PROVINCIA DE TUCUMAN c/ LOPEZ DE GONZALEZ MARIA ROSA Y OTRO s/ COBRO (SUMARIO)
La Provincia de Tucumán reclamó el pago de saldos de un mutuo concertado en 1994 por U$S 1.500, reclamando $1.243,36 por cuotas impagas. La Cámara hizo lugar parcialmente a la apelación: declaró no prescrita la acción respecto del capital adeudado (condena solidaria de $1.243,36) y declaró prescritos los intereses reclamados.
¿Quién es el actor?
Gobierno de la Provincia de Tucumán.
¿A quién se demanda?
María Rosa López de González y Miguel Ángel González.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Cobro de saldo de un préstamo (mutuo) originado el 12/09/1994; se reclama la suma de $1.243,36 por cuotas impagas y el pago de intereses, gastos y costas.
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar parcialmente al recurso de apelación de la actora; se dejó sin efecto la sentencia de primera instancia en cuanto había hecho lugar a la prescripción liberatoria respecto del capital; se desestimó la defensa de prescripción respecto del capital y se declaró prescrita la acción respecto de los intereses. Se condenó solidariamente a los codemandados a pagar $1.243,36 en 10 días; costas por el orden causado; se reservó pronunciamiento sobre honorarios.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"2.- El crédito reclamado en autos tiene origen en un contrato de mutuo. La genérica negativa de la deuda alegada por los accionados no cuenta con apoyo en las constancias de la causa, toda vez que la relación contractual ha sido probada con la documentación que se agrega a fs. 2/11 de autos, no desconocida por ellos. Tampoco negaron las firmas que se les atribuyen ni los hechos expuestos en la demanda, limitándose a reclamar la ausencia del pagaré que habrían suscripto como instrumento imprescindible para el progreso de la demanda. Planteo éste que no puede tener acogida, si se repara que la actora no demandó el cobro de la acreencia por la vía ejecutiva sino mediante acción de conocimiento sumario. La documentación acompañada con la demanda indica que en su condición de dependientes de la entidad financiera, los accionados solicitaron un préstamo personal cuyas condiciones de pago resultan de la solicitud agregada en copia a fs. 3, reproducidas en el instrumento agregado a fs. 7, por el que se comprometieron a abonar el importe del crédito en veinticuatro pagos mensuales, iguales y consecutivos, cuyo vencimiento produciría automáticamente la mora (cc. art. 509, inc. 1°, Cód. Civil), sea por capital o intereses. Ante el silencio de los demandados -cuya defensa se ha centrado en la prescripción de las acciones entabladas- cabe tener por reconocidas las firmas insertas en la solicitud del crédito y nota y liquidación (arg. arts. 919, 1031 y cc., Cód. Civil; cc. -ex- art. 299 inc. 2, CPCC).
El préstamo a interés otorgado por una entidad financiera es comercial, aunque el dinero no se destine a uso comercial y quien lo recibe no sea comerciante (arg. art. 8, inc. 3, Cód. de Comercio). Se trata de un mutuo mercantil, celebrado por una institución bancaria y regido por las disposiciones del Cód. de Comercio, que no fija un plazo especial de prescripción para la obligación de restituir el capital del mutuo, sino solamente la prescripción de los intereses del capital dado en mutuo. Ello así, la acción tendiente a obtener la restitución del capital prescribe a los diez años, pues en ausencia de un plazo específico se aplica el decenal ordinario que prevé el art. 846 del mismo código, que constituye la regla general en la materia, aplicable para todos aquellos supuestos no contemplados de manera expresa en el mismo código o en leyes especiales."
"3.- Efectuadas estas precisiones, se verifica que la sentencia apelada desatiende la realidad del caso, al identificar la fecha de celebración del mutuo y depósito del dinero a disposición del tomador, con la exigibilidad de la obligación de restituir, sin reparar en el modo de cumplimiento pactado por las partes. La cuestión central a resolver es la determinación del dies a quo para el cómputo del plazo de prescripción, cuando el cumplimiento de la obligación ha sido fraccionado en cuotas periódicas. En esta hipótesis, la exigibilidad de cada una de ellas no es contemporánea al nacimiento de la obligación, ni se trata de un plazo único para el cumplimiento de la totalidad de la deuda, porque voluntariamente las partes acordaron fraccionarla en pagos iguales y consecutivos. Al diferir de este modo la exigibilidad, la mora automática de cada cuota habrá de producirse al tiempo de sus respectivos vencimientos, porque antes de ello no eran exigibles ni por ende, cumplibles por los deudores. Rigen los principios generales establecidos por la ley sustantiva para el cómputo del plazo de prescripción, entre ellos, la regla de que el curso de la prescripción corre desde que el acreedor tiene expedita su acción. Y mediando plazos, es menester distinguir la existencia de la obligación, de su exigibilidad, ya que en el caso de una deuda única dividida en cuotas, el curso de la prescripción se inicia, para cada una de ellas, desde que sean respectivamente exigibles.
En concordancia, tiene dicho la Suprema Corte provincial que “El art. 3957 CC establece que la prescripción de los créditos que son a término cierto no principia sino desde el vencimiento del término. Ocurre que la prescripción se vincula a la acción y no a la relación jurídica en sí, por ello, cuando excepcionalmente ellas están disociadas (como en la operación de autos en que se ha establecido un plazo de cumplimiento), no coincide el comienzo del cómputo de la prescripción con el día de la fecha de la obligación. Es que la relación jurídica existe desde su constitución pero no así la acción, ya que ésta no puede tener existencia mientras el titular de la primera carece de la posibilidad de actuar eficientemente, o sea, hasta el vencimiento del plazo (conf. Bueres-Highton, Cód. Civil y Normas Complementarias, comentario art. 3956). En estos casos, la prescripción está ligada a la exigibilidad y ésta determina la acción por ende, si no se puede demandar hasta que la cuota no esté impaga -al vencimiento del plazo de la misma-, no se puede iniciar el cómputo de la prescripción” (cfr. CSJTuc., sentencia N° 124 del 07/3/2005)."
"5.- Distinto sucede respecto de los intereses también reclamados por la actora, toda vez que por expresa disposición legal, la accesoriedad de la deuda de intereses no rige en materia de prescripción liberatoria. El art. 847, inc. 2 del Cód. de Comercio prevé un plazo de cuatro años para que opere la prescripción de los intereses del capital dado en mutuo. La norma aprehende toda clase de intereses, compensatorios, moratorios y punitorios, en tanto sean líquidos y exigibles, y dispone un plazo más breve que la regla general, lo que según ha sido dicho, responde al propósito de evitar que llegado el momento se extorsione al deudor, dejando transcurrir largos plazos sin reclamar el pago de los intereses u otros accesorios, para luego requerirlos acumulados en una suma extraordinaria (cfr. Fernández-Gómez Leo, Tratado Teórico Práctico de Derecho Comercial, T. IV, pg. 669 y ss.). En el caso, la deuda de intereses se encontraba prescripta al tiempo de interposición de la demanda, por lo que a su respecto la sentencia debe mantenerse. El capital de condena sólo devengará intereses en caso de que, firme la presente sentencia, los codemandados no cumplan en el plazo fijado a tal efecto. Vencido el mismo, se computarán intereses a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, desde que el pronunciamiento quede firme y hasta su total y efectivo pago."
¿Cómo votaron los jueces?
La decisión fue acordada por mayoría (votos de las Dras. Laura A. David y Marcela F. Ruiz). No hubo disidencia relevante.
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