SUCH VICTOR EDUARDO Y OTRA c/ DOMINGUEZ OSCAR ASUNCION Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS

¿Quién es el actor?

SUCH Víctor Eduardo y otra (parte actora).

¿A quién se demanda?

Oscar Asunción Domínguez (demandado principal), además de Mariela del Valle Bollea Marquez (titular registral del camión), Graciela del Valle Marquez (propietaria del acoplado) y Cooperativa de Seguros Rivadavia Limitada (aseguradora), en el marco de autos por daños y perjuicios.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Pedido de embargo preventivo como medida cautelar para asegurar una eventual sentencia por daños y perjuicios derivados de un siniestro; el a quo había desestimado la medida solicitada.

¿Qué se resolvió?

La Cámara hizo lugar parcialmente al recurso de apelación, revocó en parte la sentencia de fecha 27/02/2013 y ordenó trabar embargo preventivo sobre fondos que el demandado Oscar Asunción Domínguez posea en entidades financieras hasta cubrir la suma de $1.124.960, previa caución del solicitante. Confirmó la negativa en lo que respecta a titulares registrales y la aseguradora por falta de acreditación del peligro en la demora.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Uno de los supuestos específicos que ha previsto el legislador en materia de embargo preventivo, está dado por la circunstancia de que quien lo solicite hubiere obtenido sentencia favorable, aún cuando sea apelada (art. 233 inc. 1 apartado a) CPCC), pues en tal hipótesis la declaración que contiene el pronunciamiento jurisdiccional constituye suficiente verosimilitud en el derecho.

Esta Cámara, dando respuesta al interrogante de si corresponde despachar medidas cautelares cuando se invoca como fundamento el art. 233 inc. a) del C.P.C. y C. basado en que en sede Penal se dispuso la elevación a juicio del autor presunto del hecho dañoso ha resuelto que: “…con la modificación del Cód. de Procedimientos en lo Penal, ha desaparecido el auto de procesamiento con el que se consideraba suficientemente cumplido tal requisito al asignarse al término "sentencia" contenido en la norma procesal un sentido amplio, es decir comprensivo de cualquier resolución judicial que haga verosímil el derecho que se invoca y la posible responsabilidad del afectado por aquella. La requisitoria fiscal implica el cierre de la etapa instructoria resultando de ella la imputación concreta a una persona y la calificación que corresponde al delito, por lo que, ya en anterior pronunciamiento de la Sala Ia., con integración parcial de esta Sala, se dio a la misma, equivalencia con el anterior auto de procesamiento (Cf. "Juarez de Valdez c/ El Ranchilleño s/ Daños", Sentencia Nº 274, del 25/10/93), por lo que mediante ella debe considerarse cumplido el mencionado requisito de la norma procesal civil, teniendo en cuenta que la misma no exige que se encuentre firme, es decir que procede aún cuando fuera apelada ya que en la especie sólo se trata de un embargo preventivo donde sólo se requiere "apariencia" del interés jurídico”. (CCCC, Sala I, sent. Nº 202, 28/05/2007)"

"No obstante ello, y tal como lo señalara el a quo, conforme al criterio sentado reiteradamente por éste Tribunal, en los juicios por daños y perjuicios, el auto de requerimiento de elevación a juicio dictado en sede penal sólo tiene la virtualidad asignada por el artículo 233 inciso 1, apartado a) –presunción de concurrencia de los presupuestos de admisibilidad de las medidas cautelares en virtud de sentencia favorable- cuando la medida está dirigida contra el responsable directo, mas carece de dicho efecto en relación al responsable indirecto."

"Con sujeción a las anteriores precisiones se advierte que asiste razón a la apelante respecto a la procedencia del embargo preventivo solicitado en relación al demandado principal, Oscar Asunción Domínguez.

En lo que respecta a los titulares registrales y a la aseguradora, en cambio, en aplicación de la doctrina precitada cabe confirmar el decisorio en crisis por cuanto para despachar favorablemente la medida en relación a éstos, la actora debió acreditar la concurrencia de los requisitos básicos de procedencia de toda cautelar, esto es, verosimilitud del derecho y peligro en la demora, circunstancia esta que no luce configurada en la especie.

Ello así por cuanto aún en el entendimiento de que la requisitoria fiscal es un instrumento idóneo para acreditar sumariamente la verosimilitud del derecho de la parte actora (art. 218 CPCT), no resulta apto para justificar el peligro en la demora, extremo éste que no ha sido en modo alguno acreditado por el peticionante."

¿Cómo votaron los jueces?

no se consignan disidencias en el texto final; la resolución consignada en el bloque dispositivo es la que constituye la decisión del tribunal.