BELLOMIO SILVIO CESAR c/ HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN s/ NULIDAD/REVOCACION
El actor promovió acción de nulidad/ revocación contra acuerdos del Tribunal de Cuentas que rechazaron su planteo de caducidad de la potestad para iniciar juicio de responsabilidad. La Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo hizo lugar al recurso de casación, casó la sentencia apelada y ordenó remitir las actuaciones para que la Cámara dicte un nuevo pronunciamiento, por entender que los acuerdos impugnados eran actos autónomos susceptibles de control judicial inmediato.
¿Quién es el actor?
CPN Silvio César Bellomio (parte actora).
¿A quién se demanda?
Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tucumán.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Nulidad/revocación de los Acuerdos Nº 370/09 y Nº 1.306/09 del Tribunal de Cuentas que rechazaron su pretensión de caducidad de la facultad del Tribunal de iniciar un juicio de responsabilidad (art. 194 Ley Nº 6.970).
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar al recurso de casación interpuesto por el actor, se casó íntegramente la sentencia Nº 502 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala I de fecha 3-7-2012 y se remitieron las actuaciones a la Cámara para que dicte un nuevo pronunciamiento conforme a la doctrina legal expuesta. Se ordenó devolución del depósito y se impusieron las costas por el orden causado.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Transcripción de párrafos relevantes (texto original del fallo):
“Teniendo en cuenta tales conceptos se puede afirmar que las decisiones previas a la emisión del acto administrativo conclusivo del juicio de responsabilidad iniciado en contra del actor por el HTC, como lo son tanto el que ordena el inicio del proceso (Acuerdo N° 370/09) como el que denegó el planteo de incompetencia deducido por aquel (Acuerdo N° 1.306/09) y que se cuestionan por esta vía; son actos interlocutorios o de mero trámite y por ello no son susceptibles de cuestionarse en la instancia judicial ya que el mentado procedimiento todavía no concluyó. Es decir, al no haberse dictado aún el acto administrativo definitivo o final que decide la cuestión de fondo y que como tal, crea, extingue o modifica situaciones jurídicas, no pueden cuestionarse judicialmente las decisiones que lo preceden. Empero, tal aserto no quiere significar que al emitirse el acto conclusivo en el juicio antes aludido, el afectado no pueda, en su caso, cuestionar tal decisión alegando todos los vicios que considere que dicho acto presenta, incluso el que fuera analizado y denegado mediante los acuerdos que aquí impugna. Por último solo me resta significar que por imperio de lo normado por el artículo 129 in fine de la LAF, es la Corte Suprema local quien goza de la potestad de control judicial frente las decisiones que pongan fin a la competencia del Tribunal de Cuentas. De allí que se presente como un contrasentido requerir la intervención de esta Cámara frente a un acto preparatorio de la decisión final de un proceso que, en definitiva, no se encuentra bajo la órbita de su competencia revisora.” (fs. 139)
“En mi criterio, en el sub lite, el tema relativo a la caducidad de la facultad del Tribunal de Cuentas vinculada a la iniciación de un juicio de responsabilidad se planteó judicialmente en el momento oportuno, es decir, contra los aludidos actos administrativos que específicamente decidieron el punto en forma negativa a los intereses del CPN Bellomio.
Ello así por cuanto el Acuerdo Nº 370, del 17-02-2.009 (y su confirmatoria Nº 1.306, del 28-4-2.009), contrariamente a lo afirmado por la Cámara a fs. 139, a mi juicio, no constituye un acto interlocutorio o de mero trámite, sino una manifestación de voluntad administrativa que puso punto final, de manera definitiva e independiente, a una cuestión absolutamente autónoma (como lo era la pretensión del ahora recurrente de la extinción de la facultad de instar el juicio de responsabilidad respectivo) del tema relativo a la existencia o no de faltas, irregularidades o transgresiones que se imputaron al demandante y de su responsabilidad patrimonial (u otras sanciones) que hipotéticamente pudiera derivarse del acto conclusivo del juicio de responsabilidad promovido por el Tribunal de Cuentas, en ejercicio de su función jurisdiccional.” (voto preopinante)
Doctrina legal en el dispositivo:
“Debe descalificarse como acto jurisdiccional válido la sentencia que resuelve no hacer lugar a la demanda sobre la base del argumento erróneo de que la impugnación judicial, en la especie, debía concentrarse en el acto conclusivo definitivo del juicio de responsabilidad instado por el Tribunal de Cuentas, y no con relación a los actos administrativos que rechazaron la pretensión de caducidad de la facultad del referido Tribunal de dar inicio al aludido juicio de responsabilidad”.
¿Cómo votaron los jueces?
Unanimidad de los tres vocales (Goane -preopinante-, Estofán y Sbdar) en el mismo sentido. No hubo disidencias.
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