LUCERO ANTONIA HAYDEE c/ REINOSO LUIS ALBERTO Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS

¿Quién es el actor?

Lucero, Antonia Haydee.

¿A quién se demanda?

Reinoso, Luis Alberto y otro.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Pretensión por daños y perjuicios.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar al recurso de apelación en subsidio interpuesto por el demandado y se declaró de oficio la nulidad de los actos posteriores a la suspensión de plazos dictada el 12/3/2018, incluida la sentencia nº 290 de fecha 31/7/2018; asimismo se declaró que no correspondía proceder al desglose del escrito de contestación de fecha 25/10/2017. Costas: sin imposición.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Ahora bien, la facultad del juez de suspender los plazos procesales en curso (art. 124 procesal) una vez ejercida tiene efectos inmediatos, es decir desde el momento mismo de la decisión.

En efecto, ha dicho la CSJT que 'cuando el juez dispone la suspensión del trámite, esa providencia opera efectos inmediatos, sin necesidad de que quede firme. De otro modo se afectaría seriamente la seguridad jurídica y las reglas del debido proceso, incurriéndose en la anarquía, incertidumbre y desorden procesal incontrolable. Si se esperase que quedara firme una providencia que dispone la suspensión del trámite, para que recién se ejecute en sus efectos, prácticamente sería inútil dictarla en la mayoría de los casos, vgr. suspensión de remate, del plazo para contestar un traslado, o del término de prueba, o de un lanzamiento etc., porque bastaría que la contraparte la impugnara para que el plazo se consumiera o el acto que se pretendía suspender se hubiere llevado a cabo, y la parte que en su momento la obtuvo se viera afectada, en la mayor parte de las veces, de un modo irreparable. De nada le valdría que tiempo después quedara firme. La decisión judicial de suspender el trámite de la causa, o de un cuadernillo de pruebas, es de carácter ordenatorio y operante, dictada por el juez en ejercicio de sus facultades de conductor y director del proceso (arts. 30 y 37 CPCC), asegurativa y preventiva de derechos, y tendiente a evitar perjuicios irreparables o de difícil restauración. En este sentido, posee una sustancia similar a las medidas cautelares, las que, despachadas favorablemente, se ejecutan de inmediato, sin depender ni esperar que queden firmes, y su impugnación no es suspensiva. Por cierto que será necesario notificar el decreto de suspensión, y la misma es de carácter personal (art. 154, inc. 6, CPCC), como también lo es respecto de las medidas cautelares (ídem), pero la modalidad de la notificación no se confunde con la ejecución de los efectos de la decisión judicial' (fallo nº 709 del 10/9/1998 en los autos 'Arena, Carlos c/ Andrés Luis Viscido y otros s/ Daños y perjuicios')."

"Asimismo estando suspendidos los plazos desde el 12/3/2018 (fs. 71) no correspondía el desglose realizado por la Actuaria el 21/3/2018, a la vez que corresponde declarar la nulidad de lo actuado con posterioridad a la referida suspensión de los plazos, incluida la sentencia nº 290 de fecha 31/7/2018 (fs. 84/85) que analizó cuestiones vinculadas al trámite del principal cuando el mismo estaba ya suspendido (arts. 165, 166 CPCC), por afectar la estructura esencial del proceso."

Bloque dispositivo final:

"I.- DECLARAR DE OFICIO LA NULIDAD de los actos posteriores a la suspensión de plazos del 12/3/2018 incluida la sentencia nº 290 de fecha 31/7/2018 (fs. 84/85), y asimismo que no correspondía proceder al desglose del escrito del 25/10/2017, conforme a lo considerado.

II.- COSTAS sin imposición."

¿Cómo votaron los jueces?

El fallo lleva las firmas de las tres magistradas/os (Dra. Mirtha I. Ibáñez de Córdoba; Dra. María José Posse; Dr. Mario Rodolfo Leal), resultando el acuerdo del Tribunal plasmado en el dispositivo citado.