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Cámara de Apelaciones

ROMERO JUAN CARLOS c/ E.D.E.T. S.A. s/ COBRO EJECUTIVO

El actor promovió cobro ejecutivo de pesos contra E.D.E.T. S.A. por la ejecución de una multa impuesta por E.P.R.E.T. La Cámara hizo lugar a la apelación, revocó la sentencia de primera instancia y declaró la competencia del Juzgado Civil en Documentos y Locaciones de la IIIª Nominación para continuar el trámite.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CAMARA CIVIL EN DOC. Y LOCACIONES Y FAMILIA Y SUCES. - CONCE - Sala en lo Civil en Documentos y Locaciones (TUCUMAN)
Fuero
CAMARA CIVIL EN DOC. Y LOCACIONES Y FAMILIA Y SUCES. - CONCE - Sala en lo Civil en Documentos y Locaciones
Jurisdicción
Local · Tucuman
Expediente
35821
Revocatoria Cobro ejecutivo Jurisdiccion Multa administrativa Competencia material Ejecutable Juzgado civil en documentos y locaciones E.d.e.t. s.a. E.p.r.e.t. L.o.p.j. art. 71 inc. 3

¿Quién es el actor?

ROMERO JUAN CARLOS (persona física).

¿A quién se demanda?

E.D.E.T. S.A. (empresa distribuidora de energía eléctrica de Tucumán).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cobro ejecutivo de pesos — ejecución de una multa impuesta por E.P.R.E.T., consistente en el pago de una suma determinada de dinero con sus intereses (pretensión de dar sumas de dinero, cantidad fácilmente liquidable).

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar al recurso de apelación del actor, se revocó la sentencia de fecha 28/05/2013 y se dictó sentencia sustitutiva declarando la competencia del Juzgado Civil en Documentos y Locaciones de la IIIª Nominación para continuar con las actuaciones.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Analizando la demanda impetrada (fs. 06/08) se aprecia que al precisar los rubros objeto y petitorio (cfr. art. 278 incs. 3 y 5 procesal), se designa claramente que se inicia cobro ejecutivo de pesos en contra la empresa de distribución de energía eléctrica de Tucumán (Edet. S.A.) a los fines de que se la condene a pagar el importe de la multa impuesta por E.P.R.E.T., que constituye una obligación exigible de dar sumas de dinero fácilmente liquidable, conforme el art. 500 s.s. y c.c. del C.P.C.C."

"Que tales antecedentes, permiten inferir sin dificultad alguna, que la cuestión resulta aprehendida en los supuestos del arts. 71 inc. 3 de la L.O.P.J., por lo que resulta competencia del Juzgado Civil en Documentos y Locaciones que por turno corresponda."

"Es decir que no resulta correcto el criterio de la a-quo al respecto, lo que se advierte si se tiene en cuenta además que la normativa invocada (art. 66 inc. 1 L.O.P.J.) en concordancia con art. 36 Código Procesal Penal, alude a la intervención de los jueces de instrucción en grado de apelación y en última instancia respecto a las resoluciones definitivas de carácter punitorio dictadas por la Provincia, Municipalidades, Tribunales de Falta y la Policía de la Provincia, cuando en el caso en análisis el accionante no cuestiona una resolución sancionatoria que le ha sido impuesta, sino por el contrario pretende su ejecución."

"En razón de lo merituado esta Alzada concluye que no resulta correcta la decisión arribada en la sentencia recurrida, pero por razones diversas a las alegadas por el actor, y tratándose la competencia en sentido material de una cuestión de órden público, corresponde revocar la sentencia recurrida, y dictar la sustitutiva pertinente, declarando la competencia del Juzgado Civil en Documentos y Locaciones de la IIIº Nominación para que continúe entendiendo en las presentes actuaciones."

¿Cómo votaron los jueces?

El dispositivo final del tribunal (firmado por las Dres. Elda Aguilar de Larry y Dr. Roberto R. Santana Alvarado, vocales) acuerda por mayoría la revocación y declaración de competencia, sin votos en disidencia expresados en el texto provisto.

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