CABULLO EMILIA PAOLA S. TIZON S.R.L. Y OTROS s/ COBRO DE PESOS

¿Quién es el actor?

Emilia Paola Cabullo (actora).

¿A quién se demanda?

Tizón S.R.L. (empresa) y codemandados socios/administradores Pablo Marcelo Buabse y Dora Jacinta Mukdise de Buabse.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

cobro de pesos por créditos laborales y se peticiona extensión de responsabilidad solidaria a socios/administradores (art. 54 y art. 59 Ley de Sociedades Comerciales).

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar al recurso de casación interpuesto por la actora y se casó parcialmente la sentencia de la Cámara del Trabajo Nº 455/2016, dejando sin efecto: I) la admisión de la excepción de falta de acción y absolución del codemandado Pablo Marcelo Buabse en cuanto socio gerente; II) el cálculo del monto condenado cuando se aplicó la tasa pasiva del BCRA (ordenando nueva decisión sobre intereses); IV) la imposición a la actora de las costas por la codemandada Mukdise; y V) remitió las actuaciones a la Cámara para que, con la integración que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento conforme lo considerado. Las costas de esta instancia se imponen conforme al orden causado.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En autos no se demostró en forma acabada que al momento de constituir la sociedad accionada sus socios fundadores tuvieron la intención premeditada de constituir una persona jurídica carente de capital a fin de actuar en forma fraudulenta y eludir sus obligaciones patrimoniales con los eventuales acreedores, habiendo cumplido sus integrantes al momento de su formación con todos los recaudos exigidos de ley, entre esos la integración del capital social necesario para ser considerado una sociedad regularmente constituida, y en consecuencia inscripta como tal en el Registro Público de Comercio de Tucumán, cuyo contrato fue registrado por este organismo conforme resulta de su informe agregado en autos (...).

'De los elementos probatorios producidos en autos, considero que no se probó en forma suficiente y concluyente la infra capitalización originaria de la sociedad demandada a la que alude la actora, parte interesada sobre la cual recaía el deber de acreditar tales afirmaciones (...) sin que sea suficiente al efecto lo atestiguado por María Cecilia Roldan (...), Jenny Violeta Nuñez (...) y Juan Carlos Sotelo (...) cuyas declaraciones fueron ponderadas oportunamente (...). Cabe añadir que no hay pruebas que acrediten que la razón social demandada haya quebrado, ni que haya dejado de estar en actividad, continuando inscripta en el Registro Público de Comercio como una sociedad activa (...), además de continuar funcionando en el domicilio de calle Laprida N° 866, sin registrar bajas en el Tributo Económico Municipal, de acuerdo al informe del Departamento de Actividad Económica de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán (...), sin que sea suficiente el hecho de que no registre bienes inmuebles a su nombre, por cuanto no se comprobó que Tizón SRL sea insolvente desde su génesis, ni que haya cesado en su actividad comercial.

'Tampoco está probado a criterio de este tribunal que los socios codemandados hubieran realizado actos prohibidos por la ley o maniobras fraudulentas de tal entidad que justifiquen el corrimiento del velo societario, correspondiendo considerar que quién tiene que responder por las obligaciones emergentes del contrato de trabajo con el actor es la persona jurídica demandada (Art. 36 LCT), mas no sus socios integrantes.'"

"En el marco fáctico y jurídico expuesto, se observa que la determinación de la configuración, o no, del supuesto de responsabilidad solidaria del representante y administrador de la sociedad, en los términos del artículo 59 de la LS, exigía un adecuado análisis de la plataforma fáctica de la causa, examen que, la Cámara, no efectuó en el pronunciamiento impugnado.

De tal modo, el Tribunal de Grado omitió pronunciarse sobre una cuestión conducente para la solución del litigio y, por ende, infringió el deber de adecuada motivación impuesto por los artículos 30 de la Constitución Provincial, y 264 y 265, inciso 5 del Código Procesal Civil y Comercial, a los que remite el artículo 46 del CPL, comprometiendo el principio de congruencia, de raigambre constitucional (cfr. artículo 18 de la Constitución Nacional). Tal déficit determina la descalificación del pronunciamiento impugnado como acto jurisdiccional válido, en este punto, a la luz de la doctrina de esta Corte en materia de arbitrariedad de sentencia."

"Es por ello que, compartiendo el criterio sustentado por el señor vocal doctor Antonio Gandur... considero que no existe un sistema único, universal y permanente para el cálculo de la tasa de interés judicial. En consecuencia, juzgué correcto dejar sin efecto el estatus de doctrina legal de lo establecido por este Tribunal en el caso 'Gallettini'... En ese marco, y en el examen del presente caso, la recurrente cuestiona la aplicación de la tasa pasiva al crédito reconocido a su parte, lo que fue así resuelto por el A quo... Entiendo que el fallo impugnado debe ser dejado sin efecto en lo relativo al cálculo de los intereses, en tanto se removieron -con posterioridad a su dictado- los motivos que sustentaron su decisión; correspondiendo se dicte una nueva sentencia, teniendo en cuenta la posición última adoptada por esta Corte Suprema."

¿Cómo votaron los jueces?

voto preopinante y motivación principal del Dr. René M. Goane; adhesión y voto propio de la Dra. Claudia B. Sbdar (adhiriendo salvo en punto IV.2 sobre alcance doctrinal de la tasa, pero apoyando la parte resolutiva); adhesiones de los Dres. Gandur y Estofán. El Dr. Daniel O. Posse figura con firma y aclara disidencia parcial (constancias en autos).