LOW TRACK S.R.L. c/ PROVINCIA DE TUCUMAN s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

¿Quién es el actor?

Low Track S.R.L. (cesionaria de Queñoa S.A.)

¿A quién se demanda?

Provincia de Tucumán

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Nulidad de actos administrativos (Resolución N° 197/03 (SO) y Resolución Nº 301/3 (SO)) y reintegro de las sumas deducidas o retenidas por concepto del impuesto sobre los ingresos brutos, con intereses; impugnación subsidiaria de la constitucionalidad del artículo 5 del Decreto Acuerdo Nº 23/3 (SO)-2002.

¿Qué se resolvió?

No hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la Provincia; se confirma la sentencia de la Cámara que hizo lugar a la demanda, declaró la nulidad de los actos administrativos cuestionados y condenó a la demandada a reintegrar las sumas por ingresos brutos. Se imponen las costas a la recurrente; se reserva regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En lo que es materia de recurso, la sentencia en crisis hace lugar a la demanda que Low Track S.R.L. interpusiera en contra de la Provincia de Tucumán, declarando la nulidad de los actos administrativos que allí se indican y condenando a la demandada a reintegrar a la firma actora la totalidad de las sumas que, en concepto del impuesto sobre los ingresos brutos, le fueron deducidas a instancias de los actos invalidados, con más los intereses correspondientes."

"Considera que, desde la óptica de la doctrina de los actos propios y el principio de buena fe contractual, la conducta de la Administración, al variar las condiciones contractuales pactadas, deduciendo las sumas atinentes a ingresos brutos del precio a pagar a la contratista, no se presenta legítima y acarrea consecuencias que deben ser afrontadas por aquélla. A esto se agrega, por así haberlo resuelto esta Corte, las reglas de la teoría del “fait du prince”, que conllevan al reconocimiento a favor del co-contratante, esto es, a la firma Low Track SRL (cesionaria de Queñoa SA), de los montos efectivamente pagados o que le hubiesen sido retenidos por la Administración en concepto de impuesto sobre los Ingresos Brutos, cuya alícuota era del 0% al tiempo de celebrarse el contrato respectivo; por cuanto la vigencia de una alícuota del 0% para el Impuesto a los Ingresos Brutos respecto de la actividad de la construcción aparece como un factor decisivo en la formulación del precio final del contrato de obra pública, pues se trata de un costo no contemplado al diseñar la oferta de contratación al Estado."

"La respuesta negativa a dicho interrogante se impone habida cuenta que la impugnación que la demandada intenta en esta instancia extraordinaria apunta, paradójicamente, contra una decisión de la Cámara que es enteramente consecuente con el criterio que este Tribunal de Casación fijó a partir de la sentencia Nº 506 del 30/7/2013 ... En tal sentido cabe recordar que resulta vano, estéril, todo intento por torcer el consolidado criterio jurisprudencial que impera sobre la cuestión debatida en autos, en la medida que no se aporten nuevas razones y argumentos de convicción serios que refuten o superen a los desarrollados en fundamento de aquél."

¿Cómo votaron los jueces?

Unanimidad de la Sala (Goane, Sbdar y Posse). No se registran votos en disidencia.