TULA JOSE RICARDO c/ CAJA POPULAR DE AHORROS DE TUCUMAN A.R.T. POPULART s/ AMPARO. APELACION ACTUACION MERO TRAMITE

¿Quién es el actor?

José Ricardo Tula, DNI N° 20.889.135.

¿A quién se demanda?

Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán (Populart).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Amparo y cobro de diferencias indemnizatorias por incapacidad laboral — aplicación de las modificaciones introducidas por la Ley 26.773 (y diferencia del 20% del Art. 3 Ley 26.773).

¿Qué se resolvió?

Se admitió el recurso de apelación de la demandada y, en sustitución, se admitió parcialmente la demanda condenando a la Caja a abonar al actor la indemnización por incapacidad prevista en el Art. 14 Ley 24.557, conforme las pautas establecidas (régimen anterior a la Ley 26.773), en el plazo de diez días de ejecutoriada la sentencia; costas por el orden causado; honorarios oportunamente.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En los autos “Bazán Antonio Andrés vs. Caja Popular de Ahorros de Tucumán (Populart) s/ amparo” la CSJT reiteró que “en tanto que el accidente sufrido por el actor acaeció el 14/08/2009, la aplicación al caso de la Ley N° 26.773 resulta claramente improcedente. Ello así por cuanto de conformidad al Art. 17.5 de la Ley N° 26.773, las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de esa ley entraron en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial (26/10/2012) y se aplican a las contingencias previstas en la Ley N° 24.557 y sus modificatorias cuya primera manifestación invalidante se hubiese producido a partir de esa fecha” (sentencia N° 1001 del 26/07/2017).

A la luz de ello y habiendo sido objeto de un nuevo análisis por parte de la CSJT la aplicación sucesiva en el tiempo de la normativa de riesgos del trabajo y la seguridad social, en especial, la aplicación temporal de las modificaciones introducidas por la Ley N° 26.773, considero que habiéndose producido el accidente laboral del trabajador el 02/10/2012, es decir, con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 26.773 (BO 26/10/2012) esta resulta inaplicable al caso particular de autos.

Es oportuno señalar que, con independencia del momento del hecho generador de la incapacidad, sea accidente o enfermedad, corresponde estar a la expresión clínica de la dolencia que motiva la actuación del sistema. En los casos de accidentes ello acontece al momento de la fecha del hecho."

"Por eso, comparto la opinión de la doctrina de los autores que entiende que la condena en la acción de amparo debe consistir en una obligación de hacer, de suspender o de ejecutar un acto porque el fin del amparo es el restablecimiento de un derecho constitucional conculcado y no la reparación del perjuicio económico ocasionado. Para ello tendrían las partes las acciones ordinarias pertinentes. (HAEL Juana Inés – PERAL Juan Carlos, Código Procesal Constitucional de Tucumán. Concordado, comentado y anotado, Bibliotex, 2014, p. 268/273).

En esta línea de pensamiento, se pronunció la Corte Suprema de Justicia en los autos “Villamil Nobile de Álvarez Viviana Beatriz vs. Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (Subsidio de Salud) s/ amparo”, expresando que las pretensiones patrimoniales son ajenas a la mentada garantía constitucional del amparo y que “No resulta ajustada a derecho la sentencia que en el marco de una acción de amparo ... hace lugar a pretensiones de reembolso de sumas de dinero ...” (CSJT, Sentencia n° 753 del 6/9/2009)."

¿Cómo votaron los jueces?

El fallo se compone de los votos del vocal preopinante Raúl M. Díaz Ricci y del vocal Carlos San Juan, quienes comparten el criterio y acuerdan admitir el recurso de apelación y dictar la sustitutiva indicada. No consta disidencia.