SINDICATURA QUIEBRA DE GIMENEZ JOSE ANTONIO c/ SILVIA GRACIELA ESTRADA, SILVIA ROXANA RIVAS JORDAN Y AGRO LAJITAS S.A. s/ ACCION DE NULIDAD

¿Quién es el actor?

Ramón Jorge Velardez, Síndico de la Quiebra de José Antonio Giménez.

¿A quién se demanda?

Silvia Graciela Estrada; Silvia Roxana Rivas Jordán; Agro Lajitas S.A. (subadquirentes/compradores de inmuebles).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Nulidad/ineficacia concursal de las ventas efectuadas por el fallido sobre los inmuebles inscriptos en las Matrículas N° 11-0124 y 11-0195 del Registro de la Propiedad Inmueble de Santiago del Estero, por haberse realizado durante la falencia e incumplir las normas de desapoderamiento.

¿Qué se resolvió?

Se hicieron lugar a los recursos de apelación de los compradores, se revocó la sentencia de primera instancia del 17/08/2010 y se dejó sin efecto la ineficacia concursal declarada; en sustitución se resolvió: “No hacer lugar a la acción de nulidad iniciada por Ramón Jorge Velardez, Síndico de la Quiebra de José Antonio Jiménez, de la venta efectuada por el fallido sobre propiedades ... Matrículas N° 11-0124 y 11-0195 ...”.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Sobre la interpretación de la publicidad registral y la doctrina de la Corte Suprema (texto extraído del voto preopinante citando el casatorio):

“No configura derivación razonada del Derecho vigente, e incurre en arbitrariedad, la sentencia que, de manera acrítica, confunde publicidad registral con conocimiento efectivo, y de la mera posibilidad de conocer un juicio sobre prescripción adquisitiva, concluye en el efectivo conocimiento no solamente de su contenido, sino también en el de otro juicio, mentado en el anterior, pero no en las constancias registrales”... “la sentencia confunde publicidad, con conocimiento, es decir la mera posibilidad de conocer, con el efectivo conocimiento. Pero resulta que, para su configuración, la mala fe exige la concurrencia de este último extremo, y no la mera posibilidad de conocer.”

Sobre la presunción de buena fe del adquirente y su protección normativa:

“La buena fe, principio fundamental del ordenamiento, protege al adquirente a título oneroso. Ante dos normas de igual jerarquía que se contraponen, la interpretación integradora ha de ser la que proteja la buena fe como principio, la conducta esperable del comprador de un inmueble desconocedor del estado falencial del vendedor, frente a la inexistencia de adecuada publicidad de la medida judicial dictada, en los Registros específicamente organizados por el Estado para publicitar las limitaciones a la libre disposición de un inmueble.”

Conclusión valorativa concreta sobre el caso:

“Tampoco el Síndico ha acreditado respecto de los adquirentes y subadquirentes, indicios serios e indubitables de conocimiento del estado de falencia del Sr. José Antonio Giménez y mala fe que desvirtúen la presunción de buena fe del negocio... Concluyo de este modo que, en las constancias de autos, encontramos elementos de juicio relevantes para concluir que no se ve destruida la presunción de ‘buena fe’ del tercer adquirente a título oneroso... En consecuencia, procede hacer lugar a los recursos de apelación ... revocar la misma y dejar sin efecto la ineficacia allí dispuesta.”

¿Cómo votaron los jueces?

Voto del Dr. Augusto Fernando Ávila (preopinante) que expone y fundamenta la revocación y sustitución del fallo; adhesión del Dr. Carlos Miguel Ibáñez. No se registra disidencia. El bloque dispositivo final (acuerdo) confirma la resolución mayoritaria.