ESCAT ANA MARIA c/ CAJA POPULAR DE AHORROS DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN s/ INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

¿Quién es el actor?

Escat Ana María (actora).

¿A quién se demanda?

Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán (demandado).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Acción por incumplimiento de contrato; en el trámite, la actora solicitó beneficio para litigar sin gastos y cuestiona el decreto que ordenó la reposición de la tasa de justicia y aportes previsionales devengados con anterioridad al pedido.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de apelación en subsidio interpuesto por la actora y se confirmó el decreto del 21/10/2010 que ordenó el pago de las tasas y aportes devengados con anterioridad a la solicitud del beneficio. Se condenó en costas al apelante y se reservaron honorarios para oportuno pronunciamiento.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"III.- Cabe adelantar opinión en el sentido que el decreto apelado debe confirmarse por las consideraciones que a continuación se expondrán.

La tasa de justicia es el precio que retribuye el servicio público de administración de justicia, de uso facultativo del eventual accionante. Su hecho generador está constituido por la presentación ante la justicia, por lo que dicha tasa debe abonarse por el sólo hecho de recurrir ante el órgano jurisdiccional requiriendo su intervención, con prescindencia del resultado y de las ulterioridades del proceso, bastando que la petición sea susceptible de promover la actividad del Poder Judicial. (conf. Villegas, Héctor B., "Cursos de finanzas, derecho financiero y Tributario", Depalma Editores, Buenos Aires, 1994, p. 661).

Contrariamente a lo sostenido por la apelante, el artículo 38 de la Ley Provincial Nº 5636 (hoy artículo 44, Ley Nº 8467) marca claramente y delinea el hecho imponible al disponer que la tasa proporcional de justicia deberá ser abonada “en oportunidad de la introducción de las actuaciones por mesa de entradas de Tribunales".

Pagar el tributo correspondiente es un presupuesto de admisibilidad (de contenido económico), del acto procesal insinuado en el escrito en cuestión, en el caso, el escrito de demanda.

Las oportunidades legalmente establecidas para abonar el timbrado no pueden ser obviadas ni alteradas; y si bien es correcto que el beneficio para litigar sin gastos puede ser solicitado con posterioridad a la demanda y que mientras éste se tramita el interesado podrá actuar como si ya lo hubiese obtenido (arg. art. 260 procesal), lo cierto es que de ello no puede inferirse la modificación de actuaciones que, al momento de la solicitud del beneficio, hubiesen sido ya alcanzadas por la preclusión procesal.

Vale decir, que al contar la accionante con la posibilidad de articular en tiempo oportuno el mentado beneficio de litigar sin gastos, no se encuentran razones para eximirla del pago respectivo en su defecto.

En el caso concreto en estudio, el beneficio fue requerido con posterioridad a la interposición de la demanda por lo que, siendo esto así, y en virtud del principio aludido, el proveído que ordena el pago de los gastos de justicia devengados con anterioridad a dicha solicitud resulta ajustado a derecho (cfr. CSJTuc., sentencia n° 286 del 24/04/2001 in re: Ortiz Carlos Cesar vs. Cervecerias y Malterias Quilmes Sociedad Anonima Industrial y Ganadera s/ daños y perjuicios).

Cabe añadir que tal criterio no atenta contra el derecho de acceso a la justicia, pues son reiterados los pronunciamientos emitidos por nuestro alto tribunal local en el sentido de que la obligación de pagar la tasa de justicia es la contraprestación de un servicio por parte del Estado que se origina en el momento en el que se hace uso de ese servicio, y que como tal –pago de servicio- asegura la posibilidad de ese acceso a la justicia y al procedimiento como vía de arribo.

Las razones antedichas sellan la suerte del presente recurso, que en este acto se rechaza, con costas al apelante en virtud del principio objetivo de la derrota (art.107 CPCyC.)"

¿Cómo votaron los jueces?

El bloque dispositivo final del Tribunal dispone el rechazo del recurso y la confirmación del decreto del 21/10/2010. No consta disidencia expresada en el texto provisto.

Fechas relevantes: decreto impugnado 21/10/2010; recurso interpuesto fs.31/32; providencia del a quo del 11/11/2010; sentencia de Cámara de fecha 28/08/2013.