LEONE CERVERA ANTONIO JUAN c/ BERENGE EMILIO ANTONIO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS

¿Quién es el actor?

LEONE CERVERA ANTONIO JUAN (parte actora).

¿A quién se demanda?

BERENGE EMILIO ANTONIO y otros (parte demandada).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Daños y perjuicios derivados de accidente de tránsito; cuantía reclamada en la demanda y sus rubros (daño emergente, lucro cesante, daño moral, desvalorización del vehículo); regulación de honorarios.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar parcialmente a los recursos de apelación de los letrados apoderados Benjamín Frías Alurralde y Alejandro Federico Biagosch contra la sentencia regulatoria de fecha 04/05/09. Se revocaron los puntos I y II de la sentencia apelada en lo materia de agravios y se regularon honorarios por la labor en la acción principal en $6.170 (al 01/07/13) para el letrado Frías Alurralde y $4.318,30 (al 01/07/13) para el letrado Biagosch. Se confirmó el punto IV° de la sentencia apelada. Se reservaron los honorarios de esta instancia.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La sentencia apelada adopta como base para regular los honorarios en la suma de $17.133,43 que es la de una planilla firme presentada a fs. 496; en dicha presentación, el apoderado de la parte actora señala que se trata del importe de la condena de capital actualizado ($6.056) que surge de la modificación al fallo de primera instancia hecha por este Tribunal a fs. 392 vlta. en ocasión de la apelación por el fondo de la cuestión litigiosa.

Como punto de partida corresponde señalar que, conforme el régimen arancelario provincial (ley 5.480, doctrina y jurisprudencia al respecto) la base regulatoria en un proceso de daños y perjuicios está dada por el monto de lo reclamado; que lo pretendido prospere en todo, parte o nada, da igual, hay un trabajo profesional que se revela no sólo en la admisión de lo peticionado en el juicio, en el caso de progresar la demanda, sino también en el rechazo –total o parcial, lo mismo da- toda vez que la cuantía de ese rechazo es una suma de dinero que el demandado o eventual responsable evita erogar y por ende es un beneficio mensurable de parte del profesional que lo asiste y que amerita una regulación. De allí que, sin mengua del principio de la unidad del proceso, amén de tomar al monto de la demanda como base regulatoria, corresponde también discriminar la porción de lo admitido y la de lo desestimado como rubros de una misma cuenta, y de acuerdo con ello, regular a los profesionales de cada parte según el resultado de su pretensión o su defensa.

Se advierte que los términos de la demanda (fs. 16/19) en lo que hace a la cuantificación de lo peticionado, no son todo lo claros que hubiera sido deseables puesto que el actor, tras enunciar un monto en concepto de daño emergente ($6.570) supedita el resto de los rubros (lucro cesante, daño moral, desvalorización de vehículo) en porcentajes de la suma a fijarse en la sentencia, y no de la pretendida, como si se tratase de montos meramente estimativos, lo que no es del todo exacto –salvo el daño moral-.

Sin perjuicio de lo dicho y tras esta salvedad, a los fines de establecer la base corresponde en este punto admitir el agravio del actor en el sentido que no puede ser tal base el monto de la condena, sino el de la demanda. Asimismo, dado que para ello debemos focalizar los guarismos de dicha pieza procesal (la demanda) y no los de la sentencia, interpretamos que las sumas reclamadas por los distintos conceptos deben entenderse ligadas a lo peticionado por el actor en el escrito de demanda a título de daño emergente; es así que por lucro cesante y privación de vehículo se reclama $1.642,50 (25% de $6.570); por daño moral, $1.642,50 (25%) y por desvalorización del vehículo, $657 (10%) todo lo cual totaliza $10.512 al 17/06/1995 fecha del accidente; a esa suma se aplica el método “de la resta” (fallo “Navarro Lidia Orlanda” de la CSJTuc.) hasta el 06/01/2002: $10.512 x (149,550 – 55,49) (94,05%) = $9.887; $10.512 + $9.887 = $20.399; desde la fecha subsiguiente (07/01/02) al 01/07/13 se aplica el “método del B.C.R.A.” (fallo “Galletini” de la CSJTuc.): $10.512 x (((560,93 + 100 / 149,5757 + 100) – 1) x 100) (164,82%) = $27.838; $20.399 + 27.838 = $48.237.

Cabe consignar que en el memorial del apelante se advierten algunos errores, tales como el monto mismo de la demanda, el que el actor sin detallar bien fija en $10.900 y la fecha de cómputo de los intereses (el actor dice que es 17/06/97, siendo que es 17/06/95). Todo ello lo ha llevado a proponer como base $28.735,15 (al 14/09/2009 aproximadamente –fecha del escrito de agravios-); como consecuencia de ello, este Tribunal no puede ir más allá de los guarismos propuestos por el apelante conforme la regla del art. 717 CPCC., según la cual los agravios darán la medida de las facultades del Tribunal el que no podrá pronunciarse sobre cuestiones no incluidas concretamente en ellos (“tantum apellatum, cuantum devollutum”).

Siendo admisible el criterio propuesto por el apelante en cuanto a que la base regulatoria está dada por el monto de la demanda (y no el de la condena favorable al actor), corresponde adoptarlo con la importante salvedad recién apuntada sobre el cálculo hecho por el letrado apelante; en definitiva se admite el agravio y se toma como base regulatoria la suma de $28.735,15 (al 14/09/2009); al 01/07/2013 es = 28.735,15 x (((560,9337 + 100) / (377,0862 + 100) – 1) x 100 = 38,54% = $11.073,17 = $39.808,17."

"Asimismo, respecto del recurso del letrado Biagosch, entendemos que es admisible su agravio en relación a la forma de regular los emolumentos en atención al progreso o rechazo de la acción, cuando no ha sido íntegra; por consiguiente, en lo que prospera la demanda al actor se regulará como ganador y al demandado como vencido y por lo que es rechazada, a la inversa, al actor como perdedor y al demandado como ganador. A tal efecto, se distinguirá la base en dos términos de una misma ecuación –puesto que el monto es único- según la atribución de responsabilidades de la sentencia definitiva (fs. 389/393), es decir 80% al demandado y 20% al actor, regulándose sobre el 80% al actor como ganador y al demandado como perdedor y sobre el 20% al actor como perdedor y al demandado como ganador (“Honorarios de Abogados y procuradores”, Brito – Cardoso de Jantzon, ed. El Graduado, 1993, Tucumán, p. 207 y ss.).

Por lo que prospera la demanda, $39.808,17 x 80% = $31.846,50; al actor 11% como ganador más 55% por doble carácter = $31.846,50 x 11% = $3.503 + 55% ($1.926) = $5.429; al demandado 6% más 55% por doble carácter = $31.836,50 x 6% = 1910 + 55% ($1.050,50) = $ 2.960,50.

Por lo que se rechaza la demanda, $39.808,17 x 20% = $7.961,60; al actor 6% como perdedor más 55% por doble carácter = $7.961,60 x 6% = $478 + 55% ($263) = $741; al demandado 11% más 55% por doble carácter = $7.961,60 x 11% = $876 + 55% ($481,80) = $1.357,80.

Sumando ambos resultados tenemos: para el actor $5.429 + $741 = $6.170 y para el demandado $2.960,50 + 1.357,80 = $4.318,30.

En definitiva, se admiten también los agravios del demandado en cuanto a la forma de calcular los honorarios y se los fija en las sumas mencionadas."

¿Cómo votaron los jueces?

no se consignan votos en disidencia en el acuerdo final. El bloque dispositivo final (transcripto) es el que define la decisión de la mayoría.