden de antigüedad, conforme la fecha de notificación judicial de la planilla firme y definitiva'."

"En rigor, entonces, el acto de tomar conocimiento fehaciente de la condena judicial firme, a pesar de la trascendencia que tiene para el logro del pago, depende de la conducta que adopte un órgano del propio deudor, sin que tenga definido un plazo para materializarla. Tal circunstancia compromete severamente la eficacia del sistema, atento a que recién con la toma de razón se perfecciona la inscripción de la sentencia en el Registro."

"Siendo ello así, entonces, surge manifiesta la irrazonabilidad de la última parte del artículo 4 de la Ley Nº 8.851 (y consecuentemente del artículo 2 de su Decreto reglamentario) en cuanto estatuye un sistema rígido que no contempla en su letra ninguna situación especial o de excepción, en la medida que se circunscribe a fijar como criterio dirimente para establecer la prioridad temporal de pago de las acreencias contra el estado, el 'estricto orden de antigüedad, conforme la fecha de notificación judicial de la planilla firme y definitiva' (art. 4, último párrafo, Ley Nº 8.851)... De allí que la ausencia de un tratamiento diferenciado al que la Ley y su Decreto reglamentario someten a las deudas del estado, sin aprehender una circunstancia atendible como la de marras, conduce indefectiblemente al resultado disvalioso de que, en la práctica, se vean satisfechas primeramente obligaciones que no participan de las condiciones necesarias para merecer un despacho preferente, en desmedro de otras -como la que nos ocupa-, que sí ostentan tales características. Por lo tanto, ante la omisión de previsión en la legislación en examen de una excepción al principio general establecido en aquella para ordenar temporalmente el pago de las deudas, que tome en consideración la naturaleza alimentaria del crédito impago, no existe otro camino que declarar, para el caso, la inconstitucionalidad del último párrafo del art. 4 de la Ley Nº 8.851 (...) y del art. 2 de la precitada Ley Nº 8.851 (en cuanto consagra la inembargabilidad de los fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del sector público)."

"Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de la parte actora y confirmar la sentencia apelada."

(No se consignan votos en disidencia; el bloque resolutivo expresa la decisión mayoritaria.)