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Tribunal Superior

GANGA CARLOS MIGUEL Y OTRO c/ INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DE TUCUMAN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS

El abogado Juan José Avellaneda interpuso casación contra la sentencia que reguló sus honorarios por la intervención como tercero en un juicio por daños y perjuicios. La Corte admitió el recurso, casó íntegramente la sentencia de la Cámara por falta de motivación suficiente al apartarse de la ley arancelaria local y remitió la causa para que se dicte un nuevo pronunciamiento.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala Laboral y Contencioso Administrativo (TUCUMAN)
Fuero
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala Laboral y Contencioso Administrativo
Jurisdicción
Local · Tucuman
Expediente
53418
Honorarios profesionales Ley n? 5.480 Ley n? 24.432 art.13 Intereses Base regulatoria Casacion Motivacion insuficiente Remision Contencioso administrativo Ipsst

¿Quién es el actor?

Recurre en casación Juan José Avellaneda, abogado del Hospital Italiano citado como tercero, por derecho propio.

¿A quién se demanda?

Se impugna la Sentencia N° 302 de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo (y en el proceso principal las partes son Ganga Carlos Miguel y Otro vs. Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se cuestiona la regulación de honorarios profesionales determinada por la Cámara, por ser arbitraria y por apartarse sin fundamentación suficiente de las pautas de la Ley N° 5.480 y del artículo 13 de la Ley N° 24.432.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar al recurso de casación, se casó íntegramente la sentencia de la Cámara Nº 302 del 15-6-2017 dejándola sin efecto y se remitió la causa para que la Sala que corresponda dicte un nuevo pronunciamiento; se hicieron pasivas las costas de esta instancia contra los condenados en la instancia previa.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La lectura de los pronunciamientos recurridos da cuenta de que aquéllos no han cumplimentado adecuadamente las exigencias descritas precedentemente.

La lectura de los pronunciamientos recurridos da cuenta de que para la determinación de la base regulatoria, la Cámara sólo consideró el capital reclamado en la demanda $1.500.000 excluyendo expresamente los intereses sin ofrecer fundamentación suficiente.

En ese orden, la invocación del artículo 13 de la Ley N° 24.432 y de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resultan notoriamente insuficientes para justificar el apartamiento de las disposiciones del citado artículo 39 inc. 1 de la Ley N° 5.480 que establece claramente que los intereses integran la base regulatoria. Las referencias de la sentencia a la indeterminación de los rubros indemnizatorios que integran el monto reclamado por los actores en la demanda, como también a la actuación de los demandantes con beneficio de litigar sin gastos no constituyen fundamentos bastantes para la exclusión realizada por la Cámara de los intereses frente a las expresas disposiciones contenidas al respecto por la ley arancelaria local."

"Por lo hasta aquí expuesto corresponde hacer lugar al recurso de casación, planteado por el abogado Juan José Avellaneda, por derecho propio, contra la Sentencia Nº 302 dictada por la Sala IIIª de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo en fecha 15 de junio de 2017 (fs.1492/1493) dejándolo íntegramente sin efecto; conforme a la siguiente doctrina legal: 'Debe descalificarse como acto jurisdiccional válido la sentencia que carece de motivación suficiente' y remitir los actuados al mencionado Tribunal a fin que, por la Sala que corresponda dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo considerado, sin que ello signifique adelantar opinión sobre la regulación de honorarios en cuestión."

También se transcriben las normas citadas que guiaron el razonamiento: "El artículo 39 Ley N° 5.480 establece: 'Se considerará monto del juicio, a los efectos de la regulación de honorarios, habiéndose dictado sentencia o sobrevenido transacción: 1. El capital reclamado en la demanda (…), la actualización - si correspondiente-, sus intereses, gastos, multas y cualquier otro rubro que deba adicionarse'." y "el artículo 13 de la Ley N° 24.432 dispone que 'Los jueces deberán regular honorarios ... sin atender a los montos o porcentuales mínimos establecidos ... cuando la naturaleza, alcance, tiempo, calidad o resultado de la tarea realizada ... indicaren razonablemente que la aplicación estricta ... ocasionaría una evidente e injustificada desproporción ... En tales casos, la resolución que así lo determine deberá indicar, bajo sanción de nulidad, el fundamento explícito y circunstanciado de las razones que justificaren la decisión'".

¿Cómo votaron los jueces?

Los tres vocales (Goane, Sbdar y Posse) adhirieron al fallo; el voto preopinante (Goane) contiene el análisis extenso que fue adherido por las restantes.

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