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Tribunal Superior

PONCE HUGO GERARDO c/ PROVINCIA DE TUCUMAN s/ NULIDAD/REVOCACION

El actor promovió acción de nulidad contra el Decreto que dispuso su cesantía por la desaparición de un vehículo oficial. La Sala de la Corte confirmó la sentencia de Cámara y rechazó la casación por inexistencia de infracción normativa o arbitrariedad en la valoración probatoria y en las notificaciones administrativas.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Corte (TUCUMAN)
Fuero
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Corte
Jurisdicción
Local · Tucuman
Expediente
A667/14
Cesantia Notificacion administrativa Sumario administrativo Arbitrariedad probatoria Domicilio constituido Decreto 2525/1 Nulidad de acto administrativo Beneficio de litigar sin gastos Carga de la prueba Procedimiento sumarial

¿Quién es el actor?

Hugo Gerardo Ponce.

¿A quién se demanda?

Provincia de Tucumán (Superior Gobierno / Dirección Provincial del Agua).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Nulidad/Revocación del Decreto que dispuso la cesantía por la desaparición de una camioneta oficial (impugnación del acto administrativo sancionatorio y de la validez de las notificaciones y del procedimiento sumarial).

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de casación y quedó firme la sentencia de la Cámara que no hizo lugar a la demanda; se impusieron las costas a la recurrente y se reservó regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Confrontados los agravios de la recurrente con los fundamentos de la sentencia impugnada y las constancias de la causa, se advierte que la crítica no logra demostrar la infracción normativa denunciada, ni la tacha de arbitrariedad que se formula contra el decisorio en crisis.

El tribunal analizó los hechos y las pruebas arrimadas a la causa, para concluir que la demanda de nulidad promovida por Hugo Gerardo Ponce contra el Decreto 731/3 (S.O.) del 31/03/2014 por el que se dispuso la nulidad debe ser rechazada, dando razones que justifican con suficiencia, el criterio adoptado."

"El referido art. 17 del decreto 2525/1 prescribe que 'las notificaciones deberán hacerse por escrito, pudiendo realizarse en el expediente o mediante los siguientes medios: a) cédula diligenciada por el Oficial Notificador del Departamento Investigaciones Administrativas en el lugar de prestación de servicio del agente, en su defecto, en el último domicilio real denunciado por el mismo en su legajo personal o, en el domicilio constituido a tal fin en las actuaciones. Para su diligenciamiento rigen las disposiciones de los Arts. 157 y 158 CPCCT'. La lectura que el actor pretende de esa norma es que hay un orden de prelación de los lugares en los que debe practicarse la notificación de las actuaciones administrativas, basándose solo en la frase 'en su defecto'.

En mi opinión, tal lectura del art. 17 del Decreto 2525/1 es desacertada. De su texto no surge que el orden de notificación (primero en el lugar de trabajo, y luego en el domicilio real o constituido) deba ser observado bajo pena de nulidad. ... Más bien, creo que debe ser interpretado en el sentido de que se establecen varias opciones para la notificación, y que la expresión 'en su defecto' lo único que hace es ofrecer a la administración varias posibilidades para hacer saber las resoluciones."

"La sola lectura del fallo impugnado revela, en las concretas circunstancias de la causa, la inexistencia de tal vicio como para justificar su descalificación como acto jurisdiccional válido. En efecto, la Cámara ha dado razones suficientes para sostener el criterio adoptado, que podrá no ser compartido por el recurrente, pero su mero disenso no autoriza a sostener la arbitrariedad de lo decidido por aquél. Los planteos recursivos no alcanzan a conmover los fundamentos de la sentencia en crisis, circunstancia que veda a esta Corte un nuevo análisis en esta instancia extraordinaria de los agravios hasta aquí analizados."

¿Cómo votaron los jueces?

Unanimidad de los Sres. Vocales Posse, Goane y la Sra. Vocal Sbdar; adhesión expresa de Goane y Posse al voto de Sbdar.

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