JurisprudenciaARG
Tribunal Superior

ROTELLA MARIA DELIA Y OTRA c/ LLOBRIL MARIA LUISA Y OTROS s/ NULIDAD

Demandaron nulidad de instrumento público y la juez de primera instancia ordenó el archivo tras el desistimiento de una coactora y la rebeldía de la otra. La Corte hizo lugar al recurso de casación porque la Cámara confirmó el archivo sin analizar la naturaleza del litisconsorcio activo y la afectación al derecho al debido proceso, y ordenó que se dicte nuevo pronunciamiento.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala Civil y Penal (TUCUMAN)
Fuero
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala Civil y Penal
Jurisdicción
Local · Tucuman
Expediente
53538
Nulidad de instrumento publico Litisconsorcio activo Desistimiento Rebeldia Archivo de autos Debido proceso (art. 18 c.n.) Articulo 192 cpcc Casacion Remision para nuevo pronunciamiento Costas por el orden causado.

¿Quién es el actor?

Rotella María Delia y Rotella María Teresa.

¿A quién se demanda?

Llobril María Luisa y otros; codemandado recurrente en casación: Instituto Salesiano San Francisco Solano.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Nulidad de instrumento público.

¿Qué se resolvió?

La Corte Suprema de Justicia hizo lugar al recurso de casación interpuesto por el Instituto Salesiano San Francisco Solano contra la Sentencia Nº 644 de la Cámara Civil y Comercial Común, Sala II (08/11/2017), revocó esa sentencia y remitió la causa al tribunal de origen para que, con la integración que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento. Se impusieron las costas por el orden causado y se deferió la regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Si bien asiste razón a este último Tribunal en cuanto a la falta de agravio que el archivo de la causa le genera al demandado, no menos cierto es que en las concretas circunstancias existe una alteración grave al sistema procesal vigente en el caso, lo que provoca que el punto debatido asuma caracteres de gravedad institucional, por comprometer el derecho al debido proceso de uno de los actores. Lo que está en juego, sustancialmente, refiere a tópicos que inciden directa y esencialmente en la prestación, ordenada y regular, del servicio de justicia, al encontrarse involucrado en el tema la protección constitucional del art. 18 de la Constitución Nacional que garantiza el derecho de defensa y el debido proceso legal y, asimismo, el régimen procesal aplicable en caso del litisconsorcio activo.

Fue así que so pretexto de la falta de agravio del recurrente, el Tribunal de Cámara omitió analizar la naturaleza del litisconsorcio activo existente en autos y las consecuencias que la actuación de uno de los litisconsortes provoca sobre los otros. Este estudio resultaba indispensable a fin de dirimir si el desistimiento de uno de los actores intervinientes mantenía vigente la legitimación procesal del otro. En otros términos, si esta última legitimación era propia e independiente del otro y si la actitud del primero frente al proceso puede o no perjudicar a los restantes; y de este modo analizar si el proceso puede concluir para algunos, y continuar con los demás.

En nada afectaba a ello el hecho de que el coactor que no desistió haya sido declarado rebelde, pues en esa circunstancia la ley adjetiva resulta precisa en cuanto dispone que no obstante la rebeldía del actor el juicio prosigue, lo cual se infiere del artículo 192, segundo párrafo, que dispone que: 'Declarado rebelde el actor, el demandado será absuelto, siempre que aquel no hubiera comprobado los hechos de su demanda. En caso de duda, la rebeldía declarada y firme constituirá presunción de verdad de los hechos lícitos afirmados por quien obtuvo la declaración', lo cual evidentemente, conlleva a la necesidad del dictado de una sentencia que resuelva el fondo de la cuestión.

Es así que la decisión de la Cámara, en cuanto confirmó el archivo del expediente sin tener en cuenta las circunstancias apuntadas y basando su decisión exclusivamente en la falta de perjuicio –e interés- del demandado, alteró la estructura esencial del proceso, correspondiendo en consecuencia casar la sentencia recurrida conforme a la siguiente doctrina legal: 'No resulta ajustada a derecho la sentencia que convalida la alteración de la estructura esencial del proceso con mengua del derecho al debido proceso de las partes'."

¿Cómo votaron los jueces?

Voto unánime. El Dr. Daniel Oscar Posse fue preopinante y fundamentó; los Dres. Antonio Gandur y Antonio Daniel Estofán adhirieron.

Más jurisprudencia sobre

El resumen se genera automáticamente con fines informativos: no es información oficial ni opinión legal, y no reemplaza la lectura del fallo completo. Para cualquier decisión, consultá la sentencia original con un profesional.

Encontrá la jurisprudencia para tu caso

Buscá en los fallos de JurisprudenciaARG por tema, tribunal y fecha. Creá tu cuenta para empezar.