COMUNIDAD INDIGENA DE ANFAMA Y OTRO c/ PROVINCIA DE TUCUMAN s/ AMPARO
Los caciques de las Comunidades Indígenas de Anfama y Mala Mala promovieron amparo por la omisión estatal en la prestación del servicio educativo en las escuelas Nº 215 y Nº 324. La Cámara rechazó la excepción de improcedencia de la vía y la objeción de falta de personería de los representantes, admitiendo la vía del amparo general por tratarse de derechos de incidencia colectiva relativos a intereses individuales homogéneos y de un sector vulnerable (menores).
¿Quién es el actor?
Antonio Carrazano y René Ramón Romano en su carácter de caciques y representantes de las Comunidades Indígenas Pueblo Diaguita de Anfama y Diaguita de Mala Mala (amparistas).
¿A quién se demanda?
Provincia de Tucumán.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Amparo por la omisión en la prestación del servicio educativo (falta de dictado de clases) en las escuelas Nº 215 (Anfama) y Nº 324 (Mala Mala), afectando el derecho a la educación de los menores de las comunidades.
¿Qué se resolvió?
Se rechazaron las defensas de la Provincia: 1) pedido de improcedencia e inadmisibilidad de la vía del amparo; 2) excepción de falta de personería/representación de los caciques. Se impusieron costas por el orden causado y se ordenó recaratular como Amparo General; se reservó regulación de honorarios.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"1. Del análisis de esta cuestión se observa que más allá de la denominación del presente proceso como amparo colectivo, el mismo ha tramitado por la vía del artículo 50 y concordantes del CPC, y no por la del artículo 71 y concordantes. Por ello, no resulta atinado el cuestionamiento formulado por la accionada respecto del incumplimiento de las exigencias del artículo 78 del CPC. Es que en la inteligencia de su planteo la Provincia soslaya indebidamente un aspecto fundamental que se presenta en este proceso: que el tipo de acción ejercida en la especie viene dada por una actuación, no de un derecho propio, sino de derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, en tanto aquí no hay una afectación de un bien colectivo -lo que ameritaría dar a este juicio el trámite procesal que pretende la denunciada-, sino que se alega la lesión de derechos individuales enteramente divisibles, afectación que tendría su origen en un hecho único que permite identificar una causa fáctica homogénea."
"2. Ahora bien, con relación a la inadmisibilidad de la vía fundamentada en que en el caso no se exhibe “arbitrariedad o ilegalidad en grado manifiesto que no deje lugar a dudas” (fs. 46, vuelta), este Tribunal ha dicho reiteradas veces que “El amparista debe presentar una situación claramente verificable; exhibir la más acabada prueba acerca de la existencia de su derecho, o bien surgir éste de su propia condición; debe tratarse de una lesión cierta, actual e inminente; las irregularidades que se denuncien deben aparecer visibles al simple examen jurídico, en forma tal que no se preste a discusiones o dudas, debiéndose destacar que lo manifiesto se refiere no a la lesión en sí o al daño que la misma provoca, sino al carácter ilegal o arbitrario del acto u omisión que la genera” (cfr. sentencia Nº 884 del 23/12/2.015 in re “Navarro Zavalía, Patricio José vs. Provincia de Tucumán -D.G.R.- s/amparo”, entre otras). A la luz de los conceptos vertidos, cabe concluir que en la especie sí se verifican los presupuestos necesarios para operativizar la vía expedita intentada."
"Por todo lo expuesto, corresponde rechazar la defensa opuesta por la provincia de Tucumán."
¿Cómo votaron los jueces?
No constan votos en disidencia en el dispositivo final; el acuerdo del Tribunal es el que figura en el bloque resolutorio transcripto.
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