GUTIERREZ NORA ROSA c/ CARRO ROBERTO J.A. s/ DESPIDO

¿Quién es el actor?

Gutiérrez Nora Rosa.

¿A quién se demanda?

Carro Roberto J.A.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

En el marco de un juicio por despido, la actora solicitó el embargo de los haberes jubilatorios percibidos por el demandado (depositados en el Banco del Tucumán) para hacer efectivo su crédito.

¿Qué se resolvió?

La Cámara del Trabajo, Sala III, NO HIZO LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la actora contra el decreto de fecha 28/2/18 que rechazó el pedido de embargo; remitió los autos al juzgado de origen; impuso costas por el orden causado; honorarios oportunamente.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

“VI. El Art. 14 de la Ley 24.241 -en el cual se funda el decreto apelado- reza lo siguiente: ‘Las prestaciones que se acuerden por el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones reúnen los siguientes caracteres: (…) c) Son inembargables, con la salvedad de las cuotas por alimentos y litisexpensas...’

La norma es clara y no presenta dudas intepretativas. Como el propio recurrente reconoce, lo que pretende embargar para hacer efectivo su crédito, es el haber jubilatorio del demandado, lo cual es a todas luces imporcedente a la luz de la norma analizada.

El hecho de que el monto de la jubilación sea alto o bajo no modifica esta conclusión, ya que la ley no prevé excepciones de esa índole.

‘...cabe señalar que dicha normativa no establece ningún límite, requisito, ni condicionamiento de la inembargabilidad de los haberes previsionales, y no resulta derivación razonada del derecho vigente condicionar, por vía judicial, tal inembargabilidad a la existencia de determinadas circunstancias que la legislación no exige. Frente al texto expreso, claro e incondicional de la ley, con explícitas y taxativas excepciones a la inembargabilidad que establece, no es dable a los jueces, en atención a las particulares circunstancias de la causa, pasar por sobre el texto de la norma, so riesgo de que, al hacerlo, se arroguen el papel de legislador. Es que las leyes deben interpretarse conforme el sentido propio de las palabras, computando que los términos empleados no son superfluos sino que han sido empleados con algún propósito, sea de ampliar, limitar o corregir los conceptos (Fallos: 200:165 -citado en Fallos: 316:2734-). Tampoco la inconsecuencia o falta de previsión del legislador se suponen (Fallos: 306:721; 307:518).’ (CSJT, Robles Benjamín Gregorio vs. Pascual María Silvia S/ Cobro de alquileres, sentencia del 26/11/2007).

En cuanto a la desigualdad de trato que invoca el apelante, cabe traer a colación los fundamentos de nuestro máximo Tribunal en autos Zerda Claudia Elizabeth vs. Rogel Carlos Rolando S/ Cobros (26/2/17) donde señaló lo siguiente: ‘El art. 14 inc. c) de la ley 24.241, dispone que las prestaciones que se acuerden por el SIJP son inembargables, con la única salvedad de las cuotas por alimentos y litisexpensas, por lo que -a tenor del planteo efectuado- cabe preguntarse si la excepción a la inembargabilidad, circunscripta únicamente a esta clase de créditos con prescindencia de los de carácter laboral, afecta o no el principio de igualdad ante la ley establecido por el art. 16 de la Constitución Nacional. Es preciso señalar que más allá del carácter alimentario que revisten ambas clases de acreencias, los créditos laborales no resultan asimilables a los créditos por alimentos a los que se refiere el art. 14 inc. c) de la ley 24.241. Ellos han sido nítidamente diferenciados en doctrina, señalándose que si bien el salario está protegido en la forma que lo presenta la legislación laboral, ello no significa que constituya concretamente una obligación alimentaria del empleador, que debe la remuneración como consecuencia del contrato de trabajo, y no por una vinculación familiar o matrimonial (Vázquez Vialard, Antonio y Ojeda, Raúl Horacio, Ley de Contrato de Trabajo comentada, Tomo II, Ed. Rubinzal-Culzoni, pág. 88). Se impone la respuesta negativa al interrogante planteado, pues de lo señalado se desprenden las notas que diferencian a ambas clases de obligaciones, ya que lo que determina el derecho al cobro de alimentos, es el vínculo jurídico familiar o matrimonial que une al sujeto acreedor con el obligado al pago, situación que no se presenta en los créditos originados con motivo de una relación laboral, y que justifica un tratamiento diferenciado de esta clase de créditos en cuanto a las excepciones admitidas al principio de inembargabilidad de las jubilaciones. La regulación legal cuestionada no establece una situación de privilegio para un determinado sector de habitantes del país, y teniendo en cuenta que el principio de igualdad consagrado en la Constitución, debe ser entendido como la obligación de tratar legalmente de un modo igual a los iguales en iguales circunstancias, lo dispuesto en el Art. 14 inc. c) de la ley 24.241, en cuanto sólo exceptúa a los créditos laborales y por litisexpensas del principio de inembargabilidad de las prestaciones jubilatorias, no contraría el art. 16 de la Constitución Nacional.’”

¿Cómo votaron los jueces?

El Sr. Vocal Adolfo J. Castellanos Murga redactó el voto principal que propuso rechazar el recurso; la Sra. Vocal Marcela B. Tejeda adhirió expresamente “en idéntico sentido”. No hay disidencia.

Fechas y trámites relevantes: decreto apelado de fecha 28/2/2018; el expediente principal registra sentencia judicial del 31/10/2017 notificada 18/12/2017; sentencia de la Cámara dictada el 31/8/2018.