BUFFO CARLOS ENRIQUE Y OTTONELLA DE BUFFO MARIA EUGENIA s/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA
Los actores promovieron juicio de prescripción adquisitiva y se apeló la regulación de honorarios profesionales dictada en la sentencia nº 327/2016. La Cámara declaró la nulidad de lo actuado desde la providencia del 21/9/2015 por no haberse observado el procedimiento del art. 39 incs. 3 y 4 de la Ley 5.480 y ordenó devolver las actuaciones a la instancia de origen para que se cumpla dicho trámite y se dicte nueva resolución.
¿Quién es el actor?
Carlos Enrique Buffo y María Eugenia Ottonella de Buffo.
¿A quién se demanda?
Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano y Municipalidad de Monteros (entre otros codemandados).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Juicio de prescripción adquisitiva de dominio sobre inmueble sito en calle Las Piedras y Colón de Monteros (Matrícula 19144-21201; Padrón Catastral 45215-40631).
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar a los recursos de apelación y se declaró la nulidad de todo lo actuado desde la providencia del 21/9/2015 (fs. 786), incluida la sentencia apelada, ordenando que los autos vuelvan a la instancia de origen para que el juez que corresponda cumpla el procedimiento previsto en los incisos 3 y 4 del art. 39 de la Ley 5.480 y dicte nueva sentencia. No se impusieron costas.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Resulta de la compulsa de estas actuaciones que el procedimiento seguido para la determinación de la base regulatoria y sus consecuentes honorarios, exhibe un vicio trascendental que obsta al estudio del recurso y justifica declarar la nulidad de lo actuado a partir de la providencia del 21 de septiembre de 2015 (fs. 786), incluyendo a la sentencia venida en revisión. Es evidente el vicio 'in procedendo' que consiste en no haber concluido el procedimiento de la norma arancelaria, previsto para la determinación de base regulatoria cuando deba estimarse el valor de bienes susceptibles de apreciación pecuniaria. El art. 39 inciso 3 de la Ley 5480 establece que: 'Cuando para la determinación del monto debiera establecerse el valor de bienes y servicios susceptibles de apreciación pecuniaria, el tribunal, de oficio, correrá vista al profesional y al obligado al pago de los honorarios, con transcripción del presente artículo, para que en un plazo de cinco días estimen dichos valores'."
"En base a lo precedentemente expuesto, surge que la base regulatoria considerada por el Sr. Juez a-quo en la sentencia apelada ($192.486,22), no proviene del trámite fijado en los incisos 3 y 4 del art. 39 de la Ley 5480. Por ende, 'al no haberse observado el procedimiento de la ley arancelaria -por omisión o por defecto-, la regulación debe anularse pues se afecta el derecho de defensa en juicio' (Brito-Cardoso de Jantzon, 'Honorarios de Abogados y Procuradores', Edit. El Graduado, Tuc., 1993, p. 236; CCCC, Sala 2, sentencia nº 95, 27/5/09...)."
Bloque dispositivo:
"I.- DECLARAR la nulidad de todo lo actuado a partir de la providencia del 21 de septiembre de 2015 (fs. 786), incluyendo a la sentencia venida en revisión, debiendo volver los autos a la instancia de origen a fin de que proceda a remitir el caso al Juez que corresponda (por haber emitido pronunciamiento), quien deberá dar cumplimiento con el procedimiento establecido por el art. 39 incisos 3 y 4 de la Ley nº 5480, y dictar sentencia.
II.- COSTAS no corresponde su imposición conforme lo considerado (art. 105 inc. 1 y 107 del CPCCT)."
(Votación: unanimidad del tribunal; no constan votos en disidencia)
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