PAEZ ROBERTO RAMON c/ FIDEICOMISO FINANCIERO LMF S.A. s/ HABEAS DATA

¿Quién es el actor?

Páez Roberto Ramón.

¿A quién se demanda?

Fideicomiso Financiero LMF S.A. (administrado por COMAFI Fiduciario Financiero S.A.).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Acción de hábeas data para que se arbitren los medios necesarios a fin de borrar todo antecedente actual e histórico del actor en el B.C.R.A. y en la base Organización VERAZ (derecho al olvido financiero).

¿Qué se resolvió?

Por mayoría se desestimaron los recursos de apelación del demandado, confirmándose los puntos Iº y IIIº de la sentencia apelada (esencialmente la declaración de procedencia de la acción y la condena a borrar los antecedentes históricos y actuales). Se revocó el punto IIº relativo a la imposición de costas en primera instancia, que ahora se imponen por el orden causado; las costas de Alzada se imponen al apelante; y se reservó pronunciamiento sobre honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Recordamos que los agravios del apelante, en lo esencial, apuntan a cuestionar lo que él llama condena retroactiva al disponer la sentencia borrar el registro histórico del actor de sus informaciones, concordando en que actualmente no se encuentra en situación de moroso al haber cancelado su deuda.

Entonces resulta importante tener presente que no se debate en este pleito si el actor debía o no tal o cual suma de dinero a la entidad financiera demandada –ya que ambos están contestes en que nada adeuda-, sino si ésta está obligada o no a arbitrar todos los medios a su alcance para que se suprima todo registro del pasado financiero del actor de las bases de datos que conforman el historial patrimonial de un sujeto (Organización Veraz).

Cabe señalar que estamos frente a lo que se conoce en el régimen jurídico financiero de las personas (ley 25.326) como 'derecho al olvido' consistente en que determinada información de índole patrimonial asentada en bases de datos deba ser eliminada de los archivos por haber transcurrido el tiempo que establece la norma, desde el momento en que acaeció el hecho a que se refiere, para evitar que el individuo quede prisionero de su pasado; se trata de suprimir información histórica que no resulte relevante conservar para analizar la actual situación de solvencia patrimonial de una persona que tiempo atrás pudo revestir la calidad de deudor, o que, aún conservando esa condición, no exhiba una gravedad que comprometa el normal desenvolvimiento de sus relaciones en la vida civil y comercial (Palazzi Pablo 'Informaciones comerciales', ed. Astrea, Bs. As., 2007, pág. 143 y ss.)."

"En el caso de autos, observamos que el actor mantuvo una deuda impaga con la entidad demandada y se encontraba moroso, hasta que la canceló en mayo de 2010; esto es inclusive reconocido por el mismo demandado.

Ahora bien, el art. 26 inc. 4° ley 25.326 establece dos tipos de plazos para el ejercicio del derecho reclamado por el actor: de cinco años si la deuda está impaga o dos años ha sido pagada o de otro modo se encuentra extinguida.

Amén de la cuestión discutida en doctrina y jurisprudencia acerca de cuál sería la fecha de inicio del cómputo de tales plazos –que no está debatida en autos- lo cierto es que el actor inició la presente demanda poco más de un año después de haber pagado su deuda y de la respectiva comunicación al VERAZ; o sea que al momento de demandar su acogimiento al régimen legal del olvido financiero, todavía no había transcurrido el plazo legal mínimo de dos años para los supuestos –como este caso- en donde el deudor salda y extingue su obligación.

Sin embargo resulta obvio que ese plazo se cumplió en el curso del presente amparo y resultaría un exceso de ritualismo incompatible con los propósitos y fines de la norma aplicable al caso interpretar que no se verifica en el caso el presupuesto que la ley exige para admitir la eliminación de los datos de una persona en el sistema de informaciones económicas y financieras; si el actor ha pagado su deuda y honrado su compromiso financiero, es justo que se vea beneficiado con una interpretación favorable a su pretensión tendiente a reinsertarse en el circuito del mercado financiero en premio a la buena fe y lealtad que siempre deben presidir las relaciones civiles y comerciales."

¿Cómo votaron los jueces?

El voto del Dr. Alberto Martín Acosta expone los fundamentos arriba citados y propone la desestimación del recurso; el Dr. Carlos Miguel Ibáñez adhirió en iguales términos. No existe disidencia.