NUEVA BOLSA DE COMERCIO DE TUCUMAN S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE YERBA BUENA s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

¿Quién es el actor?

Nueva Bolsa de Comercio de Tucumán S.A.

¿A quién se demanda?

Municipalidad de Yerba Buena.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cumplimiento de contrato (mutuo oneroso y cesión de crédito fechado 14/12/1999) y declaración de inconstitucionalidad de la Ley Provincial Nº 7.186 por afectar el crédito cedido; se reclamaba la restitución de $474.632 (cuotas 13º, 14º y 15º) y sus intereses.

¿Qué se resolvió?

La Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo hizo lugar al recurso de casación interpuesto por la Municipalidad, casó íntegramente la Sentencia Nº 122 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo (05/03/2012), la dejó sin efecto y remitió los autos al tribunal de grado para que, por la Sala que corresponda, dicte un nuevo pronunciamiento sobre la pretensión de inconstitucionalidad. Costas a la actora.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Ello es así por cuanto al momento de la sanción de la ley en cuestión, la Provincia de Tucumán, en virtud de la Ley Nº 7.132 (BO 11/5/2.001), ya se encontraba adherida a la Ley Nacional Nº 25.344 (BO 21/11/2.000), la cual consagra una consolidación sobre 'obligaciones vencidas o de causa o título posterior al 31 de marzo de 1.991 y anterior al 1° de enero de 2.000' (artículo 13), fija un plazo máximo de dieciséis años para hacer frente al pasivo consolidado que no se fuere de naturaleza previsional (artículo 14), y autoriza a la emisión de títulos públicos para la cancelación de las deudas respectivas (artículo 16). Al igual que lo que ocurría con la Ley Nº 23.982, también aquí se invita a las provincias y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al régimen de consolidación nacional, 'legislando en el ámbito de su competencia sobre las materias incluidas en esta ley' (artículo 24 Ley Nº 25.344).

En la medida que la 'refinanciación' dispuesta por la Ley Nº 7.182 sobre un crédito que -como el de la especie- tiene de título a un contrato de asistencia financiera celebrado en fecha 14 de diciembre 1.999, encuadra en el lapso temporal fijado por el Congreso de la Nación para la consolidación de deudas del Estado Nacional, a la cual la Provincia de Tucumán se encuentra adherida por ley formal, no es posible hablar ya de un exceso en tal sentido por parte de esta última, toda vez que el Estado Provincial, con relación al caso puntual y desde la óptica puramente competencial, no ha hecho más que ejercer una facultad para la cual se encontraba debidamente autorizado por el órgano federal con competencia en la materia involucrada."

"Partiendo de tal premisa y en virtud de las consideraciones hechas ut supra, corresponde hacer lugar al recurso de casación deducido por la parte demandada en contra de la Sentencia Nº 122 dictada por la Sala I de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo en fecha 05 de marzo de 2.012, sobre la base de la siguiente doctrina legal: 'Incurre en arbitrariedad y, por ende, resulta descalificable como acto jurisdiccional válido la sentencia que, violentando lo dispuesto por el artículo 30 de la Constitución Provincial y -sus derivados- artículos 33 y 264 del CPCyC, se encuentra motivada sólo en apariencia, en la medida que las razones explicitadas por el órgano sentenciador carecen del sustento que debieran proporcionarle los elementos de juicio reunidos en el proceso, de cuya valoración surgirá o no, en definitiva, la nota de peculiaridad que, de acuerdo con el criterio jurisprudencial imperante en la materia, autorizaría a declarar para el caso en concreto la inconstitucionalidad de una norma de emergencia económica-financiera'."

¿Cómo votaron los jueces?

Unanimidad (doctores René Mario Goane, Antonio Daniel Estofán y Claudia Beatriz Sbdar).

Observaciones: El tribunal no resolvió sobre la constitucionalidad de la Ley Nº 7.186 en el fondo; la casación se funda en falta de motivación/ arbitrariedad y en consideraciones competenciales por adhesión provincial a la Ley Nacional Nº 25.344. Se remite la causa para que la Cámara emita nuevo pronunciamiento motivado.